La tensión por los coletazos judiciales y políticos que ha tenido el escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados 2020 (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), se siente en los pasillos del edificio Murillo Toro, en el centro de Bogotá, donde funciona esa cartera.
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Aún siguen en sus puestos varios de los 10 funcionarios y contratistas a los que se les pidió dar un paso al costado, después de que se descubrieron las garantías, calificadas como falsas por el Banco Itaú , y el presunto giro irregular del anticipo.
En la sede de Mintic, el Edificio Murillo Toro, permanecen varios funcionarios y contratistas a quienes se les pidió dar un paso al costado.
Mintic
Karen Abudinen, ministra de las TIC.
César Melgarejo. EL TIEMPO
Solo unos mandos medios accedieron a dimitir, a la espera de que se sepa cómo terminaron metiéndoles un ‘gol’ en un contrato por 1,07 billones de pesos.
En medio de citaciones a debates políticos y solicitudes de moción de censura, la ministra Karen Abudinen declaró su caducidad. Además, bloqueó por 5 años a los socios de Centros Poblados del mapa de la contratación estatal, les aplicó una multa por 39.000 millones de pesos y los embargó.
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En respuesta, la UT ya advirtió que entablará millonarias demandas –asesorados por un exmagistrado, un exconsejero de Estado y un exmiembro de la cúpula de la Fiscalía–, bajo el argumento de que invirtió los 70.243 millones de pesos del anticipo.
Además, de que les delegó a terceros la consecución de las garantías en cuestión (ver nota abajo: La defensa de Centros Poblados).
La Fiscalía procedió a recoger evidencia técnica de varios celulares.
Y ya estuvo en el Murillo Toro sacando copias espejo de discos duros y se llevó varios equipos y documentos.
En los interrogatorios a una decena de implicados, han repetido lo mismo que EL TIEMPO ya había revelado.
Por eso, la Fiscalía procedió a recoger evidencia técnica de varios celulares.
Y ya estuvo en el Murillo Toro sacando copias espejo de discos duros y se llevó varios equipos y documentos.
Se busca establecer si hubo omisiones, atajos o decisiones de funcionarios o asesores del Mintic que permitieron que un proyecto estratégico del gobierno Duque esté hoy en la picota pública.
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Por eso, se revisa cómo se movió el contrato por los pasillos del Murillo Toro desde la anterior administración, en cabeza de Sylvia Constaín.
Su equipo arrancó el proceso contractual que busca conectar por 11 años a internet, a miles de colegios rurales.
Hubo aprobaciones de documentos clave en tiempo récord, en horas no hábiles y en fiestas de fin de año.
“Por ahora, las pesquisas se concentran en las conductas de dos exfuncionarios”, señalaron fuentes enteradas.
EL TIEMPO accedió de manera exclusiva a documentos reservados que dejan en evidencia episodios opacos. Por ejemplo, que cada vez que se ordenaba verificar las garantías, se atravesaba algo o alguien.
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Además, que hubo aprobaciones de documentos clave en tiempo récord, en horas no hábiles y en fiestas de fin de año.
En efecto, en un par de correos consta cómo se le dio el visto bueno al llamado ‘Plan de Inversión del Anticipo’, necesario para que la UT accediera a los 70.243 millones de pesos, hoy en el limbo.
Este es uno de los correos que se envío el 31 de diciembre de 2020, para que se aprobara el Plan de Inversión del Anticipo.
EL TIEMPO
El 30 de diciembre de 2020, a las 11:27 de la noche, la Interventoría recibió un correo de Centros Poblados con una primera versión del documento.
Ese mismo día, más temprano,había llegado el acta de cumplimiento de la garantía, firmada por Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual del Mintic. Ahora se verifica si es cierto que ella ordenó que se validara la garantía con el Itaú. Pero no se hizo.
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En correos también consta que el ‘Plan de Inversión del Anticipo’ se le rechazó a la UT de inmediato, porque pensaba usar dineros públicos en ítems que no debía.
Esta es el acta de aprobación de la garantía que, según el banco Itaú es falsa.
EL TIEMPO
Planeaba utilizar unos 5.600 millones de pesos en estudios de campo y diseños que debían salir de su bolsillo. Tras la negativa, al otro día, 31 de diciembre, la UT hizo los ajustes y envió la versión corregida a la 1:30 de la tarde.
Para ese momento La W radio y una veeduría, ya habían prendido las alarmas sobre el pasado y experiencia de socios de la UT.
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Pero, con los requisitos aprobados, el 10 de febrero se autorizó girarle a la fiducia del BBVA el anticipo. Y, al mes siguiente, la UT citó a reunión al ‘comité fiduciario’, para acceder a la plata.
En este documento, el BBVA dice que citó al Banco Itaú al comité de fiducia. El correo al que le escribió es falso, según el Itaú.
EL TIEMPO
Se le pidió al BBVA que citara a las partes para los desembolsos y se hizo presente Camilo Jiménez, supervisor del contrato, designado por Mintic; la firma interventora y la UT. Pero faltó a la reunión el Itaú, el único que sabía que no había emitido las garantías.
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El BBVA asegura que le envió un correo al Itaú invitándolo. Pero EL TIEMPO estableció que el correo que le suministraron al BBVA y que aparece en el contrato de fiducia, es falso, según lo ha certificado el Itaú.
Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros.
Archivo Particular
Ahora, se indaga quién entregó esa información y por qué, cuando el ‘comité evaluador’ pidió aclarar cuál era la vigencia de la garantía de cumplimiento de obligaciones, nadie llamó al Itaú.
Según Centros Poblados, esa corrección se tramitó a través de Rave Agencia de Seguros, cuyo enlace fue Juan José Laverde.
Pero Laverde le dijo a EL TIEMPO y a la Fiscalía que solo sirvió de puente entre la UT y el empresario Jorge Molina García-Mayorga, quien se habría comprometido a tramitar la garantía ante el Itaú.
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Otro trámite bajo la lupa es el visto bueno que SES Colombia S. A. S. le dio a la garantía. La subdirectora de gestión contractual del Mintic, Natalia Cortés, le pidió verificarla, en un correo del 30 de diciembre de 2020, a las 17:38. A los 18 minutos ya tenía la respuesta: “Es importante tener presente que las verificaciones y revisiones se realizaron sobre la base de documentos que se presumen auténticos por lo cual no se requerían verificaciones adicionales”.
De hecho, la supuesta garantía falsa se descubrió por accidente, luego de que el interventor alertó sobre el presunto incumplimiento de las metas (ver recuadro) y el 25 de junio alguien llamó al Itaú.
Efraín González de Nuovo Security LLC.
Archivo Particular
Pero hay otro contrato bajo la lupa, firmado entre Mintic y la Unión Temporal Conexión Caribe, el 27 de diciembre de 2019, revelado por EL TIEMPO.
Tanto en ese contrato, por 25.536 millones de pesos, como en el de Centros Poblados, figura como proveedor Nuovo Security LLC., la famosa firma en Delaware, Estados Unidos.
Efraín González es uno de sus socios y el otro, el bumangués Juan Carlos Cáceres, que a su vez aparece como representante de Conexión Caribe.
González le dijo a EL TIEMPO que su nombre y firma fueron usados en ambos contratos: “Tienen mi pasaporte, visa y han usado la firma que puse en la constitución de Nuovo Security LLC.”.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Y aunque Cáceres lo niega y dice que todo es legal, el Mintic no puede recibir los equipos que Centros Poblados ya instaló y en cuya compra hay sombras.
Así las cosas, a las demandas y tutelas, se le uniría el desmonte de los 840 puntos digitales.
Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados (UT) , y el abogado Jorge Pino.
Mauricio Moreno
Alberto Ospino Soto, juez que admitió y luego rechazó la tutela de Centros Poblados.
Archivo Particular
Además del abogado Jorge Pino Ricci, la Unión Temporal Centros Poblados contrató los servicios y asesorías de un exmagistrado de la Corte Constitucional, de un exconsejero de Estado y hasta de un exmiembro de la cúpula de la Fiscalía para ejercer su defensa.
Con ese equipo no solo busca tumbar, vía tutela, la caducidad. Además, cocina una multimillonaria demanda contra la Nación por los perjuicios que, dice, les va a causar a los socios de Centros Poblados la caducidad del contrato.
Contrataron a una banca de inversión para tasar el monto de las utilidades que dejarán de percibir por la inhabilidad que se les impuso para contratar con el Estado durante 5 años.
Luis Fernando Duque, representante legal de la UT, asegura que es falso que se hayan robado el anticipo. Y dice que tienen cómo demostrar que la plata fue invertida en equipos y que los retrasos en metas de cumplimiento se debieron a la pandemia, al cierre del Canal de Suez y hasta al paro.
Sobre las garantías, calificadas de falsas, la UT es enfática en que es un juez quien debe definirlo. Además, insiste en que la consecución de esos documentos le fue encomendada a Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, y a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga.
Por eso, Duque no duda en señalar que son terceros de buena fe, que pagaron 2.800 millones de pesos por las garantías.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Además, Pino señala que la caducidad no aplica para un contrato atípico como el firmado con Mintic. Por eso, interpusieron una tutela para que se les permita ejercer su defensa –que dicen coartada– y se les respete el debido proceso.
Y si bien Alberto Mario Ospino, juez promiscuo de Puerto Colombia (Atlántico), admitió la acción y congeló los efectos de la caducidad, 24 horas después la rechazó, argumentando falta de competencia. Pero la UT insistirá en impulsarla.
(En contexto: Centros Poblados arremete contra Mintic y sigue adelante con la tutela)
“¡No sigan engañando al país! La caducidad no se debió al incumplimiento de la meta, sino a la inexistencia de la garantía bancaria”, les recordó la ministra Karen Abudinen.
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