Para este miércoles, a las 9 de la mañana, está citada la continuidad de la audiencia de solicitud de caducidad del contrato que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) le adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados.
Esa cartera busca su terminación inmediata, luego de que el Banco Itaú aseguró que las garantías que presentó el contratista son falsas.
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Sin embargo, EL TIEMPO estableció que Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal, solicitará de entrada que la audiencia se aplace, al menos hasta mediados de septiembre próximo.
Según le explicó a este diario, los términos de la acción administrativa iniciada por el Mintic están suspendidos, porque él presentó una incapacidad médica, tras una cirugía en su brazo izquierdo.
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Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados.
Archivo Particular
Sin embargo, Adriana Vivas Robles, asesora de Mintic y delegada para el trámite de la caducidad, podrá decidir si conmina a Pino y a sus clientes a seguir con la audiencia.
“Si eso sucede, procederemos a participar; pero haremos uso de los mecanismos legales por violación al debido proceso”, anticipó Pino en diálogo con EL TIEMPO.
También anticipó cuál será su defensa ante los señalamientos. En su criterio, el ministerio no tiene competencia para expedir la caducidad del contrato.
Pino asegura que ese mecanismo no está previsto en la ley para contratos atípicos, como el de Centros Poblados –que asciende a 1,07 billones de pesos–, así tenga relación con la prestación de un servicio.
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Integrante de Centros Poblados con beneficiaria de Internet
Archivo particular Centros Poblados
“La Unión Temporal es un tercero de buena fe porque pagó por las garantías”, afirma el abogado Pino Ricci.
De hecho, asegura que una cláusula que aparece en el propio contrato establece que, en caso de ausencia de garantías válidas, se le debe dar al contratista 30 días para conseguir una nueva.
Y si bien el Banco Itaú calificó de falsos esos documentos, Pino insiste en que es a un juez a quien le corresponde establecer su autenticidad.
“La Unión Temporal es un tercero de buena fe porque pagó por las garantías”, afirma el abogado Pino Ricci.
Pero, para Mintic hay argumentos jurídicos sólidos para seguir adelante con la caducidad. Incluso, tiene descartada la cesión del contrato, a pesar de que tiene dos ofertas sobre la mesa.
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Ministra de las TIC, Karen Abudinen.
MinTIC
Además de la denuncia ante la Fiscalía por la presunta falsedad, ya se les pidió a autoridades de Estados Unidos que se rastree el dinero del anticipo.
La Contraloría General ya estableció que, el 31 de diciembre de 2020, la interventoría Consorcio PE2020, aprobó el primer desembolso y, en febrero, el segundo giro.
Más de 58.000 millones de pesos fueron a parar a la sociedad extranjera Nuovo Security LLC., basada en Florida, Estados Unidos.
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Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, dice que ellos pagaron por las garantías.
Archivo Particular
El resto del anticipo, 11.941 millones de pesos, terminaron en cuentas de la sociedad Inselsa S. A. S.
La Unión temporal asegura que se trata de proveedores de equipos que serán usados en la ejecución del contrato. Pero la Contraloría ya encontró anomalías en el trámite.
En efecto, en un informe preliminar, el ente de control hizo un primer hallazgo de fondo, tras una mesa de trabajo entre su Delegada para el Sector de las Tecnologías y funcionarios del Mintic.
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Según se pudo establecer, la supervisión del contrato de interventoría habría constatado que la orden de pago No. 001 (el primer giro) había sido avalada sin la totalidad de los soportes necesarios para ello.
Por eso se ordenó realizar la trazabilidad de los giros y establecer la legalidad de la supuesta inversión en equipos.
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El Banco Itaú dice que las garantías son falsas y que también falsificaron correos a nombre de la entidad.
EL TIEMPO
Además, Mintic alista un nuevo proceso en contra de la empresa SES Colombia S. A. S., que fue contratada para verificar pólizas y garantías dentro de los contratos de esa cartera.
EL TIEMPO habló con un vocero de SES y este aseguró que, por cláusulas de confidencialidad, no podía dar declaraciones. Pero dijo que ya le estaba entregando soportes a las autoridades y colaborando en la investigación de la Fiscalía.
Mientras tanto, la caducidad sigue su marcha.
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