En las últimas horas, José Leonidas Narváez, gerente general de la empresa Metro de Bogotá S.A., recibió un documento de la Procuraduría General, en donde el ente de control, hace varias advertencias en torno a los “riesgos” en la gestión contractual por la posible modificación del contrato de obra firmado en 2019.
(Lo invitamos a leer: Metro: los 3 documentos reservados que están sobre el escritorio de Petro)
El documento se conoce en medio del pulso entre la Alcaldía de Bogotá, que contrató un metro elevado y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca que un tramo sea subterráneo.
El Presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López.
Presidencia
La modificación: "se trata de una figura excepcional, que debe atender a razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y fundamentadas y no a objetos nuevos que desnaturalicen el contrato".
El documento de la Procuraduría empieza por recalcar la autonomía de las autoridades territoriales frente al nivel central.
Además, advierte que la modificación de un contrato "se trata de una figura excepcional, que debe atender a razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y fundamentadas y que no puede corresponder a objetos nuevos que desnaturalicen el contrato de concesión
vigente".
"De acuerdo con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional sobre la
autonomía territorial en materia de contratación, dicha autonomía 'se opone,
en principio, a cualquier forma de control de tutela ejercido por autoridades del nivel central, respecto de la administración descentralizada territorialmente'”.
(Le puede interesar: Exclusivo: el testimonio del colombiano con el que salía Valentina Trespalacios)
También se refiere a la cofinanciación por parte del Gobierno. En ese punto anota que "según el Conpes 3900 de 2017 el Gobierno nacional apoya soluciones de movilidad a diferentes escalas territoriales, como una apuesta de productividad que posibilite mejorar la calidad de vida de los colombianos. Este apoyo se materializa en la implementación de sistemas de transporte públicos, definidos en sendos documentos Conpes que establecen los lineamientos y requisitos para acceder a esquemas de cofinanciación para su implementación”.
Modificación de contratos estatales
Pronunciamiento de la Procuraduría sobre el Metro de Bogotá.
Captura de documento
También hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la modificación a los contratos estatales de concesión “De esta forma, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que la modificación de los contratos de concesión, cuando se utiliza en lugar de la implementación de un proceso de selección de contratista para la suscripción de un contrato adicional, siempre que atienda a criterios objetivos y de necesidad del servicio público, se revela como un instrumento idóneo y eficaz que contribuye a la dinamización de
las actividades del Estado y a la prestación oportuna y eficiente de los
servicios públicos”.
Y añade: “En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, ha precisado que la modificación de los contratos a través de la
suscripción de un otrosí, permite a la Administración Pública adoptar las
medidas necesarias para adecuar los contratos estatales a su propósito
teleológico y, por esta vía, garantizar la prestación pronta y oportuna de los
servicios públicos".
(Además: Los desayunos y nexos con un exnarco que hunden a coronel estrella de la Dijín)
Así, dicha Corporación señaló lo siguiente: “Se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado".
Docuemento de las observaciones de la Procuraduría al proyecto del Metro de Bogotá.
Captura de documento
Así las cosas en criterio de la Procuraduría, los contratos de concesión son relaciones jurídicas imperfectas susceptibles de modificación y
perfeccionamiento a lo largo de su ejecución, principalmente, en razón del
interés general, del servicio público, de la economía y de la moralidad
administrativa. También se concluye que la posibilidad de modificar los contratos de concesión de servicios públicos puede materializarse legítima y válidamente, a través de los otrosíes, siempre que estos no alteren
sustancialmente los elementos esenciales del contrato, de manera que lo
desnaturalicen, afectando por esa vía los principios de igualdad, de selección objetiva y de transparencia".
También: Lujos y contratos que tienen bajo la lupa a cabezas de 4 cajas de compensación)
Observaciones y requerimientos
En un docuemento de 20 páginas la Procuraduría expone sus observaciones al proyecto del Metro de Bogotá.
Captura de documento
Tras el análisis jurisprudencial el ente de control le hace al metro 11 observaciones y requerimientos y señala los riesgos en la gestión contractual.
"De acuerdo con los análisis jurisprudenciales y legales realizados líneas atrás,
preocupa al Ministerio Público y se advierte como un claro riesgo en la gestión
pública que las cinco alternativas expuestas de manera preliminar para la
modificación del contrato de concesión objeto de vigilancia, no se adviertan de
forma meridiana cuáles son los criterios de razonabilidad, proporcionalidad,
necesidad y la justificación técnica que se traduzcan en beneficios para la
movilidad de la ciudad. De modo, que no se ha explicado de manera amplia y
suficiente la manera en la que las modificaciones propuestas no alteran de manera
significativa el objeto original del proyecto".
(Lo invitamos a leer: La mafia detrás de las ‘narcovacas’ colombianas que iban en buque a Beirut)
De otra parte, preocupa al Ministerio Público que los escenarios legales y las
alternativas técnicas que fueron propuestas implican mayores costos, sin que a la fecha sea del todo claro la mejora en el servicio público, pues las obras que deben iniciar en los próximos meses se tomarán unos años más en consideración a la
necesidad de realizar nuevos estudios para construir un tramo subterráneo del
proyecto y los trámites administrativos para la aprobación de los recursos adicionales.
Panorámicas de la Caracas con calle 72 donde llegara la primera línea del metro de Bogotá.
MAURICIO MORENO EL TIEMPO
Además, se asegura que "la procuraduría delegada considera que invertir más recursos en un contrato suscrito y sin que a la fecha se haya presentado ninguna eventualidad
que así lo justifique podría acarrear una trasgresión a la moralidad administrativa,
que no es otra cosa que el patrimonio público sea manejado de manera diligente".
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
El documento finaliza diciendo que "se recuerda a las entidades, que la actuación preventiva es el mecanismo que sirve para anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la política pública; la vigilancia preventiva no implica la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades. En esta órbita, la Procuraduría General de la Nación no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de control".
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET
Síganos ahora en Facebook