¿Qué pasó con la indagación al 'reino' de la iglesia de los Piraquive?

En un pequeño local de Bogotá, al que solo concurrían cuatro feligreses, se creó hace 48 años la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI), una congregación que dice contar con más de 1.000 lugares de congregación en varios países, incluido China, en donde la mayoría de habitantes son ateos.

Los feligreses de la IDMJI siguen a su líder mundial María Luisa Piraquive y, muchos de ellos, al movimiento político colombiano que ella impulsa junto con su familia: el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA).

En las elecciones a Congreso de 2018, obtuvieron un nuevo triunfo: 500 mil votos al Senado y 584 mil en Cámara, logrando elegir 3 senadores y una representante por Bogotá. Además, se adhirieron a la candidatura del hoy presidente Iván Duque.

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El resultado de la alianza política se materializó una semana después de la posesión presidencial, cuando Duque designó como viceministro de relaciones laborales a Carlos Baena, un ex senador, ex director del partido y miembro de la iglesia.

En mayo de 2019, el gobierno Duque nombró a Alexandra Moreno Piraquive, ex congresista, fundadora del partido e hija de la líder de la iglesia, ministra plenipotenciaria en Nueva York.

Paralelo a su prosperidad espiritual y política, los Piraquive enfrentan, desde hace más de una década, denuncias por supuestas irregularidades que incluyen un presunto lavado de activos ligado con el narcotráfico.

Una investigación periodística transfronteriza de EL TIEMPO y otros 11 medios de América Latina coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), indagó qué ha pasado con ese caso y realizó varios hallazgos.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia arrancó una primera investigación en marzo de 2006, tomándole declaración a Óscar Jair Bedoya Piraquive, sobrino de María Luisa Piraquive.

Además, ordenó la revisión de los estados financieros de la líder de la Iglesia y de la propia institución, que para 2003 tenía un patrimonio bruto de 11.695 millones de pesos (unos 4.06 millones de dólares de la época), la mitad en activos fijos.

Pero el expediente se archivó el 10 de noviembre de 2011, después de algunas diligencias adicionales y de escuchar a la propia María Luisa Piraquive, quien negó tajantemente todos los señalamientos y los atribuyó a retaliaciones de personas que habían sido retiradas de su congregación.

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La Fiscalía cerró la pesquisa argumentando que la indagación de inteligencia de la Policía colombiana, “no determinó, con grado de certeza, la existencia de prueba directa o indirecta que permitiera señalar que María Luisa Piraquive y su esposo fallecido Luis Eduardo Moreno, hubieran incurrido en las conductas insinuadas: lavado de activos o testaferrato”.

Sin embargo, ya hacía trámite una nueva investigación preliminar, abierta por la Fiscalía 2 especializada, adscrita a la Unidad de Lavado de Activos (ULA) en enero de 2010.

Según lo pudo establecer esta colaboración periodística transfronteriza de EL TIEMPO y otros 11 medios de América Latina coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el origen de la investigación fue una transacción inmobiliaria sospechosa.

En un informe de enero de 2010, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) señala que hay “ciertas irregularidades que a juicio del sistema financiero presentó el MIRA con ocasión de la constitución de un CDT (Certificado de Depósito a Término) por valor de 180’000.000 (unos 94,000 dólares estadounidenses de 2010), señalando como origen de dicho dinero la venta de un inmueble”. El organismo antilavado del país vincula esa transacción a la Iglesia IDMJI dado que ésta había recibido en comodato, un préstamo de uso, la edificación que servía de sede al movimiento político.

No hay mayores detalles sobre el negocio, porque la Fiscalía mantiene el caso bajo reserva, con el argumento de que es una indagación preliminar. Sin embargo, esta alianza periodística estableció que la nueva alerta llevó a esa entidad a inspeccionar el expediente que se había archivado en 2011 y a llevarse parte del material recaudado entonces.

Según el expediente, el viernes 27 de febrero de 2015, los fiscales especializados en lavado de activos volvieron a entrevistar a uno de los principales denunciantes: Óscar Jair Bedoya Piraquive. De nuevo, indagaron por el supuesto manejo irregular de diezmos y su supuesto uso para el blanqueo de capitales opacos.

Bedoya Piraquive reiteró sus denuncias y señaló que compraban dólares de forma legal en un banco y luego usaban los recibos de esa transacción para respaldar el ingreso de otras sumas de dinero extranjero.

Mientras las pesquisas avanzaban, la exsenadora Alexandra Moreno Piraquive, hoy ministra plenipotenciaria en Nueva York, acusó a la Policía de estar interceptando ilegalmente sus comunicaciones. En carta al entonces presidente Juan Manuel Santos, fechada en diciembre de 2015, le solicitó que se investigara supuestos seguimientos ilegales realizados por la Policía a ella y a miembros del MIRA, según ella, por no haber apoyado en el Congreso el ascenso de un alto oficial y por cuestionar el de otro más.

Sin embargo, la investigación prosiguió.

Priscila Angulo, ex miembro de la iglesia fue visitada por tres miembros de la Fiscalía, a mediados de 2014, quienes le hicieron una entrevista sobre la información que tenía sobre un supuesto incremento patrimonial irregular de la iglesia. Dos años después, el 17 de abril de 2016, volvió a ser citada y coincidió con la denuncia de los dólares de los que habló Óscar Jair Bedoya Piraquive.

Angulo calificó de anormal el incremento patrimonial de los líderes de la iglesia y de miembros de la familia. Y aseguró que se había enterado de que, por la frontera entre Colombia y Ecuador, ingresaban dólares en efectivo.

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La abogada se refirió también a la captura, en 2010, de Germán Miguel Salgado Arroyo en República Dominicana después de que lo vincularan con un narco-vuelo. Aseguró que para ese momento estaba ligado a la IDMJI y que su esposa, una colombiana residente en ese país, era “profetizadora” de la iglesia. Salgado volvió a ser capturado en 2018 y fue solicitado en extradición por una corte en Estados Unidos donde lo acusaron de cinco cargos, incluidos narcotráfico y lavado.

El 24 de noviembre de 2016, un investigador y Carlos Alberto Camargo Castro, el fiscal 9 especializado, encargado del caso, viajaron a Estados Unidos a entrevistar a otra ex miembro de la iglesia, mencionada por Priscila Angulo. Así lo confirmó la propia Fiscalía.

Se trata de Doris Bohórquez, quien asegura que su testimonio llevó a los investigadores a pedir el apoyo judicial de al menos una agencia federal de ese país con los que ella ya tenía contacto.

Bohórquez declaró en ese momento que, a pesar de que María Luisa Piraquive le había solicitado al Departamento del Tesoro estadounidense, el 19 de agosto de 1998, la exención de impuestos por no tener ánimo de lucro y no recibir remuneración alguna, tenía lujosas propiedades en ese país.

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Además, asegura que aportó un listado en el que incluyó una casa a nombre de María Luisa Piraquive, en Weston, Florida, Estados Unidos, tasada en 1.8 millones de dólares. Según comprobó esta alianza de medios, se trata de una casa de más de cuatro mil metros cuadrados y siete cuartos, con vista a un lago. Los Piraquive están además ligados a tres propiedades más en los condados de Boward y Dade.

Bohórquez tambien señala que  agentes del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) empezaron a revisar el tema.

En Colombia, mientras tanto, de nuevo, se ordenó un estudio de bienes de la líder de la IDMJI y de su entorno, así como de los flujos de dineros hacia un entramado de empresas ligadas a la familia.

Entre los bienes asociados a los Piraquive están Creaciones Cedival Ltda., dedicada a la comercialización de ropa femenina y masculina (cancelada en 2005); Mercadeo Internacional de Reactivación y Apertura MIRA EU; Librería y Papelería Futuro Ltda, (activa); Libertadora de Seguridad Ltda. (cancelada en 2010); Libertadora de Seguridad Servicios Integrales Ltda. (cancelada en 2010); Fundación Internacional María Luisa de Moreno; Asociación de Usuarios de la Fundación Médica Tu Salud y Editorial el Arte de Escribir Ltda. (activa), entre otras.

En todas hay miembros de la familia Piraquive entre sus directivos y, según peritos de la Fiscalía, aparecen donándose o girándose dineros entre sí. Se verifica si fueron correctamente declaradas ante la DIAN, el servicio de impuestos nacional.

Cuando la investigación empezó a avanzar, Doris Bohórquez y Priscila Angulo aseguran que fueron denunciadas por los abogados de María Luisa Piraquive y, según dicen ellas, éstos desataron un “acoso judicial” en su contra, que coincidía con una supuesta dilación de la investigación.

¿Qué pasa con este proceso? ¿Por qué una de las denunciantes sigue bajo investigación si no hay aún una decisión de fondo dentro de las investigaciones?

El 16 de enero de 2020 se buscó un pronunciamiento oficial de la Fiscalía y voceros autorizados de la entidad aceptaron hablar del caso. Confirmaron que sigue abierto y que es una prioridad para la Unidad de Lavado de Activos, siendo su objetivo definir si hay o no elementos para abrir una investigación formal e imputar cargos.

Cuando se les preguntó cómo se explicaba que el expediente cumpliera una década desde que se abrió el segundo proceso, sin resultados concretos, informaron que parte de la dilación se debía a que este ha pasado por las manos de al menos cinco fiscales, uno de los cuales sufrió un infarto y los otros han sido promovidos a otros cargos.

Además, aseguraron que probar esta clase de conductas es muy complejo y que por ahora no han hallado nexo con el narcotráfico en los estudios de bienes y movimientos financieros que habían realizado.

Dos días después de la reunión con los reporteros, los investigadores se comunicaron de nuevo con Priscila Angulo y Doris Bohórquez para volver a escuchar sus declaraciones y revisar la documentación aportada. Así lo confirmaron Angulo y Bohórquez en entrevistas con miembros de este consorcio de medios.

A pesar del corte preliminar de cuentas de la Fiscalía, esta alianza investigativa se dio a la tarea de revisar los bienes en Colombia de la líder de la iglesia María Luisa Piraquive.

En dos oficinas de registro de Bogotá negaron el acceso a la información, aduciendo cambio de políticas, pero se obtuvo la información en notarías y bases de datos.

El primer hallazgo es que, desde que se inició la investigación en la Fiscalía hasta hoy, Piraquive ha vendido o donado la mayoría de sus propiedades en Colombia: solo le aparecen 3 de las 18 que tenía a su nombre.

Además, esta alianza de medios encontró una transacción, que data del 6 de octubre de 1987 en la que aparece un señalado narcotraficante peruano.

Ese martes hace 43 años se presentaron a la notaría 15 de Bogotá, María Luisa Piraquive y un hombre que se identificó como Luis Molqui Cárdenas Guzmán, que firmó la escritura con la cédula de extranjería 152.630 de Bogotá.

Piraquive le pagó 1 millón 600 mil pesos de la época (equivalente a 6 mil dólares estadounidenses del momento) por una casa-lote de 585 varas cuadradas (408 m2) en el lujoso barrio Santa Bárbara, al norte de Bogotá.

Nueve años después, el 2 de diciembre de 1996, Piraquive le vendió el bien a Édgar Hernán Obando Castellanos, por 75’500.000 pesos colombianos (unos 73 mil dólares de la época).

Pero el predio terminó en manos de la IDMJI, que el 30 de junio de 2005 lo adquirió por 300’000.000 de pesos colombianos (casi 130 mil dólares del momento).

Fuentes oficiales colombianas confirmaron que la cédula de extranjería que aparece en la escritura corresponde a la otorgada al ciudadano peruano Luis Molqui Cárdenas Guzmán, nacido el 28 de diciembre de 1951 en Iquitos.

En registros públicos de Perú figura Luis Cárdenas Guzmán, nació en Iquitos, el 28 de diciembre de 1951. Es hijo de Guillermo Cárdenas Dávila, alias ‘Mosca Loca’, un narcotraficante conocido de los años 70 y 80 en el Perú.

El expediente policial de Perú Nº 86-DINTID, de marzo 5 de 1976, señala que agentes antidrogas arrestaron a Cárdenas Dávila, junto con su hijo Luis (en ese momento de 24 años) y otras personas, en el departamento de Huánuco. Ese día se desmanteló un laboratorio de coca, se incautaron 94 kilos de pasta básica de cocaína, 132 mil dólares y 30 mil soles.

Molqui Cárdenas, también tiene un récord judicial en Colombia. El 16 de enero de 1977, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el F-2 (un servicio policial de inteligencia colombiano ya extinto) desmantelaron un laboratorio de procesamiento de cocaína en una hacienda en el departamento de Cundinamarca llamada ‘Casa Vieja’, cuya dueña era la narcotraficante colombiana Verónica Rivera de Vargas, conocida como la ‘reina de la coca’.

Durante el operativo fue detenido Luis Molqui Cárdenas Guzmán, cuyo rostro salió publicado en los principales periódicos colombianos.

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Documentos oficiales de Perú indican que estuvo en cárcel preventiva en el penal de Aucallama, en Huaral en 2001, mientras avanzaba una investigación judicial con número de expediente 698-2001. Esta alianza de medios lo buscó en su camaronera y le dejó mensaje en varios lugares, pero no se recibió respuesta.

Este equipo de investigación también estableció un patrón repetitivo en la compra y venta de bienes de la líder de la iglesia, por el que propiedades circulan entre María Luisa Piraquive, su familia, empresas asociadas a ésta, la iglesia IDMJI o miembros del partido MIRA.

De los 18 bienes que han pasado por las manos de Piraquive, ella solo conserva dos: uno en Sáchica (Boyacá) y otro en el norte de Bogotá. Diez de las propiedades terminaron en manos de la iglesia. Siete fueron vendidos directamente por ella a IDMJI, dos fueron vendidos por ella y sus hijos, y una última propiedad pasó por manos de un tercero antes de ser propiedad de la iglesia.

Otras dos propiedades fueron donadas a tres nietos, hijos de Alexandra Moreno Piraquive y de su esposo, Édgar Wills Ariza, y luego fueron revendidos a la empresa familiar Industrias Wills SAS. Una de las propiedades es un local dúplex en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara, que fue donado el 5 de diciembre de 2016 con un valor de 561 millones de pesos colombianos (unos 185 mil dólares del momento) y que dos años después Industrias Wills SAS compró en 687 millones de pesos (aproximadamente 232 mil dólares del momento).

La empresa de los Wills Moreno también se quedó con un apartamento en Bogotá comprado por María Luisa Piraquive, aplicando el mismo mecanismo: primero se los donó a los menores (sin un valor estipulado) y luego ellos lo vendieron a la firma.

Hay un tercer caso en el que entra directamente a jugar la IDMJI en el negocio.

En diciembre de 1998, Josefa Camacho Calderón, miembro de la congregación, le vendió una casa de 234 metros cuadrados en Bogotá a su iglesia por 250 millones de pesos colombianos (unos 175 mil dólares de ese momento).

Cuatro años después el 23 de enero de 2002, la Iglesia se la vendió a Alexandra Moreno y a su esposo Édgar Wills, por 216’000.000 pesos colombianos (unos 96 mil dólares), 34 millones de pesos (equivalentes a 79 mil dólares) por debajo del precio por el que lo había adquirido.

Posteriormente el predio fue dividido y, en 2011, una parte fue vendida por 690 millones de pesos (373 mil dólares aproximadamente en ese momento) a una constructora.

Pero Josefa Camacho no es la única feligrés que aparece transando bienes con María Luisa Piraquive y con su iglesia y sus descendientes.

El 3 de agosto de 2004, la líder religiosa adquirió otro local en el mismo centro comercial Hacienda Santa Bárbara por 25’000.000 de pesos (aproximadamente 9600 dólares del momento). Esta vez aparece como vendedora la firma Corredor Álvarez y CIA, de la que es socia Claudia Isabel Corredor Álvarez, quien años después, en 2016, fue candidata en las elecciones locales de Santa Marta por el partido MIRA.

El local pasó a manos de la iglesia el 10 de julio de 2006, por 80’000.000 pesos colombianos (31,600 dólares del momento).

El 17 de febrero de 2020, un mes después de la reunión de los reporteros y la Fiscalía, la nueva fiscal asignada al caso, Maritza Chavarro Anturi, estaba planeando un desplazamiento a Estados Unidos para escuchar de nuevo a Doris Bohórquez. De hecho, el 6 de febrero pasado, ya había estado en Santander, escuchando a Priscila Angulo.

Pero el expediente volvió a ser reasignado luego de que la Fiscal Chavarro fue notificada de su traslado a Pereira como directora seccional en Risaralda. Por ahora, lo único que están prosperando son las denuncias contra al menos dos de las personas que han declarado contra de la iglesia.

El último contacto que una de ellas tuvo con la Fiscalía fue un correo en el que la fiscal Chavarro decía: “De manera atenta, dejo a consideración la posibilidad de darme la espera de escalar con mis inmediatos superiores la posibilidad de ir a EEUU para entrevistarme con Ud y escucharla conforme lo ha manifestado en su comunicación inicial. Es de interés para la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de esta Delegada, adelantar los actos de investigación a que haya lugar en procura del avance de las investigaciones (…) Lo anterior, a fin de que estime esta reunión antes de ventilar en medios de comunicación cualquier información que eventualmente redunde negativamente en el desarrollo de la actuación”.

A través de sus abogados, este consorcio de medios le envió a María Luisa Piraquive una carta sobre los hallazgos de la investigación periodística, las declaraciones de las exfeligreses y la postura de la Fiscalía. Pero hizo saber que no se pronunciarán al respecto. Aunque advirtieron que la Iglesia, respetuosa de la libertad de expresión, hará uso posterior del derecho que le asiste a solicitar las aclaraciones y/o rectificaciones que considere pertinentes y continuará ejerciendo su derecho a la defensa ante los estrados judiciales.

En todo caso, sus abogados han insitido en que son víctimas de una persecución y que personas vienen ejecutando actos de venganza en contra de la familia Moreno Piraquive. 

*Esta investigación fue realizada en conjunto por Columbia Journalism Investigation, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística,  EL TIEMPO (Colombia), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Nómada (Guatemala), Canal 13 Noticias (Costa Rica), IDL-Reporteros (Perú), Infobae (Argentina), Agencia Publica (Brasil), Folha Sao Pablo (Brasil), La Diaria (Uruguay) y OCCRP (Europa), con el apoyo de la Seattle International Foundation.
*Con reportería en Perú de Romina Mella de IDL-Reporteros (Perú)