Magistrados procesados por corrupción ahora acusan a fiscal del caso

Magistrados procesados por corrupción ahora acusan a fiscal del caso

Para este viernes está citada audiencia para definir situación de Alcibíades Vargas y Joel Trejos.

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Los magistrados Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos, del Tribunal Superior de Villavicencio, tienen dos procesos en curso.

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Carlos Ortega y Óscar Bernal / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
08 de noviembre 2019 , 10:51 p.m.

Los magistrados Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, pasaron a la ofensiva dentro de las investigaciones que se les siguen.

Para este viernes está prevista la audiencia en la que se definirá su situación jurídica
dentro de la investigación que se les sigue por haberles aprobado, supuestamente de manera irregular, beneficios judiciales al menos a 16 personas condenadas hasta por homicidio. 

Pero, a la vez, los togados le aseguraron a EL TIEMPO que interpusieron una denuncia penal contra la fiscal que lidera la investigación en su contra.

Según documentos que allegaron a este diario, el 20 de septiembre, interpusieron denuncia contra Sandra Ramírez.

Ramírez los acusó el pasado jueves de manera formal de otorgar irregularmente beneficios judiciales a delincuentes, incluso algunos ya condenados por homicidio y narcotráfico, por encima de la ley y de fallos de primera instancia que se los negaban.

De hecho, fuentes de la Fiscalía aseguraron que se solicitó que se les dicte medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por presunto prevaricato por acción.

Sin embargo, la defensa de los togados pidió revisar las pruebas y para este viernes y sábado está prevista la audiencia para saber si se acoge o no la solicitud de la Fiscalía.

La defensa

Al respecto, Vargas dice que la funcionaria supuestamente ha actuado de forma “grosera e irregular” dentro de su proceso.

Y agrega: “Las decisiones que son cuestionadas por la Fiscalía, por medio de formulación de imputación, fueron tomadas acorde a la Constitución, a la ley y a posturas así, como criterios jurisprudenciales de altas cortes”.

Además, advierten que, desde su perspectiva, el hecho de que la postura jurídica de la Fiscalía sea distinta a la de las decisiones judiciales censuradas no implica que las mismas sean o se vuelvan ilícitas.

“El tema de fondo se resuelve en juicio, los criterios jurídicos sustentados en debida y correcta forma no configuran per se el delito de prevaricato por acción por el cual estamos siendo investigados e incluso procesados”, precisan.

En el escrito se asegura que en este caso la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento preventiva, consistente en detención intramural. 

El caso está en manos del magistrado Ramiro Riaño Riaño, de la Sala de Juzgamiento de la Corte, quien debe definirles su situación jurídica en cuestión de días.

El otro caso

Vargas y Trejos son los mismos togados que, en 2017, fueron señalados de supuestamente pertenecer a una estructura que recibió al menos 3.000 millones de pesos en dádivas de todo tipo para favorecer a delincuentes.

Se los acusó de recibir pagos, algunos entregados en balnearios que incluían gastos de licores y la compañía de prostitutas.

Aunque la Fiscalía recopiló 1.500 evidencias y hay tres jueces condenados, ya ha pasado un año sin que la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia reinicie el juicio por la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concierto para delinquir.

En este caso también se declaran inocentes y han señalado que no se trata de un acto de corrupción y que varios preacuerdos que se han producido “no fueron avalados por el Tribunal de Bogotá, por cuanto la Fiscalía no entregó las pruebas que permitieran razonablemente inferir su existencia”.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET

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