En enero, a los pocos días de tomar posesión como comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro hizo pública su intención de colaborar con la investigación judicial que derivó en el allanamiento del Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá y por el cual se obtuvo evidencia de un posible uso irregular de la inteligencia castrense.
Fue en ese contexto en que se dio un encuentro con la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana –quien expidió la orden para el allanamiento– y el Comandante del Ejército.
EL TIEMPO buscó a la Magistrada para corroborar estos hechos y, si bien se abstuvo de entregar detalles, Lombana admitió la reunión con el general Zapateiro, que se dio a principios de este año en Bogotá.
“Yo no investigo a militares y solo me pronuncio a través de decisiones judiciales en mi calidad de juez de la República. En enero sí hubo una reunión con el general Zapateiro, recién él llegó a su cargo, y porque ofreció su disposición total, en el marco de la colaboración entre instituciones que estipula la Ley 600”, les dijo la togada a reporteros de este diario.
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A lo que se refiere la magistrada Lombana es que los oficiales con fuero, como coroneles y generales, son investigados por la Fiscalía delegada ante la Corte y procesados por la Sala de Especial de Juzgamiento, y no por la Sala de Instrucción de Primera Instancia a la que ella pertenece.
En todo caso, sí fue su despacho el que libró la orden de allanamiento al batallón de Faca dentro de un expediente que tiene por la supuesta relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe y el condenado hacker Andrés Sepúlveda y el escándalo de Andrómeda.
La defensa del exmandatario ha insistido en que su cliente no tiene relación alguna con los hechos que motivaron el caso y que, como está abierto desde 2015 y ya se han dado todas las explicaciones solicitadas, en tres ocasiones se ha pedido el inhibitorio de ese proceso.
Sin embargo, un experto procesalista le dijo a EL TIEMPO que las reuniones protocolarias son con las cabezas de las entidades y la magistrada Lombana no lo es.
"El señor general Zapateiro se tuvo que reunir con el presidente de la Corte o en su defecto con el de la Sala de Instrucción. Acá se podría alegar extralimitación de funciones o incluso abuso de autoridad", explicó.
Además, recordó que según el artículo 6 de la Constitución, los funcionarios públicos como Lombana solo pueden hacer lo que se les está permitido y eso no contempla las reuniones con cabezas de entidades que hacen parte de sus investigaciones.
Además, recordó que ella fue militar y pertenece a la reserva.
Sobre la evidencia recaudada durante el allanamiento EL TIEMPO reveló este domingo que se encontraron carpetas de perfilamientos y posibles seguimientos a políticos, exmilitares y periodistas nacionales y extranjeros.
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Además, como lo reveló EL TIEMPO, hay otro paquete de información que corresponde a temas de seguridad nacional y que incluso habrían sido escalados hasta la Presidencia por parte de miembros del Ejército. Estos aparecen en las carpetas denominadas ‘Rosa’, ‘Lirio’ y ‘Dalia’.
Por ahora, la Fiscalía ya tiene copia de las evidencia hallada en la diligencia en el Batallón de Cibertinligencia y, al igual que la Corte y la Procuraduría, está en la fase de análisis de la información para tomar decisiones de fondo dentro de un escándalo que ya les costó la cabeza a 12 altos oficiales del Ejército y tiene dando explicaciones a varios más.
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