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Los generales en la mira de la Fiscalía por escándalos en el Ejército
Brigadier General Gonzalo Ernesto García Luna

El brigadier General Gonzalo Ernesto García Luna pidió la baja la primera semana de mayo. Uno de sus subalternos lo enreda con los perfilamientos ilegales.

Foto:

Archivo particular

Los generales en la mira de la Fiscalía por escándalos en el Ejército

Testigo salpica a García; congelan casas de Romero y Jorge Jerez, en foto con Ñeñe’, se va de URT.

El brigadier General Gonzalo Ernesto García Luna era uno de los oficiales que contaba con mayor estima entre los dos bandos en los que está dividido el Ejército.

Con 32 condecoraciones en el pecho, era considerado un gran oficial y dicen que, siguiendo el honor militar, el primero de mayo pidió la baja, por haber sido jefe del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi), involucrado en los escándalos de espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que su nombre aparece entre los generales indagados por la Fiscalía, entidad en la que incluso trabaja su actual pareja, la fiscal especializada Myriam Medrano, exjefa de la Unidad de Bandas Criminales, quien fue trasladada hace poco de la Unidad Anticorrupción a la seccional Bogotá, por necesidades del servicio.

Aunque el fiscal general, Francisco Barbosa, no dio nombres, anunció en entrevista con EL TIEMPO que sus delegados ante la Corte evalúan elementos recaudados para tomar las decisiones que correspondan (capturas) y atribuir responsabilidades.

La base de las indagaciones que enredan a García Luna –de 52 años y nacido en Sesquilé, Cundinamarca– son testimonios de sus propios hombres y documentos encontrados en el allanamiento del Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá, el 18 de diciembre de 2019.

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Doce días después de su retiro, el sargento segundo José Luis Cadena dijo, bajo juramento, que el alto oficial estaba enterado de los perfilamientos ilegales.

Oficio Allanamiento

Este es el oficio en el que se ordena el perfilamiento a la periodista Alejandra Villamizar.

Foto:

EL TIEMPO

El oficio

“Dentro de esos requerimientos, llegó uno enfocado contra la periodista María Alejandra Villamizar (...), el señor coronel Rozo llamaba a señor Betancourt y le daba la orden y ya decía que todas las órdenes provenían era de mi general García”, dijo Cadena a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.

Y agregó que recibió la orden verbal de hacer la búsqueda de información del periodista de The New York Times Nicholas Casey y de las personas con las que tenía mayor interacción. Los datos recaudados reposan en una USB que él mismo entregó y que coincide con la información encontrada en uno de los puestos de trabajo del Batallón de Cibertinteligencia asignado al sargento viceprimero César Gutiérrez.

Y hay otro oficio clave que emanó de la Brigada de Inteligencia Militar N.º 1, el 4 de mayo de 2019, y aparece en el expediente contra García Luna. Viene firmado por el coronel Julio Tobías López, y en él se dan instrucciones al coronel Hugo Armando Díaz, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégico N.º 4, sobre los perfilamientos.

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“Con toda atención me permito enviar a ese comando unos requerimientos de búsqueda para ampliar y/o verificar la información relacionada con la operación de inteligencia ‘Hábil’”.

En ese contexto mencionan a la periodista Villamizar, quien había entrevistado al jefe del Eln, ‘Pablo Beltrán’, en La Habana. Además de ordenar su ubicación, el oficio ordena hacerle inteligencia a través de fuentes abiertas y sugiere incluso entrevistarla. Pero llegaron a tomarle foto a su carro.

Dentro de esos requerimientos, llegó uno enfocado contra la periodista María Alejandra Villamizar (...), el señor coronel Rozo llamaba a señor Betancourt y le daba la orden

General Luis Felipe Montoya

El general Luis Felipe Montoya también fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría.

Foto:

Archivo particular

Por estos mismos hechos, la Procuraduría les abrió juicio disciplinario a García Luna –quien hasta hace unos días vivía en el Cantón Norte– y a su superior, el mayor general Luis Felipe Montoya Sánchez, cabeza de la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones del Ejército, a quien se lo señala al menos de omisión. La decisión cobija a 11 oficiales.

Sin embargo, la Fiscalía también revisa las actuaciones de Montoya Sánchez e intenta establecer si pasan de la órbita disciplinaria a la penal.

Específicamente se indaga si supo que sus subordinados estaban involucrados en las operaciones de espionaje ilegal.

Al respecto, hay un documento encontrado en el allanamiento que menciona al Comando Superior.

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Además, se específica que dichos requerimientos (perfilamientos) emanaron de una reunión operacional, del 26 y el 27 de marzo de 2019, con el comandante de la Brimi 1.
En ese momento ese cargo lo ocupaba el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, hasta hace dos semanas agregado militar de la Embajada de Colombia en Washington y cuyo nexo con el escándalo reveló este diario.

Harpía, Huracán y Hermes

EL TIEMPO estableció que a esa reunión asistió el coronel Hugo Armando Díaz, cabeza del Batallón de Inteligencia N.º 4, y otro oficial no identificado.

Como resultado de esas instrucciones, siete días después, el sargento viceprimero Arbey Alvarado Amézquita, comandante encargado de la Compañía de Búsqueda de Fuentes Humanas, entregó el informe sobre la periodista y sobre cuatro casos más: Harpía, Hierro 3, Huracán y Hermes.

Se intenta establecer si estas cuatro operaciones eran sobre blancos legítimos o también fueron utilizadas para trabajos por fuera de la ley.

De las cuatro compañías con labores de inteligencia perteneciente a los Batallones de Inteligencia y Contrainteligencia (Bacib) -A, B, C y D-, las irregularidades se concentran en la B.

Pero hay evidencia de que una de esas unidades le pidió a otra desarrollar programas para interceptar comunicaciones en Android y BlackBerry.

Así consta en un archivo encontrado en una memoria USB y bautizado audio.m4a, que dura de 28:55 minutos y evidencia que sí tendrían aparatos para interceptar teléfonos.

Dentro de esa misma línea de investigación está por definirse la fecha de la indagatoria al excomandante del Ejército, Nicacio Martínez, quien siempre ha negado cualquier nexo con los excesos en el uso de la inteligencia militar.

General (r.) Jorge Jerez

General Jorge Jerez, en una de las fotos con el 'Ñeñe' Hernández.

Foto:

Archivo Particular

Casas, el 'Ñeñe' y 'La 38'

La delegada ante la Corte también avanza en el capítulo de corrupción que ya tiene tras las rejas a Jorge Horacio Romero Pinzón, quien torcía contratos y vendía información a organizaciones criminales.

“Ese fue el único caso de contrainteligencia del Ejército que llegó a la delegada, en cabeza de Jaime Camacho, quien había sido abogado en el Ministerio de Defensa en el gobierno Santos”, dijo una fuente.

A Romero, que se declara inocente y está detenido en la Escuela de Caballería, le congelaron el dominio de dos casas campestres en el Valle.

EL TIEMPO las rastreó y estableció que una de ellas fue comprada en septiembre de 2018 por 794 millones de pesos, en el condominio Reserva de Pance. Y hay otro predio con la misma restricción impuesta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el condominio Paseo de Casas.

En estas propiedades aparece su esposa, Mónica Mábel Vanegas Gómez. EL TIEMPO encontró ese mismo nombre y cédula en un contrato de suministro de alimentos para la tropa de las brigadas 4, 15 y 17, por 580 millones de pesos. Lo firmó con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en 2016.

(Lea: Los secretos y la fortuna del ‘Ñeñe’ Hernández)

“Jorge Horacio Romero se apropió de dinero que estaba destinado a actividades de utilidad común, como es la seguridad. Era el comandante de la brigada más grande del Ejército, encargado de comandar a miles de hombres. Por lo tanto, su posición era la de una persona distinguida en la sociedad”, dice la Fiscalía en la acusación contra el general.

Su caso llevó a la compulsa de copias en contra de los generales Raúl Rodríguez Arévalo, cabeza de la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones del Ejército, y Jorge Salgado, antiguo inspector del Ejército.

Esa misma línea de investigación ha llevado a indagar los nexos de dos coroneles activos con la ‘oficina de cobro de sanandresito de la 38’, cuyos cabecillas están buscando su libertad por vencimiento de términos. EL TIEMPO omite sus nombres para no entorpecer las investigaciones.

(Le puede interesar: El macabro prontuario de los sicarios del sanandresito de la 38)

Finalmente, se verifica hasta dónde llegó la influencia del oscuro ganadero José Guillermo Hernández, el ‘Ñeñe’, en el Ejército.

Además de fotos con oficiales, una de las misiones de contrainteligencia de ‘Bastón’ estableció que un general había recibido 300 reses del ‘Ñeñe’ y que filtraba información y recursos del Ejército.

En las fotos aparece Jorge Humberto Jerez Cuéllar, entonces comandante de la Segunda División en Bucaramanga.

EL TIEMPO estableció que tras su salida del Ejército (2018) obtuvo un contrato en la Unidad de Restitución de Tierras (URT), para coordinar la articulación con la Fuerza Pública para realizar trabajos en terreno.

Aunque venía del anterior gobierno, le fue renovado dos veces. Sin embargo, hace unos días se canceló bilateralmente, y el general (r) adujo en parte el ruido que han causado sus fotos con el ‘Ñeñe’, en 2015.

EL TIEMPO intentó comunicarse con Jerez a los teléfonos que registrados en los contratos –uno de ellos por 113 millones de pesos–, pero no fue posible. En todo caso, las autoridades quieren escuchar su versión y saber si el Ejército desconocía los nexos del ‘Ñeñe’ con la estructura del capo del narcotráfico Marcos Figueroa.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @UinvestigativaET

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