Ya estaba oscuro en Pereira y la mayoría de los manifestantes se había dispersado. Era el octavo día del paro nacional y en el viaducto de la ciudad tan solo quedaba un puñado de marchantes, entre ellos Lucas Villa, Andrés Felipe Castaño y Javier Darío Clavijo, que seguían arengando.
Hacia las 7:30 de la noche de ese miércoles 5 de mayo, una camioneta se acercó al grupo a darles agua y víveres. Y mientras Lucas gritaba “el ignorante, el terco, el dormido, despierte”, un punto fluorescente (al parecer un láser) apareció en su camisa turquesa. Luego se escucharon una moto de alto cilindraje acercarse, el grito de una mujer y varios disparos.
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Lucas recibió 8 impactos de bala, uno de ellos en la nuca; Andrés Felipe, un disparo en el abdomen; Javier Darío, en una pierna.
Pereira fue el primer escenario en el que civiles armados atacaron con armas de fuego a los manifestantes. Sin embargo, la amenaza en esa ciudad contra jóvenes y líderes de derechos humanos viene acechando hace meses, sin que nadie dimensionara su magnitud.
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Viaducto de Pereira 'César Gaviria Trujillo', donde asesinaron a Lucas Villa.
Alexis Múnera / EL TIEMPO
“El viaducto donde mataron a Lucas es el punto de distribución más bravo de droga entre Pereira y Dosquebradas: allí se abastecen 22 bandas delincuenciales que manejan 19 grandes expendios. Es claro que su crimen fue un mensaje de la mafia porque el paro y los bloqueos frenaron las cadenas de suministro de droga”, le dijo a EL TIEMPO un líder social que pidió la reserva de su nombre.
En efecto, la investigación que adelanta el CTI sobre el crimen de Lucas –estudiante de 37 años– indaga entre los móviles el accionar de una banda de microtráfico al servicio de la mafia que también estaría detrás de las llamadas y panfletos amenazantes en contra de otros estudiantes.
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Es claro que su crimen fue un mensaje de la mafia porque el paro y los bloqueos frenaron las cadenas de suministro de droga”: Líder social.
Todo esto motivado por el hecho de que estos delincuentes consideran que los manifestantes y sus movilizaciones obstaculizan el tráfico y distribución de drogas.
La aparición de esas amenazas e incluso de audios, en los que dicen que “van por todos los del viaducto”, fue advertida a mitad de semana, en entrevista con EL TIEMPO, por Jaime Gutiérrez Ospina, promotor y activista de derechos humanos y asesor de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
En las mismas esquinas donde los manifestantes hacen sus plantones permanecen los enlaces de la mafia que han convertido a Pereira en un centro de embalaje de droga. El alcaloide llega del Cauca, del Valle y de Chocó (por el corredor del cañón de las Garrapatas) y se distribuye hacia Bogotá, Caldas, Quindío y Antioquia.
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EL TIEMPO
De hecho, el aeropuerto de Pereira tiene conexión directa con Miami y Panamá, lo que lo ha hecho atractivo para la mafia mexicana, que llega en chárter a negociar las panelas.
Pero los patrones de la mafia en Pereira son alias Diego, Mamba y Don A, desmovilizados del bloque Central Bolívar de las autodefensas que manejan ‘la Cordillera’, oficina criminal que distribuye drogas, maneja expendios y asesinan a personas por encargo.
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Los tres, unidos a ‘Trapito’ y a alias Koyack, se pavonean por la ciudad posando de empresarios, bajo el amparo de algunos políticos locales; y a eso le atribuyen que no hayan sido judicializados.
Ese panorama ha permitido que bandas como ‘los Rolos’, ‘los Memes’, ‘los Flacos’ y el ‘clan de la Montaña’ acumulen poder y compitan por el manejo del microtráfico y narcotráfico con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las ‘oficinas’ de Envigado y del Valle.
Y aunque la Policía ha arrestado a más de 220 de sus alfiles (incluido ‘Niño Fabián’, de ‘la Cordillera’), los relevos en los mandos y el aparataje de pequeñas bandas –como ‘el Martillo’ o ‘Guadualito’– no permiten que cese el acoso criminal en la región.
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La Defensoría ha monitoreado 3.481 manifestaciones sociales a nivel nacional. El defensor (foto, con gorra azul) ha mediado en varios puntos del país.
Defensoría del Pueblo
Pocos en la ciudad se atreven a hablar de esa complicidad que, según fuentes consultadas, también favoreció el ataque contra Lucas y su grupo. Pero la Defensoría del Pueblo ha denunciado ese peligroso nexo en sus alertas tempranas.
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“En Pereira y Armenia se han tejido liderazgos sociales y organizaciones sociales fuertes, así como ejercicios de veeduría ciudadana que se han encargado de denunciar (…) los vínculos de actores armados no estatales y de grupos armados de delincuencia organizada (GAO) con algunos miembros de las élites políticas locales y empresariales, con la cooptación que han hecho de algunos funcionarios”, dicen los informes.
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Eisenhower Zapata, líder social de la Mesa Nacional de Víctimas
Archivo Particular
Al respecto, Eisenhower Zapata, defensor de Derechos Humanos y líder de la Mesa Nacional de Víctimas, agrega que lo que se está pidiendo es que se garanticen unos mínimos para ejercer el derecho a la protesta y garantizar la vida de las personas. Y subraya: “No sabemos si estaban haciendo una operación de limpieza con los muchachos que están en la primera línea”.
Por todos esos antecedentes, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, tuvo que salir a explicar la declaración que dio tres días antes de que dispararan contra Lucas.
El mandatario pidió conformar un frente común, con gremios y miembros de la seguridad privada, para recuperar el orden y la seguridad ciudadana junto con la Policía y el Ejército. Y aun que aclaró que no estaba invitando a que la gente se armara, la Procuraduría analiza su llamado.
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Homenaje a Lucas Villa en Pereira.
Alexis Múnera
EL TIEMPO estableció que hay cerca de 30 líderes sociales amenazados y 12 ya han sido asesinados en tres años. A eso se une el reclutamiento de jóvenes en estado de vulnerabilidad, para que engrosen las bandas al servicio de la mafia.
Una de las más poderosas es la de ‘Guadialito’, que maneja el mercado de heroína y se disputa la supremacía con las de San Diego y Granada. Pero las tres dependen de ‘la Cordillera’.
A solo 10 minutos en moto de Guadualito, está la zona de barrios de estratos altos hasta donde batallones de jovencitos llegan comercializar la droga. Allí y en un par de miradores de la ciudad están las mansiones de los capos.
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Dosquebradas, Risaralda.
Alexis Múnera
“Son casas de más de 5.000 millones de pesos”, dice un investigador. Y agrega que incluso uno de los lugartenientes de ‘la Cordillera’ se apropió de una vía pública en el sector de Filobonito y se habla de que muy cerca tienen un sitio de ajusticiamiento.
Por ahora, tal como lo señala el defensor de Derechos Humanos Eisenhower Zapata, el clamor de la gente es que se aclare quién mató a Lucas Villa. Sin embargo, es claro que lo que pasa en Pereira y en Risaralda requiere de la atención del país.
EL TIEMPO llamó de manera insistente al alcalde Maya para conocer su versión sobre las alertas de la Defensoría y de los líderes de derechos humanos, pero no respondió.
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Lucas Villa no tenía amenazas, le dijo a EL TIEMPO su familia. Sus hermanos señalaron que tras preguntarles a parientes e incluso a su pareja en España, nunca manifestó nada al respecto.
El CTI de la Fiscalía asumió la investigación y analiza videos, audios y testimonios claves para llegar a los autores materiales de su muerte.
“La Fiscalía está haciendo todo lo pertinente para procurar de manera pronta y certera tener claridad de los responsables de este homicidio. Esta fase de investigación es reservada”, le dijo a este diario Sandra Cárdenas, personera de Pereira.
Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, se encuentra a le espera de una respuesta por parte de a Unidad Nacional de Protección.
Personería de Pereira
De hecho, la hipótesis de que el universitario habría sido asesinado por bandas de microtráfico –al servicio de las grandes mafias– pareciera tomar cada vez más fuerza. “Lo que se ha dicho en los medios es que las pruebas recaudadas hasta este momento apuntarían hacia esa hipótesis”, señaló Cárdenas.
Audios, panfletos y llamadasY ahora se abrió un nuevo capítulo: las amenazas e intimidaciones que han recibido estudiantes de universidades públicas y privadas que han participado en las protestas. Las autoridades investigan panfletos en los que supuestamente se anuncia un ‘plan limpieza’.
“Ayer recibí amenazas de muerte. (...) Soy una ciudadana activa y en los últimos días participé activamente en el paro nacional y en las marchas pacíficas. Ya instauré la denuncia formal antes las autoridades y estoy atenta a las respuestas”, le dijo a EL TIEMPO Ana María Durango, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina en Pereira.
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Estudiantes y docentes marchando en el viaducto de Pereira.
Alexis Múnera
Y en un audio se escucha: “Vea muchachos de la nueva generación, protestantes… A partir de hoy, 2 de mayo del 2021, todo amigo que lo cojamos encapuchado, vandalizando, robando y haciendo terrorismo en la ciudad, lo vamos a dejar a nuestra disposición (...) Hoy iniciamos y no terminaremos hasta que los migrantes y desadaptados se vayan. O si no, los acostaremos tempranito”.
A pesar de ello, amigos, familiares y marchantes acuden a diario al viaducto con un reclamo adicional: justicia en el caso de Lucas Villa, con pancartas con su rostro y una de sus frases: “Ojalá el espíritu nos guíe y nos cuide para que podamos sobrevivir y crear un mundo nuevo”.
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