El manejo que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia le han venido dando a un anónimo, que llegó el 16 de diciembre de 2019, contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe generó un distanciamiento jurídico de dos de los miembros de la Sala de Instrucción del alto tribunal.
En efecto, tal como lo anticipó EL TIEMPO, los magistrados César Augusto Reyes y Marco Antonio Rueda Soto dejaron constancia de que no estaban de acuerdo en que el anónimo –que le atribuye a Uribe ser el receptor de labores de espionaje militar ilegal– estuviera incorporado en dos procesos.
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Según Reyes y Rueda, se estaba generando “la inaceptable duplicidad de actuaciones por unos mismos hechos”. En su criterio, “la mayoría de la Sala optó por eludir dicha arista y persistir en la violación de principios que rigen la actuación penal (...)”.
Para ellos, tal duplicidad viola principios de unidad procesal, debido proceso y derecho a la defensa.
De hecho, la Sala decidió unificar el expediente del anónimo.
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EL TIEMPO estableció que desagregaron todas las actuaciones adelantadas con base en el anónimo que le llegó a Lombana el 16 de diciembre de 2019.
Todas esas actuaciones –desde el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, en Faca, hasta las declaraciones que se le tomaron a más de 11 uniformados, vinculados disciplinariamente a perfilamientos ilegales– estaban en el expediente que se seguía por la supuesta participación de Uribe en el episodio del hacker Andrés Sepúlveda, que data de 2014.
El paquete procesal le fue enviado al despacho del magistrado Héctor Alarcón, quien con base en ese mismo anónimo –que a él le había llegado a su correo en diciembre– le abrió una indagación preliminar a Uribe, el 15 de mayo.
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Además, el expediente por el caso hacker le fue asignado al magistrado César Augusto Reyes, por orden alfabético.
La Sala de Instrucción de la Corte aceptó el impedimento de la magistrada Cristina Lombana para seguir con uno de los procesos contra el senador Uribe.
Corte Suprema de Justicia
La postura jurídica de Reyes y Rueda quedó consignada en un salvamento de voto que firmaron conjuntamente para definir si la magistrada Lombana estaba impedida para seguir con el caso del espionaje militar y de los perfilamientos.
Lombana presentó el impedimento bajo el argumento de que su nombre apareció en una carpeta en el allanamiento al Batallón militar.
La mayoría de la sala conceptuó que, en efecto, la magistrada tiene un interés personal en el proceso que no es compatible con la posición de juez de instrucción.
La mayoría de la Sala optó por eludir dicha arista y persistir en la violación de principios que rigen la actuación penal
Pero los dos togados manifestaron que en ese reporte no se alude a algún dato personal de Lombana, ni a sus actividades ni sus teléfonos celulares: “Es un añeja información periodística”.
Además, aseguran que el caso del hacker no tenía ninguna conexidad jurídica con el anónimo. Y llaman la atención en el hecho de que Lombana sí se habría reunido con militares, afectando su objetividad.
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La magistrada se abstuvo de hacer comentarios sobre el salvamento de voto y la duplicidad procesal.
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