Los cuatro empresarios que se enfrentan al director de la Dian

Los cuatro empresarios que se enfrentan al director de la Dian

Dicen que estaría impedido para cambiar resolución que entregó operación de equipos de vigilancia.

Puerto de Cartagena

Los dispositivos buscan monitorear en tiempo real miles de contenedores.

Foto:

Yomaira Grandett / Archivo EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
31 de julio 2019 , 08:40 p.m.

El director de la Dian, José Andrés Romero, está trenzado en una pelea jurídica con cuatro empresas a las que, en julio del año pasado, el gobierno Santos les entregó la operación de los Dispositivos Electrónicos de Seguridad (DES), por cinco años.

Se trata de los aparatos electrónicos que se instalan en unidades de carga o medios de transporte para asegurar su integridad, registrando posicionamiento de la mercancía e incidentes que la afecten o amenacen, durante las 24 horas del día y en tiempo real.

“El sistema es clave para detectar la contaminación de contenedores que salen y pueden salir con coca o entrar con dólares de mafias o contrabando. Se trata de mercancía en proceso de nacionalización o legalización”, le explicó a EL TIEMPO un funcionario de la Dian que agregó que incluso el tema es considerado de seguridad nacional.

Pero la Dian busca que cualquier firma que acredite facultades técnicas y legales para operar los DES lo pueda hacer, dentro de la libre apertura del mercado.

Y si bien la entidad advierte que las cuatro empresas seleccionadas por el gobierno Santos –Coltrack SAS, JM Tracking SAS, Protekto Ltda y Sec Sel S.A.– “conservan la calidad de operadores seleccionados”, estos aseguran que les están quitando derechos adquiridos y causándoles millonarios perjuicios, porque ya han incurrido en compra de equipos y hasta de un ‘software’.

Además, dicen que el sistema debió haber entrado en operación en octubre, pero no está lista la infraestructura. De hecho, la Procuraduría ya está indagando ese retraso, que la Dian atribuye al cambio de administración y a la revisión estructural de todo el marco normativo aduanero, procesos y sistemas de información.

“Cuando se entregó la operación de los DES ni siquiera estaba listo el centro de monitoreo para recibir la información. Lo estamos armando con apoyo de la Dijin”, dijeron en la entidad.

Pero la pelea ha escalado hasta la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, a quienes el apoderado de las cuatro empresas, Joaquín Bernal, estregó información, con miras a impedir que se cambie la resolución 2429 de 2018, con la que se les dio la operación.

Además de la supuesta afectación por la pérdida de derechos adquiridos, les ha enviado a dos consejeros presidenciales un tema adicional: un supuesto impedimento del director Romero.

Según dice, cuatro meses antes de llegar a la Dian, era miembro suplente de la junta directiva de Brigard y Urrutia Abogados SAS, oficina que habría representado a una de los interesadas en operar los dispositivos, que no fue seleccionada: Cibergenius SAS. Al respecto, EL TIEMPO estableció que se está indagando el tema, pues la Dian tiene información según la cual Cibergenius nunca ha sido cliente de esa oficina de abogados.

Demanda y respuesta

Hasta el Consejo de Estado ha entrado a terciar en el tema. La Federación Colombiana de Empresas de Localización, Monitoreo y Tecnologías Afines (Fedetec) demandó la resolución y pidió la suspensión de sus efectos hasta que haya un fallo de fondo. Su principal argumento es que viola la libre competencia, que no se pidió concepto previo a la SIC y que cuatro empresas no están en capacidad para cubrir un tema tan sensible.

“A la fecha están causando graves perjuicios económicos y reputacionales para más de 32 empresas a las que se les violentó su derechos al debido proceso al ser excluidas como proveedores de los dispositivos”, dice la demanda.

El alto tribunal estudia la medida y  los argumentos de los demandantes y de las empresas.

Al respeto, voceros autorizados de la Dian le dijeron a EL TIEMPO que las resoluciones que habilitaron a los cuatro operadores siguen intactas, pero que estas no les otorgaron exclusividad. Además, que no hay derechos adquiridos que gocen de protección expresa en la Constitución.

“Es claro que un acto administrativo (resolución) no puede restringir el mercado ni entregar monopolios. Hay una nueva resolución en curso, con estudios técnicos y consulta a la SIC, que antes no se había hecho. Esperamos que en mes y medio esté operando el sistema”, explicaron.

También advirtieron que el proceso lo adelanta la directora de Aduanas, Íngrid Díaz, y no Romero.

“Mi imparcialidad y objetividad como servidor público no se ven afectadas en este caso por la existencia de vínculos personales, familiares, comerciales o de ninguna otra naturaleza”, le dijo el director de la Dian a la Procuraduría.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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