Poco antes de que se iniciara la cuarentena, la Policía cerró un contrato, rotulado bajo la orden de compra 46090, por 7.900 millones de pesos.
La institución adquirió cinco tanquetas blindadas nivel III para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que justificó como parte del plan de necesidades que cada fuerza presenta anualmente.
La compra fue cuestionada públicamente por el senador del Polo Wilson Arias, quien manifestó que no veía la necesidad de invertir ese dinero en tanquetas cuando la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus exige gastos en otros frentes prioritarios.
Incluso, dijo que esos recursos alcanzaban para comprar más de 20.000 test para detectar el covid-19.
Pero el malestar en el sector de los blindados va más allá de la conveniencia de ejecutar un plan de compras que ya estaba trazado desde antes de la pandemia del coronavirus.
EL TIEMPO estableció que el negocio se cerró con la firma 7M Group S. A., que a las pocas semanas cerró otro negocio con la Policía.
La venta de cuatro vehículos con blindaje III, para la Dirección de Tránsito y Transporte, por 4.160 millones de pesos.
La firma está representada por el abogado Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, empresario tolimense que desde hace 20 años trabaja en temas de contratación con diferentes entidades del Estado, especialmente en el sector Defensa.
Se trata del mismo empresario que figura en una investigación vigente y con pliego de cargos en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posibles actividades que violarían la libre competencia.
EL TIEMPO tuvo acceso al expediente y estableció que, según la resolución 76592 del 30 de diciembre de 2019, para la SIC hay evidencia de que Manjarrés Cabezas habría ejecutado maniobras para impedir que empresas de la red de servicios de Suzuki pudieran presentarse libremente a licitaciones públicas, al punto de controlar la entrega de certificados.
Esta es la orden 46090, del 12 de marzo del 2020, con la que se compran 5 tanquetas antidisturbios a 7M Group, cuyo representante, Martín Manjarrés, es investigado por la SIC.
EL TIEMPO
El documento, firmado por Juan Pablo Herrera, delegado para la Libre Competencia, involucra a otras siete personas por posiblemente afectar de forma deliberada la libre competencia en licitaciones públicas, “lo que implicaría un mayor valor pagado por la entidad estatal (contratante)”.
En el pliego de cargos se asegura que del correo electrónico de Manjarrés –apoderado de Suzuki– se extrajeron pruebas de que desde 2011 llevaba un control estricto de las licitaciones a las que la filial en Colombia de la ensambladora japonesa podía presentarse y de los asociados a los que se les daba autorización y a los que no para pujar en las licitaciones.
7.900 millones de pesos se está gastando Min. Defensa comprando 10 tanquetas para el ESMAD.
— Wilson Arias Castillo (@wilsonariasc) April 6, 2020
7.900 millones con los que se pudieron comprar 20.700 test para COVID-19 o 7 maquinas para analizar muestras.
Las prioridades del Gobierno son represión y los bancos, más no salvar vidas pic.twitter.com/f8BRt7LikW
"Tenemos un apoderado cuando las vamos a hacer directamente, que es el doctor Martín Manjarrés, se le da poder a él y se presenta a licitación. Si se la gana, él continúa con el proceso. Él se gana una suma de dinero por la licitación", precisó Yolanda Osorio, directora Jurídica de Suzuki, en una declaración ante la SIC.
Y agregó que si un concesionario asociado decide presentarse a una licitación al mismo tiempo que la ensambladora, se entra a verificar a quién le conviene más el proceso: “No nos vamos a hacer competencia en la misma marca”.
La SIC también dice que, en 2015, en una licitación para adquirir motos para el desaparecido Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá –tema en manos de la Fiscalía–, se comprobó que Manjarrés ‘patinó’ oficios de Suzuki diciendo que otros oferentes no podían garantizar el ofrecimiento de los productos de la japonesa. Con eso los habría excluido para ganarse el negocio.
“Esto manda un mal mensaje al país, porque se sabe del proceso en la SIC y, sin embargo, así se le compran las tanquetas”, señaló el senador Arias.
No voy a entrar en una controversia pública; detrás de los señalamientos hay intereses comerciales de mis competidores. Tengo mi conciencia tranquila
El coronel Néstor Cepeda, cabeza del Esmad, dijo que su fuerza no es ordenadora de gasto y que todo proceso contractual lo maneja la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía.
EL TIEMPO pidió una postura a esa oficina, la cual se dio en este domingo y de forma posterior a la publicación de esta investigación.
En efecto, la brigadier general Yolanda Cáceres Martínez, directora Administrativa y Financiera, aseguró que su institución solo actuó "en calidad de compradora" y se acogió a lo establecido en el llamado Acuerdo Marco de Precios, a través del cual Colombia Compra Eficiente seleccionó a los proveedores que son autorizados para sellar negocios con entidades públicas.
"Previa celebración de la orden de compra 46090, la Policía Nacional cumplió el procedimiento establecido en el Acuerdo Marco de Precios N° CCE-561-I-AMP-2017, en calidad de entidad compradora, enviando solicitud de cotización a los proveedores que hacen parte del acuerdo, y seleccionando la respuesta de la cotización del proveedor que cumplió con las condiciones solicitadas", precisó la brigadier general Cáceres.
Además, la alta oficial añadió que es a Colombia Compra Eficiente la que le corresponde determinar cuáles de esos proveedores cumplen con los requisitos exigidos en la ley para contratar con el Estado y que, por lo tanto, hasta que 7M Group o cualquiera de las otras firmas que están en el Acuerdo Marco de Precios continúen habilitados, no solo la Policía sino todas las entidades del orden nacional están en la obligación de hacer sus compras con los proveedores inscritos.
De hecho, notificó que este mismo domingo le dio traslado del requerimiento de información de EL TIEMPO al director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O'meara, pues el acuerdo marco está vigente desde el 4 de julio de 2017 hasta el 3 de julio de 2020 y es ahí donde figura 7M Grooup.
En todo caso, Martín Majarrés, representante de 7M Group, fue enfático en que la SIC no ha proferido fallo o sanción, por tanto no está inhabilitado jurídicamente. Además, que siempre ha actuado apegado a la ley y de manera transparente.
En diálogo telefónico con EL TIEMPO, el empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas empezó por señalar que desde hace dos décadas trabaja en temas de contratación con el Estado y que nunca ha tenido ningún problema de corrupción.
Además, fue enfático en que, en el caso en la SIC, no se ha proferido ni sanción ni fallo, por lo que no tiene inhabilidades de ningún tipo que le impidan seguir contratando.
Esta es la orden 46770, del 31 de marzo de 2020, con la que la Policía le compra 4 tanquetas con blindaje nivel III a la firma del tolimense Martín Manjarrés.
EL TIEMPO
“No voy a entrar en una controversia pública; detrás de los señalamientos hay intereses comerciales de mis competidores. Tengo mi conciencia tranquila, siempre he actuado apegado a la ley, y cuando los organismos de control me requieran, estoy listo para demostrar que siempre he obrado de forma transparente”, precisó Manjarrés.
UNIDAD INVESTIGATIVA
@UInvestigativaET
u.investigativa@eltiempo.com