Indagan pírrico balance en trámites de restitución de tierras

Indagan pírrico balance en trámites de restitución de tierras

Se ha negado el 63 % de las solicitudes: 47.516. Se sospecha que hay casos de corrupción.

Pedro García

Pedro García está a punto de ser desalojado de la parcela que adquirió hace 18 años, en la que sembró palma. Su caso fue denunciado ante la Procuraduría para revisión.

Foto:

Archivo particular

Por: Unidad Investigativa
01 de septiembre 2019 , 05:28 a.m.

Don Pedro Antonio García, un campesino recio, de 75 años y hablar pausado, no sabe qué hacer. Para el miércoles 25 de septiembre está programada una diligencia de desalojo, en la que autoridades de Chiriguaná, Cesar, los van a sacar a él y a su esposa, Esperanza Bahamón, de 78 años, de su parcela.

De nada sirvió que demostraran ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que pagaron con esfuerzo unos 42 millones de pesos por ella –incluso, endeudándose con bancos– y que la han trabajado honradamente por 18 años.

“Nadie me escuchó en esa Unidad de Tierras. Llevé escrituras, pagos al Estado, cancelación de impuestos y hasta un certificado del Incoder diciendo que podía comprar la finca. Pero el señor que me la vendió fue y dijo que lo habían presionado y estoy a punto de perderlo todo. Yo soy un comprador de buena fe”, dice.

La Procuraduría decidió revisar el caso de García y se encontró con un panorama tan extraño como preocupante: con corte a 30 de julio de 2019 se han negado 47.516 inclusiones en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Se trata del 63 por ciento del total de solicitudes presentadas.

EL TIEMPO estableció que un primer muestreo hecho por la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución, en 2017, concluyó que algunas oficinas de la Unidad de Tierras negaban la mayoría de solicitudes, al parecer, para cumplir metas de gestión e incurriendo en anomalías.

“En ejercicio de la función de intervención se han detectado casos en los que posiblemente se negaron solicitudes de restitución de tierras en forma irregular”, dijo un investigador.

Y si bien la entidad tiene claro que no va a poder revisar todos los casos, empezó un nuevo proceso muestral para determinar qué hay detrás de este fenómeno.

Ya ampliaron la revisión a 1.044 casos –algunos aleatorios y otros por denuncias– distribuidos en las diferentes direcciones territoriales de la Unidad de Tierras, desde el 2012 hasta el 2017.

Los casos seleccionados están cobijados por la reserva, pero EL TIEMPO accedió al listado de zonas donde pudieron existir una mayor cantidad de irregularidades, que coinciden con el mayor número de solicitudes negadas.

La lista la encabeza Meta, con 4.627 casos; seguida por Cesar, donde está la parcela de García, con 4.489 casos.

El Valle registra 4.329 solicitudes negadas, Córdoba, 4.325; Magdalena Medio, 4.000; Magdalena, 3.487; Bolívar, 3.372; Tolima, 2.632; Putumayo, 2.462, y Cauca, 2.426.

Y el grupo lo cierran Bogotá, con 2.316 casos negados; Nariño, con 2.107; Apartadó con 1.795; Antioquia oriente, con 1.446; Norte de Santander, con 1.396 casos; Caquetá, con 1.328, y Antioquia noroccidente, con 979 casos.

Este chequeo, dice la Procuraduría, se une al que viene adelantando la nueva administración de la Unidad de Restitución de Tierras, en cabeza de Andrés Castro.

El funcionario ordenó hacer una revisión de las decisiones negadas en el año 2018, y algunas de años anteriores (propietarios retornados), sobre una muestra de 1.382 solicitudes en 8 direcciones territoriales priorizadas.

Las alertas

Castro le dijo a EL TIEMPO que la anterior administración ya había iniciado un ejercicio de revisión que comprendía los años 2012 a 2017. Por lo que calcula que, sumado al esfuerzo de la Procuraduría, se revisarán entre 3.500 o 4.000.

Además de las denuncias que ha recibido la Procuraduría, para que disciplinariamente se investiguen a los funcionarios que tomaron esas decisiones, hubo otras alertas. Organizaciones de víctimas llamaron la atención sobre el alto volumen estadístico de las solicitudes negadas.

“Si revisados esos casos encontramos que se cometieron errores, procedemos a corregir”, advirtió Castro.

Una de las variables que se revisa está relacionada con los casos de desistimientos. También, posibles falsos reclamantes, cuyos procesos deben ir a la Fiscalía.

De hecho, ya hay casos bajo investigación y hasta condenas.

El viernes, la Fiscalía reveló que el coronel en retiro Germán Ayala Amaya (exasesor del Ministerio de Agricultura) fue condenado por ofrecer dádivas a la jefe de la Unidad de Tierras del Meta para evitar que la finca Zimarau, de 2.484 hectáreas, se le entregara a una víctima del conflicto.

Ayala y la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar intentaban que se la pasara a un tercero.

La Unidad de Restitución Tierras espera que una vez se termine la revisión técnica y jurídica que se adelanta sobre cada caso, se unifique criterios con la Procuraduría y se genere una ruta de atención a los afectados.

Jurídicamente, se establecerá, cuando procede la revocatoria directa del acto administrativo, en qué casos el afectado puede demandar la nulidad de la acción e incluso interponer una tutela.

Se calcula que al final de este año ya se puedan tener decisiones concretas.

Don Pedro Antonio, entretanto, espera que un último recurso que presentará frene el desalojo hasta que el caso se revise. EL TIEMPO intentó ubicar al vendedor de su parcela, en La Loma, Cesar, para conocer su versión, pero no ha sido ubicado.

‘Si hubo errores, se van a corregir’

Andrés Castro
Director Unidad de Restitución

¿Qué opina sobre la revisión que anunció la Procuraduría a algunas de las 47.000 solicitudes que no fueron inscritas en el Registro de Tierras Despojadas?

Con la Procuraduría hemos venido revisando, con transparencia y objetividad, decisiones de la Unidad en las que no se procedió a la inscripción de predios solicitados en restitución. El propósito es hallar algún camino jurídico a esas no inscripciones.

¿Hubo errores?

No necesariamente. Pero yo no puedo generalizar que del volumen de decisiones de no inscripción una mayoría estén mal sustanciadas o mal decididas. Se busca validar que las decisiones fueron bien adoptadas, identificando las causales por las que se negó la inscripción y unificando un criterio jurídico de interpretación de la norma para ver si procedía la inscripción o si hay lugar a una revocatoria directa.

¿Qué pueden esperar las personas a quienes se les negó la inscripción?

Una vez concluya la revisión, estableceríamos unas rutas de atención que tendrían esas solicitudes que presenten errores para corregir.

Lo principal es que las víctimas puedan recibir atención, y si se cometieron errores, entraríamos a corregirlos.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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