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Caso Petro: dos miembros de Corte IDH hablan de persecución política
El senador Gustavo Petro.

El senador Gustavo Petro asegura que con la decisión de la Corte IDH se pone fin a la extorsión que ejercían funcionarios de las procuradurías y contralorías.

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EL TIEMPO

Caso Petro: dos miembros de Corte IDH hablan de persecución política

EL TIEMPO revela salvamentos de voto de magistrados. Exprocurador Alejandro Ordóñez guarda silencio.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Colombia por la destitución ilegal de la Procuraduría de  Gustavo Petro (cuando era Alcalde de Bogotá) contiene dos salvamentos de voto que señalan que en el caso se configura una  persecución política contra líderes opositores.

Se trata de los votos “parcialmente disidentes” de los jueces Patricio Pazmiño Freire (Ecuador) y Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), quienes coincidieron en que –a su juicio– Colombia también debió ser condenada por esa persecución y así sentar un precedente jurídico en la región.

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Si bien los dos juristas respaldan en su integridad la decisión de sus otros cinco compañeros del pleno de la Corte IDH, en sus argumentos de salvamento aseguran que el recaudo probatorio demuestra que en el país se violó, en perjuicio de Petro, lo consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, que se refiere a la salvaguarda del derecho de los opositores políticos.

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La Corte no aprovechó la oportunidad histórica y decisiva para contener de manera enérgica toda práctica, abierta o velada, que implica la discriminación en razón de ideas

“En estos tiempos que parecería se está alentando, por acción u omisión, la transgresión del orden jerárquico superior que protege los derechos humanos universales, interdependientes e indivisibles, así como los principios fundacionales de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte, estoy convencido, no aprovechó la oportunidad histórica y decisiva para contener de manera enérgica toda práctica, abierta o velada, que implica la discriminación en razón de ideas, confesiones o credos en contra de políticos que ejercen en paz, democracia y derecho su opción legítima de estatus opositor, como se ha revelado en el caso del señor Gustavo Petro vs. Colombia”, afirmó el juez Pazmiño.

¿Blanco de las autoridades?

El juez ecuatoriano agregó que durante el proceso que se siguió ante este tribunal internacional quedó claro que se ejecutó un “actuar discriminatorio” contra Petro por su condición política, lo cual terminó afectando su integridad personal e incluso la de su familia. De hecho, advirtió que el dirigente de Colombia Humana fue un “blanco constante de las autoridades”.

Pazmiño añadió que esto quedó evidenciado en la destitución e inhabilidad de 15 años que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez –actual embajador de Colombia ante la OEA, organismo al que pertenece esta misma Corte– impuso contra Petro. Sin embargo, en este punto vale aclarar que el Consejo de Estado, dos años después, tumbó esa decisión y le restableció todos los derechos políticos al hoy senador.

Pero para el juez Zaffaroni –quien va en la misma línea argumentativa de su colega ecuatoriano– el que se haya reversado la sanción de Ordóñez no esconde lo que, a su juicio, es una persecución política por parte del Estado basada en la condición de líder opositor que ostenta Petro.

Alejandro Ordoñez

Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia ante la OEA.

Foto:

Mauricio Moreno / El Tiempo

De hecho, advirtió que en “la persona (Petro) desempeña prácticamente el papel de principal opositor”, y que la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría lo único que evidenció fue una persecución para interrumpir un mandato popular. Incluso, aseguró que se trató de una imputación política de corrupción que desató “una mancha e la opinión pública”.

“En atención a la gravedad que implica la persecución por vía de procedimientos arbitrarios y con imputaciones de corrupción, teniendo en cuenta la extensión, reiteración y creciente frecuencia de la llamada guerra de derecho, corresponde exigir a los Estados el máximo de cuidado, transparencia y prudencia posibles cuando se trata de personas con alto protagonismo político, puesto que, de lo contrario, en lugar de la racional lucha contra cualquier forma de corrupción, se estaría restableciendo un marco inquisitorial apto para menoscabar la sana y democrática lucha política”, enfatizó el juez argentino.

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Y mientras varios congresistas de oposición –incluyendo al propio Petro– han pedido la renuncia de Ordóñez a la embajada ante la OEA por este revés para el Estado, el exprocurador ha decidido, al menos por ahora, guardar silencio sobre este fallo y sus implicaciones.

No obstante, su sucesor en el cargo y ya saliente procurador general, Fernando Carrillo, admitió que se deben realizar ajustes jurídicos que no necesariamente tienen por qué tocar a la Constitución, no solamente para acatar la sentencia condenatoria sino también para actualizar el ordenamiento colombiano a la luz de la Convención Americana.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO


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