Ocho resoluciones, fechadas el pasado 26 de agosto, dieron vía libre a las primeras extradiciones concedidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Tal como lo reveló EL TIEMPO, en medio de la polémica por los límites que su administración anunció para este mecanismo de cooperación judicial, se aprobó el envío de 6 personas a Estados Unidos; una a España y otra más a Brasil.
José Leonardo Muñoz, alias Douglas
Policía Nacional
“El presidente Petro firmó hoy 8 extradiciones a EE. UU., lo que significa que mantiene la potestad para decidir o no las extradiciones de acuerdo a los intereses de Colombia”: Mauricio Lizcano.
La decisión también coincide con la radicación del proyecto de ley para avanzar en diálogos de paz regionales, lo que es considerado el primer paso en firme para la ‘paz total’.
Lo que ha llamado la atención es que al menos dos de los colombianos que serán entregados a la justicia de Estados Unidos pertenecen a organizaciones criminales que han manifestado su interés por acogerse a la justicia dentro del marco jurídico que se preparara.
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Uno de ellos es Frank Hernán Álvarez Espinel, alias Tarzán, capturado en septiembre de 2020 y señalado de ser miembro de la ‘Oficina’, la estructura criminal al servicio del narcotráfico que tiene como epicentro el valle de Aburrá, con satélites en Bogotá.
Este diario informó que cabecillas de esa organización criminal han sostenido reuniones con emisarios de alto nivel para explorar su ‘acogimiento’. De hecho, se habla de que José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas (preso en La Picota) sería uno de los gestores de paz del proceso.
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¿Garrote y zanahoria?
José Luis Pino Leal, alias Dumbo.
Archivo particular
La resolución del gobierno Petro que autoriza su extradición es la 179 del 26 de agosto de 2022.
En el consecutivo de resoluciones expedidas por la Oficina Jurídica de Casa de Nariño aparece la 180, que corresponde a la aprobación de extradición de José Luis Pino Leal, alias Dumbo.
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Pino es señalado de administrar laboratorios de coca en la región del Catatumbo, droga que era movida por Venezuela. Según su prontuario, también está ligado a la ‘Oficina’.
Las otras extradiciones aprobadas son las de Alcebis Enrique Ortiz Luquez, Rómulo Ramiro Rodríguez (de nacionalidad peruana), Jhon Sebastián Vallejo Rueda, Luis Alexánder Barrera Forero, Andrés Felipe Restrepo Sánchez y Alejandro Forero Cano.
Rómulo Ramírez Rodríguez, ciudadano peruano capturado en Colombia.
Autoridades
La firma de las resoluciones por parte del jefe del Estado coincide con la advertencia que hizo el sábado desde Ituango, Antioquia.
“Estamos llenos de cartas y de palabras escritas pidiendo paz, pidiendo negociar. Pero de las palabras hay que pasar a las acciones. Hay que iniciar los diálogos con los negociadores que designen. En muchos casos son temas jurídicos, de acogimiento a la justicia. En otros hay matices políticos. Pero las acciones implican que debe haber negociadores legítimos de esas agrupaciones para hablar con el Estado”, dijo Petro desde Ituango, Antioquia.
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Pero una semana antes, el mandatario explicó que “narcotraficante que negocie con el Estado colombiano, con beneficios jurídicos y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico no se extradita a Estados Unidos”.
Iván Velásquez, Alfonso Prada y Gustavo Petro desde Ituango, Antioquia.
Prensa MinInterior
No obstante, advirtió que: “Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en Estados Unidos”.
Un general de la Policía (r), que pidió la reserva de su nombre, aseguró que esta especie de ‘garrote y zanahoria’ se trata de un uso político y no jurídico de la extradición.
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“Es una forma de desescalar el conflicto. Es claro que la propuesta no es de suspender la extradición, sino de condicionarla”, explicó el alto oficial en retiro.
Néstor Osuna, ministro de Justicia, confirmó las 8 extradiciones.
Ministerio de Justicia
Al final del consejo de ministros del lunes, el jefe de la cartera de Justicia, Néstor Osuna, confirmó la primicia de EL TIEMPO, al igual que Mauricio Lizacano, director del Departamento Administrativo de la presidencia (Dapre).
Según Osuna, el aval a esas ocho extradiciones es una clara muestra de que en Colombia sigue vigente y operando el mecanismo de cooperación judicial.
“Se ha seguido el trámite regular, el trámite que se adelanta en el Ministerio de Justicia, el trámite también en la Presidencia de la República y el presidente de la República Gustavo Petro firmó esas extradiciones”, explicó Osuna.
Cuando se le preguntó por el estado de la extradición de Álvaro Córdoba (hermano de la senadora Piedad Córdoba), dijo que seguía los trámites de ley.
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Por su parte, Lizcano aseguró: “El presidente @petrogustavo firmó hoy 8 extradiciones a los Estados Unidos, lo que significa que el presidente mantiene la potestad para decidir o no las extradiciones de acuerdo a los intereses de Colombia”.
¿Qué dice la oposición?
María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático.
Prensa Centro Democrático
Tras la primicia de EL TIEMPO, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, ahora en la oposición, aseguró que el mecanismo de extradición “es un deber del presidente de la República”.
Y agregó: “Se debe hacer en el ánimo de la cooperación con la justicia de Estados Unidos proceder con la solicitud de extradición de los criminales. La garantía del Presidente no solo es con los criminales, sino con la sociedad y con los convenios o tratados internacionales, que está en la obligación de cumplir”.
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De hecho, Cabal manifestó que se debe proceder “así sea el hermano de Piedad Córdoba (Álvaro Fredy Córdoba) o cualquiera, que en todo caso ante la justicia de ese país podrá defenderse como corresponde”.
Piedad Córdoba con su hermano, en La Picota.
Archivo Particular
EL TIEMPO también consultó el trasfondo judicial de estas primeras extradiciones de la era Petro con el exfiscal Eduardo Montealegre, quien, hasta hace unas semanas, hizo parte del equipo de expertos que empezó a delinear el marco jurídico para el acogimiento de estos delincuentes.
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Sobre las ocho extradiciones reveladas por EL TIEMPO, dijo que el Gobierno actuó conforme a las condiciones actuales de este proceso de cooperación internacional: “Todavía no tienen un marco normativo nuevo que les permita avanzar en negociaciones. El que hay es insuficiente. Por ello, presentaron un proyecto de ley en el Congreso, el día de ayer”.
¿En qué va el marco jurídico?
El exfiscal Eduardo Montealegre.
Y el exfiscal se mostró de acuerdo con la política de extradición que plantea Petro: “Si no hay colaboración para desmantelar estructuras armadas, lo procedente es extraditar. Le corresponde al Presidente, en cada caso, sopesar si existe o no ayuda eficaz en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
EL TIEMPO estableció que el marco jurídico de acogimiento se tramitaría vía fast track y se extendería hasta 2023.
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También tendría un componente de justicia restaurativa. Además, la entrega de información, rutas del narcotráfico, socios de criminalidad y bienes a cambio de beneficios judiciales.
Danilo Rueda fue designado Comisionado de Paz.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Varios de los componentes de este marco jurídico se retomarían de Justicia y Paz (desmovilización de paramilitares) y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se aplica en el acuerdo de paz con la exguerrilla de las Farc.
Así, habrá pena de cárcel efectiva, aunque aún no se sabe si será de 5 años o de 8 años como se estableció en Justicia y Paz. En todo caso, se tendrá en cuenta la pena cumplida, lo que les abriría las celdas a narcotraficantes y viejos paramilitares.
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El comisionado de paz, Danilo Rueda, advirtió que “ningún proceso de paz significará impunidad, todos los procesos, con independencia de su naturaleza, se regirán por la Constitución e igualmente estarán en el centro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las reconstrucciones territoriales urbanas y rurales”.
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