Estado nunca giró plata para enterrar a muertos del Andino

El sábado 17 de junio de 2017, minutos después de que un artefacto explosivo mató a tres personas y dejó gravemente heridas a nueve más, empezaron a llegar funcionarios de todo nivel a condenar el brutal ataque en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá.

El alcalde de la época, su secretario de Seguridad y hasta el presidente de la República se comunicaron con las familias. Y, tras el pésame protocolario, autoridades les indicaron las rutas habilitadas para recibir desde un auxilio funerario hasta apoyo psicológico para los sobrevivientes y los parientes golpeados física y emocionalmente por el acto terrorista.

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Pero, 3 años largos después de atentado, el proceso judicial avanza lentamente en medio de polémicas y de libertades por vencimiento de términos. Y muchos de los afectados no han recibido siquiera el giro prometido para enterrar a sus muertos o la ayuda para superar el ataque.

Uno de ellos es don Jaime, el padre de Ana María Gutiérrez, víctima fatal del atentado. Vivían juntos, y ella –administradora de 40 años– se había convertido en el centro de su vida.

“Luego de que mi hermana regresó de México, empezó a trabajar en la empresa inmobiliaria de la familia. Era la consentida de mi padre, de 82 años, y ella lo idolatraba. El día del atentado tenía una cita con una amiga en el Andino, y fue ella la que nos dijo que Ana María estaba en el baño en el momento de la explosión”, recuerda Jaime Alberto Gutiérrez Ramos.

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La amiga contó que ambas iban ingresando al tiempo al centro comercial, pero Ana María le anunció que dejaba el carro con el valet parking porque tenía urgencia de entrar al baño más cercano, y resultó ser el mismo que eligieron los terroristas.
Aunque Ana María salió con vida del Andino, no la pudieron salvar. La bomba le explotó de frente y le hizo estallar los órganos vitales.

“A mí me llamó el secretario de Seguridad de Bogotá, y hasta el presidente. Pero la ayuda económica y psicológica de la que hablaron no ha llegado. Gracias a Dios, somos una familia muy unida y pudimos darle a mi padre el soporte emocional, y a mi hermana una ceremonia póstuma como se merecía. Pero hay muchos otros casos en los que no les dieron ni una aspirina. Nos sentimos abandonados”, dice Gutiérrez Ramos, profesional en finca raíz.

El caso es tan extremo que tuvieron que interponer una acción de tutela –a través del penalista Francisco Bernate– para que los reconocieran como víctimas del conflicto armado en la Agencia Nacional de Víctimas.

“Lo único que buscamos es verdad, justicia y reparación, No somos jueces para condenar a nadie. Pero le exigimos al Estado que el caso no se frene y que no se olviden de las víctimas”, agrega Gutiérrez.

Y sin dar nombres, recuerda que, recientemente, al menos 5 involucrados –entre ellos Cristian Santiago Sandoval y César Andrés Barrera– fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, aunque la Fiscalía decía tener evidencia contundente.

Por ejemplo, Sandoval, capturado en julio del 2017, fue señalado de ser ficha del Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp), un grupo terrorista urbano que estaría detrás del atentado y tendría nexos con el Eln.

Y aunque esta semana trascendió que Natalia Trujillo, una de las vinculadas, estaba dispuesta a colaborar, el tema se enredó por el nexo que se hizo entre la Universidad Nacional con la ahora informante. De hecho, la vicefiscal, Martha Mancera, tuvo que salir a aclarar que no se estaba estigmatizando a ninguna institución y que ese apartado se debió retirar del documento.

Al respecto, Francisco Bernate, abogado de las víctimas, lamentó que en el centro del debate no haya estado la importancia del preacuerdo con Trujillo ni en las víctimas.

“La Fiscalía debió salir a respaldar al fiscal de caso, que se está jugando la vida en un tema delicado”, dijo Bernate.

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Toda la evidencia de lo que las víctimas y sus familiares llaman ‘el abandono del Estado’ está en un chat conjunto en el que a diario buscan desde mecanismos legales para visibilizar lo que está pasando, hasta una voz de aliento para seguir adelante.

“Tramitamos el auxilio estatal con el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), ahora Adres. Nos prometieron entre 15 millones y 20 millones de pesos, pero ya han pasado tres años largos y no lo han aprobado. La burocracia es total”, agrega el hermano de Ana María.

Y tras consultar el chat afirma que, por ley, las familias de las tres personas fallecidas (ellos incluidos) y de Pilar Molano (quien perdió una pierna en el atentado) tenían derecho a acceder al auxilio.

Pero esta es la hora en que la ayuda no ha llegado.

“Es patético cómo funciona el Estado en estos casos. Y las directivas del centro comercial ni siquiera nos han hecho una llamada”, dice Gutiérrez.

Otras víctimas preguntan si la libertad de implicados se debe a maniobras de su defensa o a un descuido dentro de un caso que implica a una poderosa red terrorista.

Natalia Trujillo reconoció ser parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo –estructura ligada al Eln que puso la bomba en el Andino–, por lo que fue condenada a 47 meses de cárcel.

Pero esta semana un juez le avaló un preacuerdo con la Fiscalía, en el que Trujillo se compromete a dar datos claves sobre las otras 9 personas vinculadas al atentado terrorista. A cambio de esa colaboración, se le suspendió la acción penal por un año y recobró su libertad.

Sin embargo, se desató polémica porque durante la audiencia un fiscal describió que Trujillo era estudiante de la Universidad Nacional, lo cual causó indignación en esa institución.

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De hecho, la vicefiscal general, Martha Mancera, dio una rueda de prensa en la cual explicó que eso se había desautorizado y que parte de la información que al respecto circuló en redes era falsa.

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