En los próximos meses, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) empezará a usar un nuevo mecanismo para controlar disturbios.
EL TIEMPO estableció que la Policía logró que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le aprobara una patente para desarrollar un equipo que si bien busca evitar la confrontación física con los protagonistas de bloqueos y disturbios –en cárceles o vía pública–, tiene en alerta a expertos en seguridad.
Se trata de un dispositivo electromecánico con el que se puede controlar de manera remota una tanqueta policial un poco más pequeña que las antidisturbios tradicionales.
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El aparato –diseñado por la Escuela de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Policía– permitirá la manipulación de armamento no letal y hasta de herramientas para el derribo de barricadas.
“Aún persisten problemas para contar con un sistema o equipo que permita una efectiva protección de los miembros de la Fuerza Pública, cuando estos se ven expuestos a ataques en marchas, revueltas o exhibiciones públicas, sin proceder al uso de fuerza excesiva o abuso de autoridad”, se asegura en un documento que sirvió de soporte para que la SIC aprobara la patente, el 22 de enero pasado.
Con ese visto bueno, la Policía ya tiene vía libre para desarrollar a gran escala estas tanquetas, que tendrían un costo por unidad de 600 millones de pesos y que parecen un híbrido entre un tractor y un tanque.
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Aunque su desarrollo permanece bajo reserva, este diario tuvo acceso a documentos y fotos que explican su funcionamiento.
Este es el prototipo del vehículo antidisturbios no tripulado que diseñaron ingenieros policiales y que tiene una proyección de costo de 600 millones de pesos.
Archivo particular
Las tanquetas tendrán dos carabinas automáticas que están ensambladas en un mecanismo de disparo y posicionamiento de elementos de aturdimiento, marcación y disuasión.
El dispositivo permite el control de un lanzagranadas múltiple de gas incorporado a las tanquetas, al igual que un cañón dispersor de agua.
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Por cuenta del desarrollo robótico que realizaron seis ingenieros policiales, el sistema está en la capacidad de controlar un cañón adicional de aturdimiento acústico de largo alcance, y otro de desbloqueo de barricadas. Además, tendrá un centro de mando y de visualización para su manejo.
Aún persisten problemas para contar con un sistema o equipo que permita una efectiva protección de los miembros de la Fuerza Pública, cuando estos se ven expuestos
EL TIEMPO indagó si esas tanquetas no tripuladas usarán el proyectil que causó la muerte del estudiante Dilan Cruz, pero la Policía lo descartó de plano.
También se consultó con expertos en temas de seguridad, quienes advirtieron que es necesario que se implementen protocolos de uso de las nuevas tanquetas no tripuladas y se establezca una línea de responsabilidad en caso de que se presente un episodio como el del joven Dilan Cruz.
Este ocurrió el 23 de noviembre de 2019 y, cinco meses después, se cayó la decisión que había enviado el expediente a la justicia penal militar. Ahora, la Judicatura deberá dirimir si lo deja en esa jurisdicción o lo pasa a la justicia ordinaria.
Al respecto, el coronel (r) y consultor internacional en seguridad John Marulanda aseguró que ningún Estado puede darles la espalda a los avances tecnológicos que se están registrado en diversos frentes a nivel global, y más cuando se trata de herramientas que permiten minimizar los riesgos que corren los uniformados.
“Pero esto también implica un gran compromiso, por lo que se requieren protocolos y capacitaciones para quienes operen estos aparatos y, en especial, para que haya responsabilidad de mando en caso de que se presente algún inconveniente o abuso”, precisó Marulanda.
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El 22 de enero, con la resolución 1147, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avaló la patente del vehículo no tripulado para atender disturbios.
EL TIEMPO
En igual sentido se pronunció Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien agregó que previo al uso en terreno de estos equipos robóticos es necesario establecer una legislación clara sobre cómo se deben operar y cuáles son las responsabilidades de quienes los manejen remotamente.
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“La Corte Constitucional debe vigilar que estos equipos se utilicen cumpliendo parámetros de derechos humanos, porque la tecnología sí debe ser usada para reforzar la seguridad del país, pero con controles estrictos que eviten posibles desmanes”, enfatizó Rosanía.
En todo caso, la Policía le admitió a EL TIEMPO que aún se encuentra trabajando en la elaboración de procedimientos –para poder desarrollar esta tecnología a gran escala– y en la proyección de presupuestos.
600 millones de pesos es el costo estimado de cada vehículo, debido al material requerido para proteger la estructura del dispositivo electromecánico de control remoto.
Al mismo tiempo, están elaborando protocolos para su uso cuando todo esté listo para llevar estos robots a terreno.
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“Ahora trabajamos en protocolos de fabricación para comenzar con la siguiente fase”, dijeron en la Policía.
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