Encapuchados que vandalicen marchas pagarían 10 años

Encapuchados que vandalicen marchas pagarían 10 años

Liberales proponen crear delito de vandalismo, así no se esconda rostro. Gobierno analiza respaldo.

Encapuchados

Encapuchados como los que atacaron el edificio del Icetex, el 27 de septiembre, empezarían a pagar cárcel por vandalismo.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
09 de octubre 2019 , 12:48 p.m.

Al Congreso de la República acaba de llegar un proyecto de ley que, en esencia, busca crear el delito de vandalismo.

Tiene tan solo tres artículos, que se adicionarían al Código Penal, y aparecen en momentos en los que en el Gobierno se volvió a insistir el entrar a regular la protesta social, que en las últimas semanas ha terminado en ataques a infraestructura estatal y privada, y a fuerza pública.

El primero en hablar del tema fue el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Y el tema ha sido recogido por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

De hecho, se han dado reuniones en Casa de Nariño para analizar posibles escenarios de regulación, bajo la premisa de que no se satanice el derecho a la protesta, pero sí que haya reglas claras que eviten la violencia.

Incluso, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, salió este martes a respaldar las marchas de apoyo al senador Álvaro Uribe, tras su citación a indagatoria en la Corte Suprema.

“Es un llamado a una participación ciudadana en un respaldo al presidente Uribe y, en ese orden de ideas, esperamos que todo transcurra normalmente y que no haya ningún tipo de agresión”, precisó Gutiérrez.

Sin embargo, la iniciativa, del representante liberal Víctor Manuel Ortiz, por ahora no contempla imponer límites a la protesta.

Lo que se quiere es convertir en delito el vandalismo e imponer duras penas de cárcel cuando se den agravantes violentos que se deriven de las marchas.

“El que, valiéndose de una protesta, manifestación o movilización pública, dañe, atente o destruya los bienes públicos o privados, (y/o) atente contra la integridad física de los miembros de la Fuerza Pública incurrirá en prisión de 6 a 8 años”, dice el articulado, conocido por EL TIEMPO.

Cero encapuchados

Y eleva la pena de 8 a 10 años de prisión si, entre otros casos, la persona incurre en vandalismo “ocultando su rostro total o parcialmente, de tal manera que no permita su identificación o la dificulte”.

El autor del proyecto de ley les dijo a reporteros de este diario que no quiere criminalizar a quienes pacíficamente se manifiesten, pero sí busca que el Estado tenga herramientas severas para castigar a quienes cometen actos delictivos en las protestas.

En efecto, agrega Ortiz, no se quiere penalizar a los estudiantes que pacíficamente salen a las calles a pedir más recursos para las universidades públicas o a exigir el esclarecimiento de casos de corrupción.

Incluso, precisa que la protesta política, como las que convocó el uribismo, tampoco se puede criminalizar a menos que se cometan desmanes.

Por eso, el foco está en grupos clandestinos como el llamado ‘A-K Alkombate’, conformado por unas 20 personas y que, como lo reveló en exclusiva EL TIEMPO, es el principal protagonista de los desmanes y actos vandálicos registrados durante las recientes marchas en Bogotá.

Asalto al Icetex

Asalto al Icetex

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

Se escoden tras capuchas, usan bazucas artesanales elaboradas con tubos y fabrican papas bomba para enfrentarse al Esmad y generar caos, tal y como pasó la semana anterior frente la Universidad Pedagógica. También se quiere perseguir a quienes atacaron la sede del Icetex.

EL TIEMPO supo, además, que sobre la mesa hay un concepto del Consejo Superior de Política Criminal –sobre otro proyecto de ley que no prosperó, pero que en esencia busca lo mismo que el de Ortiz–, en el cual se califica de “inconveniente” crear un tipo penal como el de “vandalismo”.

Lo que se argumenta es que los actos que tipificarían ese delito ya existen en la normatividad y que, por lo tanto, “resultaría redundante” volverlos a implementar con una iniciativa independiente como esta.

Lo cierto es que en menos de dos semanas el proyecto del liberal Ortiz comenzará a discutirse en la Comisión Primera del Senado, y desde ya, en pleno cierre de la campaña electoral, se avecina un duro debate sobre la conveniencia de reglamentar la protesta social.

Organizaciones clandestinas en Bogotá

Además de los AK, en el listado de organizaciones terroristas activas en Bogotá figura un reducto muy mermado del llamado ‘Movimiento Revolucionario del Pueblo’ (MRP), responsable, entre otras, de la bomba en el centro comercial Andino, el 17 de julio de 2017.

También está activa una célula urbana del Eln, cuyo ‘Frente de Guerra Urbano’ es el que más ha golpeado ciudades como Barranquilla, con el atentado a la estación de Policía, el 27 de enero de 2018; y la bomba a la Escuela de Cadetes de esa misma institución, el 17 de enero de 2019. Sin embargo, ya no tienen en sus filas a Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton, uno de sus coordinadores, capturado el 2 de agosto pasado.

Figuran, además, la ‘Coordinadora Clandestina Simón Bolívar’, a la que la banda de disidentes de ‘Iván Márquez’ se ha referido en sus videos. A ese grupo se le incautaron varias cartillas con instructivos, en la casa del barrio Policarpa, que habían sido patrocinadas por el ‘Frente Décimo Martín Villa’ de las ex-Farc.

El listado lo completan el ‘Movimiento Jaime Báteman Cayón’, que hace paradas militares en la Nacional; la ‘Brigada Rebelde Andrés Almarales JM-19’ y las llamadas juventudes camilistas.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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