Luz Marina Campos Oviedo se convirtió, de la noche a la mañana, en una jugadora importante del sector del papel, computadores, licencias informáticas y útiles de oficina. Entró a ofertar en las grandes ligas de la contratación estatal, como accionista y representante de la firma Inversiones y Suministros y del consorcio Jeroam.
La mujer manejaba todo desde una casa del barrio Veracruz, del sur de Bogotá, comenzó a inyectarle capital a su firma y a aparecer con frecuencia en ofertas públicas y privadas.
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Aunque Campos, de 67 años y oriunda de Carmen de Apicalá, no era muy conocida en el gremio, pujaba en subastas inversas de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente para hacerse con jugosos contratos.
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Pero después de allanamientos, interceptaciones telefónicas, interrogatorios y una temporada tras las rejas, Campos acaba de firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que dejó al descubierto la estrategia de engaño que involucra a un empresario de renombre, proveedor de las Fuerzas Militares, los ministerios de Hacienda y Salud, el Inpec, la Aerocivil, la Cámara de Representantes, el Hospital Militar, el Invías y 79 entidades más.
“En el año 2014 me encontraba en una situación económica bastante complicada. En ese mismo año recibí una propuesta de trabajo muy atractiva de parte de una persona muy cercana a mi familia”, dice Campos, con voz entrecortada, en un video en el que le pide perdón a Colombia Compra Eficiente, en cabeza de José Andrés O’Meara, quien se constituyó en víctima e impulsó la investigación (ver nota abajo).
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Y continúa: “Me propuso que fuera representante legal de una empresa que él iba a crear y que lo único que yo debía hacer era obedecer lo que él o sus representantes me ordenaran”.
“El mensaje es contundente, quienes opten por la trampa para acceder a contratación con el Estado lo pierden todo. Maniobras como estas terminan con cárcel: José Andrés O’Meara
José Andrés O'Meara, director de la Agencia Colombia Compra Eficiente.
Archivo El Tiempo
Entre los roles de Campos, que ahora busca hacerle el quite a una condena de 12 años, estaban el de firmar papeles e ir a bancos, notarias y entidades a firmar documentos.
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“Me pintó tan fácil mis labores que decidí aceptar el trabajo por un salario mínimo. La nueva empresa trabajaba con entidades del Estado, por lo que me tocaba ir a esas entidades a firmar papeles”, dice la mujer, y agrega que su patrón era dueño de otra empresa que se dedicaba a lo mismo. Por eso ahora testificará en su contra.
Y admite que ella era una fachada que aparentaba competir contra la otra empresa de su patrón, para ganar contratos con esas entidades.
(Además: Fiscal de Cali dice que no es colaboradora del excapo 'Mueblefino') El primer campanazo de la trampa la dio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que, en 2016, empezó a investigar a Campos por cinco procesos licitatorios de acuerdo marco de precios y descubrió la conexión con el patrón.
Y funcionarios de Colombia Compra Eficiente ubicaron 87 órdenes de trabajo, por 2.873 millones de pesos, que involucraban a la misma red.
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La Fiscalía le imputó a la mujer falsedad en documento privado, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir tras probar que, de cerca de 300.000 millones de pesos que movió ese sector de papelería y útiles de oficina, su grupo se quedó con el 1 por ciento de todo el mercado.
“Me arrepiento profundamente de haber prestado mi nombre y mi firma y reconozco que nunca debí meterme en algo que me sobrepasaba totalmente y que me llevó a pisar una cárcel”, dice Campos en el video, que accedió a grabar como reparación simbólica con Colombia Compra Eficiente, sin mencionar a su patrón.
EL TIEMPO estableció que se trata de César Fernando Laguna Vargas, dueño de la firma Ferlag, quien obtuvo por esa vía unos 3.000 millones de pesos en contratos.
La Fiscalía asegura tener evidencia para probar que Laguna tenía una empresa criminal conformada por varias compañías y personas (incluidos allegados) para participar simultáneamente en procesos de selección.
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De hecho, fue detenido el 5 de julio de 2019 y llevado a La Modelo. Pero quedó en libertad el 18 de noviembre de 2020, en plena pandemia, decisión que fue apelada por solicitud de Colombia Compra Eficiente y que será resuelta el próximo 8 de marzo.
EL TIEMPO se puso en contacto con el abogado de Laguna, pero aseguró que ejercerán su defensa ante las autoridades y se abstuvo de revelar cuál será la estrategia de defensa para que su cliente no sea condenado a más de 12 años de cárcel.
Y en la Fiscalía informaron que ya se iniciaron las audiencias preparatorias para llevar a juicio a Laguna, otrora reconocido proveedor del Estado.
“El mensaje es contundente, quienes opten por la trampa para acceder a la contratación con el Estado lo pierden todo. Maniobras como estas terminan con cárcel y el cierre de por vida de todas las oportunidades para ser proveedor del sector público”, dijo José Andrés O’Meara en diálogo con EL TIEMPO.
Y agregó que la agencia tiene claro que cualquier episodio irregular, sin importar la cuantía, los llevará a activar alertas y, sin dudarlo, trasladar el caso ante las autoridades. “Así sea un centavo el que esté en riesgo por culpa de mafias, lo denunciaremos y actuaremos para que se declaren las responsabilidades penales como ocurrió en este caso”, dijo.
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Para evitar hechos similares, firmaron un convenio con la Dian para hacer interoperable el RUT y el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Así se conocerán con exactitud las cadenas contractuales del Estado.
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