Una abrupta crisis hipertensiva, con dolor abdominal severo (por posible antecedente de cálculos en la vesícula), no fue suficiente para impedir que el CTI de la Fiscalía hiciera efectiva, este lunes, la captura de Emilio Tapia Aldana, el exconvicto empresario de Sahagún, Córdoba.
Hace 12 años, este terminó en La Picota, acusado de ser el cerebro del saqueo de las arcas de Bogotá, dentro del llamado ‘carrusel de la contratación’. Y, ahora, aparece como ficha clave dentro del escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).
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EL TIEMPO estableció que hasta el Hospital de la Misericordia de Barranquilla se desplazaron hombres de la Fiscalía y le leyeron la orden de detención en la que también figura Luis Fernando Duque Torres, el representante legal de Centros Poblados. De hecho, a esa misma hora, Duque estaba siendo capturado en su casa de Puerto Colombia.
El cuarto hombreY, en una zona exclusiva de El Poblado, en Medellín, estaban esposando a Juan José Laverde Martínez, gerente encargado de Rave Agencia de Seguros.
Tapia, Duque y Laverde tienen un denominador común: la Fiscalía tiene evidencia de que los tres están involucrados en la consecución de las garantías con las que se respaldó el contrato, por 1,7 billones de pesos, con el Mintic.
Para el Banco Itaú no hay duda de que se trata de documentos falsos. Pero ellos no fueron los únicos capturados.
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Este diario estableció que hay un cuarto hombre al que la Fiscalía busca escuchar: Jorge Enrique López.
Se trata de un constructor que habría servido de enlace entre Centros Poblados y supuestos funcionarios del Itaú para conseguir los documentos que resultaron falsos. EL TIEMPO ya lo había mencionado, al igual que a su socio, Jorge Alfonso Molina García-Mayorga. Sin embargo, Molina se habría blindado, buscando sellar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Por eso, no se le ha librado orden de captura.
“Confío en que Luis Fernando pueda demostrar su inocencia. Puedo dar fe de que no tenía conocimiento de que las garantías no habían cumplido la totalidad de los requisitos internos del banco. Por lo que he conocido hasta el momento, Centros Poblados fue víctima de un grupo de personas dedicadas a engañar a oferentes y contratistas posiblemente integrado, en parte, por funcionarios del Banco Itaú”, le aseguró a este diario Jorge Pino, abogado de la UT.
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Y la defensa de Laverde señaló que en más de tres oportunidades se solicitó la ampliación de su interrogatorio y que este entregó información clave. Por eso, lamentaron que lo hubieran capturado sin haberlo escuchado.
Tapia no le quiso revelar a EL TIEMPO el nombre de su abogado.
Pero, a partir de testimonios y de otros elementos probatorios, el fiscal 79 de la Unidad Anticorrupción ha podido determinar la presunta participación de los capturados en el caso de Mintic.
Además, que no se trata de un caso aislado y que existen más contratos, con documentos falsos, en los que aparecen algunos de estos mismos personajes.
EL TIEMPO reveló la existencia de otra garantía, calificada como falsa por Itaú, en un proceso por 18 millones de dólares en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), en julio pasado.
Y a partir de esa información, los investigadores establecieron que hay un claro patrón y una ‘cantera’ de documentos falsos que vienen siendo presentados en licitaciones públicas.
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La hipótesis la terminó de amarrar el hallazgo de varios contratos suscritos en Cali, en donde aparece tanto Jorge Enrique López como CM Construcciones y Mantenimiento S. A. S., empresa de Jorge Molina.
En algunos de ellos, con Emcali, habrían usado cupos de crédito falsos –también del Itaú– para que les fueran adjudicados.
En cuanto a la participación de Tapia en la trama, esta se basa en testimonios de varios de los implicados. De hecho, han hablado de valiosos predios vinculados al caso, adquiridos especialmente en los alrededores de Medellín.
Y si bien Tapia le negó a EL TIEMPO haber participado en reuniones en las que se habló del tema de las garantías con algunos de los implicados, se hizo una labor de georreferenciación de celdas de celulares para saber si estuvieron o no reunidos.
Además, se chequean chats y correos a través de los cuales se confeccionaron las garantías.
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En esa parte de la investigación, la firma Intec de la Costa, una de las socias de Centros Poblados, es otra de las fichas clave. El capturado Luis Fernando Duque ha insistido en que a Intec se le encomendó el tema de las garantías.
Al cierre de esta edición se estaban coordinando traslados para llevar a cabo las audiencias de legalización de captura, de imputación y de medida de aseguramiento de los hasta ahora capturados.
Pero la Fiscalía se alista a librar otras detenciones, a través de jueces de garantías, relacionadas con otros contratos y con un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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En este capítulo es clave el apoyo del FBI.
Anoche también se definía si Tapia podía ser sacado de urgencias del Hospital de la Misericordia de Barranquilla y si sus dolencias se podrían tratar de manera ambulatoria.
La Fiscalía prepara dos nuevas fases dentro del caso, con más capturados.
Tal como lo anticipó EL TIEMPO, el FBI viene apoyando a la Fiscalía de Colombia en la investigación por el uso de los 70.000 millones de pesos que se le entregaron a Centros Poblados como anticipo. Este diario estableció que el fiscal general, Francisco Barbosa, ha sostenido varias reuniones para hablar de los primeros hallazgos. Además, que se decidió que el caso quedara en cabeza de la oficina del FBI en Washington.
Aunque la cuenta bancaria que recibió parte del anticipo y la empresa a la que se le giró (Nuovo Security) quedan en Florida, la colaboración judicial se hizo a través de canales diplomáticos, directamente en Washington. El caso aún no tiene fiscal designado, pero las pesquisas avanzan.
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