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Ecopetrol envía a la Fiscalía contratos con jueza de Reficar
Corrupción en Reficar

La Fiscalía dice que se “modificaron cláusulas y acuerdos, causando un sobrecosto que duplicó el presupuesto de US$ 3.700 a US$ 8.000 millones.

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Yomaira Grandett. Archivo EL TIEMPO

Ecopetrol envía a la Fiscalía contratos con jueza de Reficar

La petrolera los canceló y dio aviso a la Judicatura y a la Procuraduría.

La empresa de mayoría estatal Ecopetrol canceló este viernes los contratos que tenía vigentes con la empresa Dispetrocom Ltda., para el suministro de combustibles en algunas regiones del país. La decisión fue adoptada dos días después de que EL TIEMPO reveló que esa firma está ligada a Betulia Orduña Holguín, la jueza 31 penal, que está a cargo de parte del proceso por el llamado escándalo Reficar.

En efecto, desde enero de 2018, la jueza tiene en su despacho los casos en contra de Reyes Reinoso, el expresidente de la refinería; Orlando Cabrales, exrepresentante legal; Pedro Rosales, exmiembro de su junta, y Felipe Laverde, su exvicepresidente jurídico. También, de Philip Asherman y Masoud Deidehban, representantes de CB&I, la empresa contratista, y hasta el revisor fiscal, Carlos Lloreda.

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Y de manera simultánea, su empresa firmó al menos dos contratos con Ecopetrol –dueña de Reficar y víctima dentro del proceso–, el más reciente de este año.

A Fiscalía y Judicatura

La revelación llevó a los apoderados de algunos de los procesados a recusar a la jueza, que había citado para el 4 de noviembre el inicio de la audiencia preparatoria de juicio.

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Y si bien Ecopetrol dijo en un comienzo que desconocía el nexo de su contratista con la juez, y que era a la funcionaria a la que le correspondía evaluar algún impedimento, dio un viraje en su postura.

Además de cancelar los contratos, envió el caso a la justicia penal y a la disciplinaria.

Juicio, frenado

La razón, según Ecopetrol, al suscribir el ‘Compromiso con la integridad’, documento exigido para contratar con Ecopetrol, en ningún momento la funcionaria de la Rama Judicial declaró un posible conflicto de intereses, ni reveló su condición de juez de la república ni reportó una incompatibilidad o impedimento de orden constitucional o legal para fungir como representante legal de Dispetrocom Ltda.

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“Esta omisión en la declaración juramentada sobre cumplimiento y transparencia fue la razón para terminar de forma anticipada los contratos”, aseguró la empresa.

Y anunció que puso estos hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, “para que adelanten las investigaciones de rigor acorde con sus competencias”.

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El primer efecto de la postura de la petrolera, unida a la recusación a la juez, es que el inicio de juicio a los responsables queda paralizado de manera temporal.

No obstante, no hay peligro de que se presente una prescripción debido a los delitos imputados: presunto interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad documental y enriquecimiento ilícito de particulares.

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u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET

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