El pasado jueves, el teniente coronel Óscar Hernán Cortés, uno de los oficiales más curtidos de la Policía Nacional, estuvo declarando durante varias horas en la Procuraduría General.
Aunque la diligencia se adelantó bajo reserva, EL TIEMPO estableció que no fue el único oficial en ser citado e interrogado ese día. Al menos otros tres uniformados, adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) –de la que Cortés es subdirector–, o de puertos y aduanas nacionales, fueron escuchados por una alta funcionaria de la entidad.(Lo invitamos a leer: Amenazan al capitán que indagó en la Policía muerte de Javier Ordóñez).
José Andrés Romero, director de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), recibió uno de los reportes sobre el tema.
EL TIEMPO / Cortesía
El caso, que hasta ahora es una indagación preliminar, está relacionado con una serie de alertas y anónimos que llegaron desde hace al menos un año tanto a la Dian como a la Procuraduría. Entre varios temas, aseguraban que un grupo de oficiales y de servidores públicos ingresaron a datos reservados para extraer ilegalmente información de contribuyentes, en una especie de operación de inteligencia ilegal.
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El 31 de mayo de 2019, desde la subdirección de control disciplinario interno de la propia Dian, llegó una de esas alertas, que tomó dos caminos: el de la Procuraduría y el de la Inspección de la Policía.
El caso quedó en manos de la Delegada para la Fuerza Pública, en cabeza de Hermán Rincón, y de una funcionaria de confianza de Fernando Carrillo, Procurador General.
Juan Carlos Buitrago fue, hasta febrero, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Archivo Particular
La información era precaria y mezclaba diferentes temas. EL TIEMPO estableció que el propio director de la Dian, José Andrés Romero, informó que le habían reportado que al menos dos servidores de la Polfa “podrían estar haciendo uso indebido de la información consultada a través de los roles asignados por la Dian para fines que no son propios de sus funciones”.
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Y aunque el caso pareció perder fuerza, luego de que un oficial encargado de la Inspección de la Policía emitió (en 2019) un auto inhibitorio, al no encontrar evidencia, en las últimas semanas la Procuraduría ha solicitado abundante información tanto a la Dian como a la Policía para establecer definitivamente qué fue lo que pasó.
Además, EL TIEMPO estableció que la Inspección General de la institución reversó el auto inhibitorio y, el 30 de agosto pasado, le notificó a Cortés que quedaba vinculado a la investigación.
Esta es una de las alertas que la Dian envió sobre el tema.
EL TIEMPO
Entre la información que la Dian ha remitido y que ya reposa en el expediente, hay un informe detallado de las actividades realizadas por cuatro oficiales de la Policía y tres civiles durante el tiempo que tuvieron acceso a al menos seis bases de datos de información de la Dian: Carga e Importaciones, Importaciones SYGA, Obligaciones financieras, base de precios de avalúos, Registro Único Tributario y análisis de operaciones.
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Además, se pidió el listado de personas naturales y jurídicas que fueron sometidas a vigilancia por esos servidores públicos al acceder a las bases de datos o sistemas reservados.
“Lo que se busca establecer o descartar es si los permisos concedidos por la Subdirección de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de la Dian fueron usados para otros fines y se obtuvo información reservada de personas que no eran objeto de fiscalización”, le dijo a EL TIEMPO un investigador.
Este es otro de los documentos en los que la Dian notifica las posibles irregularidades
EL TIEMPO
Por eso, por petición de la Procuraduría, la Dian indaga en sus sistemas posibles casos de uso indebido, violación de reserva o acceso a datos reservados por parte de los indagados.
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Además, se pidió señalar a quién le fue asignado el equipo con serial MXL5501ZWP, una relación de las actividades desplegadas desde ese computador y la lista de todas las personas que fueron objeto de revisión o vigilancia por parte de la Polfa.
Allegados a un par de uniformados indagados le aseguraron a EL TIEMPO que detrás de los anónimos hay represalias por los golpes que la Polfa les ha venido dando a diferentes mafias. Incluso, aseguran que alguien se le quiere atravesar al ascenso de Cortés.
“Fue llamado a curso de coronel y pasó la evaluación de manera aplastante. Le quieren dañar la carrera a un buen oficial, que como otros de los que han sido llamados por la Procuraduría, son línea dura de inteligencia”, señalaron.
Y recordaron que el general (r) Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Polfa, también figura dentro de la indagación.
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De hecho, cuando se habló de un supuesto sistema de espionaje económico dentro de la Polfa, Buitrago salió a negarlo tajantemente. Y en su renuncia (en mayo pasado) habló de “injerencia indebida, con cálculos políticos, dentro de la Policía”.
“La indagación en la Procuraduría la tienen que cerrar. No hay nada. No hay ninguna persona de bien afectada por accesos a bases de datos de la Dian. Solo hay bandidos y la ley faculta a la Polfa a perfilar e investigar a sospechosos de infracciones o delitos. Los accesos se hacen con el control de la Dian, en procesos investigativos y administrativos”, dijeron.
La aclaración se debe a que un anónimo señala que en los accesos supuestamente ilegales se buscó información de un congresista y de policías que luego no habrían ascendido dentro de la institución.
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Por eso, para la Dian, para la Polfa y para el país, es urgente que las autoridades entren a aclarar definitivamente qué fue lo que realmente pasó.
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