El viernes en la noche, oficiales de la Sipol y la Sijín, y miembros de la Policía Judicial de Migración Colombia, salieron a ejecutar un operativo para ubicar locales y casas de familia que vienen siendo usados para fiestas clandestinas en plena pandemia.
Labores de inteligencia, rastreo en redes sociales y denuncias ciudadanas dan cuenta de cómo citan a clientes y ofrecen desde trago ilimitado hasta chica y, en ocasiones, trabajadoras sexuales, violando las restricciones por la cuarentena e incluso incurriendo en explotación sexual.
“Usan santo y señas para acceder y ponen letreros de venta de minutos para identificar las viviendas”, le dijo a EL TIEMPO uno de los oficiales que participaron en los operativos, respaldados por la Secretaría de Seguridad del Distrito.
(Le puede interesar: Habla Nicacio Martínez sobre citación de la Fiscalia y nueva denuncia)
Según informes oficiales, ya se han impactado varios lugares en las localidades de Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Usaquén; y se han capturado a 25 personas. Videos en poder de este diario muestran cómo se habilitan garajes con luces de neón y barras para expender licor.
En el caso de Kennedy, el comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez Heredia, aseguró que en una sola casa se ubicaron 16 personas.
En otras ciudades también ha sido detectada esta modalidad que incluye explotación sexual.
Policía Metropolitana
“Estaban en estado de alicoramiento, sin ninguna medida de seguridad. Los cuartos los habían habilitado como tiendas: había mesas, sillas y licores de diferentes marcas, además de chicha y guarapo”, explicó el general Gómez Heredia.
El general agregó que para ingresar exigen una inscripción previa y que los administradores ofrecen servicios sexuales de mujeres que permanecen en la residencia.
Según la Policía, si bien se han ubicado bares, buena parte son residencias que son usadas clandestinamente para venta de licor, explotación sexual y trata de personas.
Por eso, además de la judicialización por violar el decreto de la cuarentena, dictado por el Gobierno, se les imponen comparendos por violar el Código de Policía. Este asciende a 990 mil pesos.
Además, la Regional Andina de Migración Colombia inició procesos administrativos sancionatorios a los propietarios de las viviendas, por tráfico de personas transnacional.
“Se tiene conocimiento de que detrás de estos lugares hay organizaciones criminales de venezolanos que han llegado del país vecino y se están apoderando de algunas zonas en temas netamente de explotación sexual y venta de droga. Incluso han venido desplazando a organizaciones locales”, explicó un investigador.
Y agregó que algunas de las mujeres que atienden estas casas han sido sacadas de los llamados ‘pagadiarios’, especialmente de la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá.
EL TIEMPO tuvo acceso a los documentos de algunas de las mujeres extranjeras y de los capturados, pero las autoridades pidieron que no fueran difundidos hasta que se judicialicen.
Para ingresar exigen una inscripción previa y los administradores ofrecen servicios sexuales de mujeres que permanecen en la residencia.
“A cambio de vivienda y alimentación las explotan sexualmente. Encontramos casos en donde las mujeres viven allí con su hijos menores”, agregó otro de los funcionarios que acompañaron los operativos del fin de semana.
Por eso, las acciones conjuntas e interinstitucionales se van a seguir haciendo y ya hay labores de vigilancia e inteligencia en algunos lugares de la capital.
Desde que se inició el aislamiento por la pandemia, se han capturado 155 personas en 6 localidades, según le dijo a EL TIEMPO el general Gómez Heredia.
Pero en otras ciudades del país hay casos similares que también se están investigando.
El fin de semana, en Cali, se identificaron 40 de estas fiestas clandestinas y por eso sus autoridades evalúan imponer el toque de queda. En Barranquilla también se han documentado varios de estos episodios.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET