Por accidente. Así se enteró el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) de que el contrato, por 1,07 billones de pesos, que adjudicó en diciembre de 2020 para ejecutar uno de los programas bandera del gobierno Duque, tambalea por cuenta de la corrupción.
Ejecutivos del Banco Itaú le aseguraron a esa cartera que las garantías que respaldan el jugoso contrato, para llevar internet gratis por 11 años a cerca de 7.000 colegios rurales del país, fueron burdamente falsificadas.
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Esta es una de las garantías presuntamente falsas. El Itaú dice que las firmas son burdas y apócrifas.
EL TIEMPO
De hecho, si la Unión Temporal Centros Poblados, los ganadores del contrato, no hubieran incumplido con la entrega de algunos puntos de conexión, ni Mintic ni las autoridades hubieran entrado a revisar la autenticidad de los documentos, lo que ya obligó a la ministra Karen Abudinen a iniciar un proceso de caducidad.
El caso es tan escandaloso que, además de denunciarlo a las autoridades, se pidió apoyo de la Policía y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para establecer cómo se le habría metido un ‘gol’ a Mintic en un contrato de doce ceros a la derecha.
La propia Abudinen y la Contraloría General le siguen el rastro a los 70.000 millones de pesos que se pagaron de anticipo.
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“No vamos a permitir que los recursos destinados para conectar a los niños del país se los roben inescrupulosos (...). Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”. Ministra Karen Abudinen
“No vamos a permitir que los recursos destinados para conectar a los niños del país se los roben inescrupulosos (...). Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró la ministra.
EL TIEMPO investigó el caso y obtuvo evidencia de que el millonario proceso en Mintic no es el único en el que aparecen garantías presuntamente falsas, con los mismos protagonistas.
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De hecho, se rastrea una presunta ‘fábrica’ de documentos apócrifos que se vienen usando para obtener contratos públicos. Mientras estallaba el escándalo en Mintic, en otra entidad estatal una firma aspiraba a quedarse con una convocatoria –cercana a los 18 millones de dólares– con garantías que tramitó con los mismos intermediarios.
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El escenario fue la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que el 1.º de julio elegía al inversionista e interventor para el diseño, adquisición de suministros, construcción, operación y mantenimiento de almacenamiento de energía eléctrica, con baterías, para Atlántico.
Este es la garantía presuntamente falsa presentada ante la UPME.
EL TIEMPO
Juan Laverde, de Rave, dice que tan solo relacionó a la Unión temporal con Jorge Molina.
EL TIEMPO
Siguiendo la misma ruta de la Unión Temporal Centros Poblados, la firma Saeb Atlantic S. A. S. E. S. P. obtuvo una supuesta garantía del Banco Itaú para la jugosa convocatoria en la Upme.
Pero al conocer el caso de Mintic se retiró del proceso y elevó denuncia penal. Lo mismo hizo el Itaú.
EL TIEMPO estableció que en ambos casos –en Mintic y en la Upme– es mencionado el empresario Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, constructor de grandes obras de infraestructura. También aparece Rave Agencia de Seguros Ltda., firma paisa con años de experiencia que dice tramitar más de 26.000 pólizas al año.
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Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros.
Archivo Particular
Centros Poblados asegura que Molina y Juan José Laverde (representante legal suplente de Rave) fueron los intermediarios para obtener las garantías. Además, que pagaron por ellas y que es un juez quien debe establecer si son o no falsas.
Laverde accedió a hablar con EL TIEMPO y empezó por advertir que Rave no está autorizada para tramitar garantías y que tampoco tiene nexo con el Itaú.
En presencia de sus abogados –Hernán Miranda y Ómar Cabarcas–, Laverde agregó que fueron los de Centros Poblados los que los buscaron para conseguir pólizas de respaldo para el contrato, que son diferentes a las garantías.
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“Varias aseguradoras se negaron a expedir las pólizas porque no les interesó el negocio y solo logramos sacar la de responsabilidad civil contractual”: Laverde.
Para tal fin se hicieron reuniones virtuales con Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal, y con las cabezas de empresas que la conforman: Intec de la Costa S. A. S., Omega Building Constructora S. A. S., la firma ICM Ingenieros S. A. S. y Novotic.
“Varias aseguradoras se negaron a expedir las pólizas porque no les interesó el negocio y solo logramos sacar la de responsabilidad civil contractual. Faltaba el amparo para el anticipo, el cumplimiento del contrato y los salarios y prestaciones sociales”, señaló Laverde.
Y ahí es donde, dice, entra a jugar Molina, cuyo nombre y firmas figuran en contratos para construcción de cárceles y hospitales.
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“Al no poder conseguir las pólizas, ellos (la Unión Temporal) me preguntan si había mecanismos alternativos y que si conocía a alguien que los haya hecho. Y les dije que hay un avalista que en otros procesos los ha hecho y doy el dato del señor (Molina). Me dicen que lo conocían y yo solo hago el vínculo”, asegura Laverde.
De Molina dice que es uno de los mejores clientes de Rave, a quien conoce desde 2019. Además, que tras el escándalo en Mintic lo llamó para confrontarlo: “Molina me respondió: ‘Estamos arreglando eso’. Colgué y he evitado todo contacto”.
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Los intermediarios insisten en que las garantías se habrían tramitado legalmente.
EL TIEMPO
Pero en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía, Laverde agregó: “Molina manifestó con pasmosa tranquilidad que él estaba en contacto con los funcionarios de Itaú y reiteró que las circunstancias que hacían pensar en la posible falsedad de las garantías se habían suscitado en razón de que una funcionaria del banco desconocía los trámites que se estaban adelantando en otra área de la entidad”.
Pero la vicepresidenta jurídica del Itaú, Dolly Murcia, es enfática en que tras revisar las garantías “se advirtió su falsedad en contenido, numeración y firmas”.
Laverde admitió que él también sirvió de puente en el negocio entre Molina y la firma Saeb Atlantic, la del caso en la Upme.
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Integrante de Centros Poblados con beneficiaria de Internet
Archivo particular Centros Poblados
“(Emilio Tapia) es un conocido de vida. Lo vi la primera vez hace dos años. Pero no tiene nexo con el caso”: Juan José Laverde Martínez.
Sin embargo, advirtió que alertó sobre la presunta falsedad de esa garantía y que todo lo ha denunciado.
Finalmente, dijo que sabía que han intentado vincular al caso de Mintic al empresario de Sahagún Emilio Tapia, condenado por el ‘carrusel de la contratación’.
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Pero cuando se le preguntó por su nexo con Tapia, afirmó que solo lo había visto en tres o cuatro reuniones en Barranquilla y en Bogotá, en las que él fue a asesorar a clientes: “Es un conocido de vida. Lo vi la primera vez hace dos años. Pero no tiene nexo con el caso”.
Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación'.
EL TIEMPO
La ministra Abudinen acudió a autoridades de Estados Unidos para que se rastree la ruta del anticipo.
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La Contraloría avanza en la investigación y el Invías congeló un anticipo de un contrato con ICM Ingenieros (parte de la Unión Temporal).
Esa firma ya había sido indagada por nexos con Álvaro Cruz, el exgobernador de Cundinamarca condenado por el ‘carrusel’.
Y aunque la Unión Temporal insiste en ceder el contrato, Mintic lo descarta y le inició un proceso sancionatorio a la interventoría. Esta ha dicho que no estaba en su rol avalar garantías y que el anticipo ya se invirtió.
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La ministra Karen Abudinen ha dicho que irá hasta las últimas consecuencias con el caso.
Archivo Particular
EL TIEMPO estableció que Mintic tenía contratada a la empresa SES Colombia S. A. S. para verificar todas las pólizas y garantías.
Libardo Polanco, su vocero, le dijo a este diario que está colaborando con las autoridades y que por cláusulas de confidencialidad no puede entregar información en esta etapa del caso.
Por ahora, además del lío de las garantías, se quiere confirmar o descartar versiones según las cuales se pagó un soborno, por 6.000 millones de pesos, a un exfuncionario que tuvo acceso a datos reservados de la licitación.
EL TIEMPO intentó hablar con Jorge Alfonso Molina, pero no respondió.
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El abogado Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados, insiste en que el escándalo desatado por la presunta falsedad de las garantías del contrato con Mintic se puede solucionar sin que se afecte a la comunidad.
“No vale la pena esperar un pleito de 10 años. La Unión Temporal está dispuesta a dar un paso al costado y ceder el contrato, e incluso a conseguir otras garantías mientras se aclara lo sucedido”, le dijo a EL TIEMPO.
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“La ministra Abudinen no se puede atribuir una función jurisdiccional y convertirse en juez”. Abogado Jorge Pino.
Y agregó que los 70.000 millones de pesos del anticipo ya fueron invertidos.
Sin embargo, para Pino es a un juez de la República a quien le corresponde establecer si las garantías son o no auténticas: “La ministra Abudinen no se puede atribuir una función jurisdiccional y convertirse en juez”.
Y agregó que Mintic le creyó al Itaú sin que aún se investigue si funcionarios del banco expidieron o no los papeles: “Pedí que me dejaran interrogarlos, pero me lo negaron.
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Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados.
Archivo Particular
Los intermediarios aseguran que las garantías sí las expidió el banco. Y la Unión Temporal tiene cómo demostrar que desembolsó 2.500 millones de pesos. Uno no va a pagar ese monto por un documento falso”.
Y agregó que Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, dijo que se había reunido con el avalista Jorge Molina y que este se encontraba tranquilo y seguro de que las garantías salieron del Itaú. De hecho, para el abogado, este caso es una controversia entre particulares: el Itaú y los intermediarios. La Unión Temporal, dice, es tercero de buena fe.
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El abogado cuestiona que a la firma ICM Ingenieros, el INVIAS le haya congelado anticipos por el caso de MinTIC que -dice- debe resolver un juez.
EL TIEMPO
En todo caso, el abogado Pino recalcó que la consecución de las garantías le fue encomendada a solo un miembro de la Unión Temporal: Intec de la Costa S. A. S., cuyo representante es Hugo Canabal Hoyos.
Y puntualizó que si se prueba algún delito, les debe caer todo el peso de la ley a los responsables. Mientras tanto, no entiende por qué el Invías le congeló un anticipo a ICM Ingenieros, parte de la Unión Temporal.
(Consulte aquí todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
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