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Coronavirus y presupuesto frenan pruebas clave en Corte Suprema
Los servidores públicos mejor pagados del país

La Sala de Instrucción íde su propio presupuesto para realizar pruebas dentro y fuera de Colombia.

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Archivo EL TIEMPO

Coronavirus y presupuesto frenan pruebas clave en Corte Suprema

Impacta a indagaciones por el caso Odebrecht y hasta a investigación del caso de Álvaro Uribe.

La Rama Judicial está adecuando protocolos para garantizar su operatividad durante la emergencia sanitaria y todas las cortes realizan sesiones de trabajo virtual.

Y si bien las medidas incluyen la suspensión de términos para salvaguardar la vigencia de los expedientes, incluyendo el aplazamiento de una práctica de pruebas, en la Corte Suprema de Justicia se unió un tema adicional.

Se trata de líos con el presupuesto requerido para ejecutar comisiones fuera de Bogotá y en el exterior.

Presupuesto aparte

EL TIEMPO estableció que el debate escaló hasta la Sala de Gobierno del alto tribunal –integrada por los presidentes de las cuatro salas jurisdiccionales–, donde se define si existe viabilidad legal para que los seis magistrados de la Sala Especial de Instrucción pueden acceder a un presupuesto independiente para recaudar pruebas y testimonios sin tener que pedir una autorización previa.

"Es claro que por la emergencia que estamos enfrentando la práctica de pruebas quedó suspendida hasta nueva orden, aunque aún se realizan labores de práctica judicial como los análisis de incrementos patrimoniales injustificados y sesionamos de sala de manera virtual, pero sin tomar decisiones. Sin embargo, desde comienzo de año hay un intercambio epistolar porque recibimos una advertencia de que el uso de viáticos para pruebas puede verse restringido este 2020”, aseguró una fuente interna de la Corte.

A lo que se refiere es a una comunicación que les llegó hace unas semanas a los togados de la Sala de Instrucción, en la cual se les notifica que todo requerimiento que derive en viáticos debe estar plenamente justificado. De hecho, en la misiva se indica que debe motivarse la necesidad de la prueba o testimonio y la razón de por qué se debe practicar presencialmente.

Algunos de los magistrados interpretaron esto como una ventana para violar la reserva sumarial que tiene todo proceso y que, incluso, se podría estar vulnerando hasta su independencia. “¿Y por qué, por ejemplo, dos togados siempre van a Suiza al encuentro anual de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sin justificar la necesidad de un desplazamiento de esa magnitud?”, se preguntó una de las fuentes consultadas.

Esto se traduce en que las comisiones que se requieren a nivel nacional o en otros países para casos clave como el de los 18 congresistas investigados por los sobornos que pagó la brasileña Odebrecht, o las del expresidente y senador Álvaro Uribe por supuesto soborno y fraude procesal, deben justificarse con todo detalle para poderlas autorizar.

Exejecutivos de Odebrecht declaran en proceso contra José Elías Melo

Exejecutivos de Odebrecht en Brasil tienen información que le interesa a la Corte Suprema.

Foto:

Abel Cárdenas

Incluso, se estaría pidiendo explicación de por qué no acudir a mecanismos tecnológicos.

Reporteros de este diario establecieron que la magistrada Cristina Lombana tenía prevista para abril una comisión a Brasil para entrevistar a 18 personas vinculadas a Odebrecht, con el fin de recoger pruebas para los expedientes que lleva en la Sala de Instrucción. Incluso, que ya se había avanzado en el compromiso de no usar en su contra la información que entregaran, pero todo estaba en stand by hasta que se habilitara el giro presupuestal.

Presupuesto independiente

Este tipo de situaciones llevaron a que el magistrado Héctor Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción, conminara a sus colegas de la Sala de Gobierno a analizar la posibilidad de que se autorizara un presupuesto independiente que evite estos trámites. Su requerimiento aún no ha sido contestado, pero se está pendiente una sesión virtual para abordar el tema.

Cuando EL TIEMPO buscó a Alarcón, el magistrado evitó hacer comentarios y tan solo indicó que hay un canal de diálogo abierto para buscar soluciones, que implicarían la intervención del Ministerio de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura que administra los recursos de la Rama Judicial.

Se sabe que el presupuesto de viáticos de la Corte es de más de 250 millones de pesos, según fuentes judiciales, pero este se debe distribuir entre todas las salas, lo que hace que se intente racionalizar el gasto.

Y aunque se trabaja en un diseño investigativo que permita la recolección de pruebas y testimonios de manera virtual, hay casos de alto impacto en los que la presencia del magistrado investigador ante el testigo puede resultar relevante. De hecho, debido a esto, es que tres magistrados prefirieron pagar de su bolsillo una comisión ejecutada al final del 2019.

Por ahora, se buscan alternativas que impidan un choque de salas y que reviva el episodio que EL TIEMPO reveló en octubre pasado, cuando acudiendo a la figura de la austeridad fiscal se suspendió el presupuesto de viáticos en la Corte cuando este llegó a una ejecución del 80 por ciento y se tuvieron que frenar múltiples pruebas.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

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