Coronavirus: embargos y cárcel para mandatarios investigados

Coronavirus: embargos y cárcel para mandatarios investigados

En 15 días se inician imputaciones con medidas de aseguramiento.

Fiscal, Procurador y Contralor

El fiscal Barbosa, el procurador Carrillo y el contralor Córdoba. Los tres hombres que van tras la corrupción en medio de la pandemia.

Foto:

Fiscalía General de la Nación

Por: Unidad Investigativa
26 de abril 2020 , 12:30 a.m.

El contralor general, Felipe Córdoba, ya dio vía libre para que se proceda a embargar bienes del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, dentro del proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en un contrato para atender la emergencia sanitaria.

Y el procurador general, Fernando Carrillo, evalúa si, como lo hizo con el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, (por un contrato de 2.000 millones para divulgar información sobre el coronavirus) también suspende a Castillo.

(Le recomendamos: La historia oculta de Schifano, el narcolavador de 'Santrich')

Carlos Felipe Córdoba, contralor general

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que al año la corrupción le cuesta 50 billones de pesos al país.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Con su caso son 53 los procesos contractuales con irregularidades por más de 135.000 millones de pesos, lo que resulta aterrador en esta emergencia.

Minutos después de saber que era uno de los investigados, Castillo le dijo a EL TIEMPO que asumía el tema con tranquilidad: “Desde aquí les digo a los araucanos que pueden tener la certeza de que he actuado con transparencia y lo demostraré. Había impuestos que generaron un aumento de frente al mercado normal”.​

Imputación y cárcel

Pero algunos casos van a ir más allá de embargos y suspensiones.

“La Fiscalía adelanta 41 investigaciones contra funcionarios públicos por el manejo de recursos de la emergencia. Le puedo garantizar que en dos semanas haremos las primeras imputaciones y medidas de aseguramiento”, le dijo a EL TIEMPO el fiscal Barbosa.

El alcalde de Calarcá, Luis Balsero, le dijo a este diario el miércoles que iba a ordenar una investigación por una firma falsa en un contrato de mercados que pasó de costar 15 millones de pesos a valer 296 millones. Dos horas después fue suspendido por orden del procurador provincial y el contralor departamental, quienes indagan una posible destrucción de documentos.

La Fiscalía adelanta 41 investigaciones contra funcionarios públicos por el manejo de recursos de la emergencia

Y la Contraloría verifica si es cierto que créditos subsidiados por Finagro para el agro se usaron para importar productos y al menos 10.000 millones se desembolsaron dos horas después de que saliera la línea de crédito.

(En contexto: Minagricultura habla del caso por el que se le abrió indagación)

Otro contrato bajo la lupa es el de la Armada, Base Naval n.º 6 ARC, por 1.269 millones de pesos para la adquisición de elementos de protección.

Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que ha separado de sus funciones a personal en Cúcuta, Tunja y Usaquén mientras se indagan los casos.

Los organismos de control dicen que la lista de gobernadores indagados se ampliará. Pero algunos señalan que son indagaciones de trámite.

Hasta ahora es la apertura de una indagación contra mí, a raíz de la denuncia de un tercero. Es una oportunidad para explicar que he actuado con transparencia”, dijo Carlos Caicedo, del Magdalena.

El abogado Julián Quintana denunció a Caicedo por presuntamente haber demorado el giro de 3.000 millones de pesos al Hospital Universitario Julio Méndez, poniendo en riesgo la atención de la pandemia.

Caicedo contrató al penalista Iván Cancino para defenderse, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, a su hijo, que no le cobra.

“Estoy muy tranquila. Todo lo cotizamos y elegimos la mejor opción. El mercado del adulto mayor –costaron 2.300 millones– es más reforzado; demostraremos que nos apegamos a la ley”, dijo Roldán.

La Contraloría también indaga en el Valle un presunto sobrecosto en dos contratos de insumos médicos por 4.700 millones de pesos.

De los créditos de Finagro han devuelto 33.000 millones, y 25.000 millones en la renegociación de contratos de mercados

El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, indagado por un contrato de 1.020 millones para publicidad, también se declaró tranquilo y dijo que el contrato tiene rubro tope y no se va a gastar todo.

En cualquier caso, para el contralor Córdoba es claro que la mejor apuesta ha sido la prevención: “Le hemos mostrado resultados concretos al país. En menos de un mes, de los créditos de Finagro han devuelto 33.000 millones, y 25.000 millones en la renegociación de contratos de mercados. Bajo el modelo pasado nos habríamos demorado mínimo 4 años en desgastantes procesos y la recuperación habría sido del 0,04 por ciento”.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
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