El precio máximo de venta del anticancerígeno Kaxel, por 120 tabletas, recubiertas con película, es de 5.493 pesos.
Sin embargo, la Procuraduría dice tener evidencia de que al menos un laboratorio local lo está facturando a 646.500 pesos, aunque aparece en el listado de medicamentos con control directo de precios.
Pero no se trata de un hecho aislado. Un informe de la Procuraduría General, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, señala que hay una flagrante violación de este régimen por parte de laboratorios farmacéuticos, mayoristas, EPS e IPS.
El que termina pagando el millonario sobrecosto es el Estado, a través de los llamados recobros a la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social (Adres).
El fenómeno es grave si se tiene en cuenta que el ‘conejo’ al control de precios se les está haciendo a varios de los 1.922 medicamentos en el listado bajo control, que van desde cancerígenos hasta antidepresivos.
“Solo en el primer trimestre de 2019 fueron identificados 4.165 reportes de facturas de venta de medicamentos con precios superiores al precio máximo de venta, con sobreprecios que alcanzan un 11.668 por ciento”, se lee en el informe de la delegada de Salud de la Procuraduría.
El Ministerio Público también alerta que "la desregulación expresada en el pequeño porcentaje de medicamentos respecto de los cuales se garantiza un precio máximo de venta, privilegia los intereses de los actores del mercado farmacéutico y viola los derechos colectivos al servicio público de la seguridad social en salud de los ciudadanos que ven limitado el acceso a los medicamentos necesarios para preservar o recuperar la salud".
Nadie es capaz de hablar de una cifra sobre este desangre. Pero el monto es tan significativo que llevó a la Procuraduría a instaurar una acción popular para cauterizarlo.
En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir la acción en la que se exige el reintegro inmediato de los recursos públicos ilegalmente apropiados como resultado de ese sobrecosto.
La situación, para la Procuraduría, obliga a que el Ministerio de Salud expida una nueva política farmacéutica.
Archivo / EL TIEMPO
Además, se les pide a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la de Salud que se investigue y sancione a quienes estén violando el control de precios.
EL TIEMPO conoció los nombres de al menos 20 mayoristas han facturado medicamentos con sobrecostos que superan el 500 por ciento.
Al respecto, la Procuraduría advierte que el régimen de control directo de precios "tampoco está siendo respetado" por los actores de la cadena mayorista de distribución y comercialización de medicamentos.
Eso se traduce, agrega el Ministerio Público, en que varios de estos farmacéuticos controlados en términos de venta están teniendo sobrecostos que terminan siendo asumidos con recursos públicos.
Por eso, para sustentar la acción popular que le acaba de admitir el Tribunal de Cundinamarca, señaló que, a corte del 8 de agosto de 2019, la SIC ha reportado tener en trámite 289 investigaciones.
El alto número de investigados solamente puede significar la flaqueza del sistema de control de precios y del sistema de inspección
Cien se refieren a violaciones del régimen de control directo de precios y 189, a reporte de precios superiores por parte de laboratorios IPS, distribuidores mayoristas y Cajas de Compensación.
“El alto número de investigados solamente puede significar la flaqueza del sistema de control de precios y del sistema de inspección, vigilancia y control”, se lee en la acción popular.
De hecho, las multas impuestas por estas violaciones, entre 2016 y 2019, ascienden a 67.000 millones de pesos. Pero no contemplan el reintegro del sobrecosto al erario.
El ‘conejo’ también afecta los medicamentos regulados por los precios de referencia internacional (PRI).
El Anoro, para el tratamiento del EPOC, tienen un PRI de 153.528 pesos. Pero el precio de venta reportado es de 4 millones 605 mil pesos: un sobrecosto del 2.899 por ciento.
La situación, para la Procuraduría, obliga a que el Ministerio de Salud expida una nueva política farmacéutica, orienta a garantizar los derechos de los ciudadanos y de las instituciones que sí venden y compran a precios controlados.
De hecho, EL TIEMPO estableció que una vez notificados oficialmente de la acción popular, tanto la Adres como el Ministerio de Salud esperan pronunciarse sobre los alcances de la misma.
Si se hubiera tomado el precio menor, el Estado se habría ahorrado 42.600 millones de pesos.
123RF
En las acciones legales solicitadas por la Procuraduría también se pide ejercer control de precios sobre doce medicamentos que están siendo recobrados al Estado a diferentes precios. Uno de ellos es el Vimizim, solución concentrada para infusión.
En una ocasión lo recobraron a 2 millones de pesos y en otra, a más de 6 millones de pesos.
También figura en el listado el Carbaglu. Ha sido facturado a 600.000 pesos y a 3 millones de pesos. Verificados los recobros de estos 12 medicamentos para tan solo 4 meses, se estableció que los recobros fueron por 197.000 millones de pesos.
Si se hubiera tomado el precio menor, el Estado se habría ahorrado 42.600 millones de pesos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET
Comentar