Hace 48 horas, la Contraloría General hizo requerimientos de información a las oficinas de control interno de las entidades que contrataron a Karen Vaquiro. Además de los informes de supervisión de los contratos y de todos los soportes que exigía la entidad para aprobar los pagos, hay otro punto clave que indagan Contraloría, Fiscalía y Procuraduría.
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Se quiere saber cómo llegó la hoja de vida de la recién graduada Vaquiro a entidades que van desde la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá hasta el Ministerio de Justicia, la Gobernación de Cundinamarca, agencias presidenciales y el Icetex, entre otras.
Rubén Silva, exsupernotariado.
Super Notariado y Registro
EL TIEMPO ya encontró tres casos en donde fue el propio Andrés Mayorquín el que ‘patinó’ la hoja de vida de su esposa y obtuvo contratos: Ministerio del Deporte, Superintendencia de Notariado y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
En el caso del entonces superintendente Rubén Silva, Mayorquín le insistió en varias oportunidades que contratara a Vaquiro, pero no le habló del vínculo conyugal.
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EL TIEMPO indagó en otras seis entidades y en algunos casos aseguran que encontraron el currículum de Vaquiro en bancos de hojas de vida, por búsqueda en el Sigep o porque ella se les presentó en el Congreso ante sus directivos.
Pero la mayoría dice que ignoraba que fuera la esposa del asesor de cabecera de María Paula Correa y coinciden en que la mujer ocultó en formatos oficiales que tenía cónyuge y que era Mayorquín.
Lista de contratos de Karen Vaquiro.
EL TIEMPO
En el Ministerio de Justicia explicaron que no es cierto que la hoja de vida de Vaquiro hubiera llegado a través de Wilson Ruiz, quien dijo que los habían asaltado en su buena fe.
Uno de los contratos más frescos fue en la Aeronáutica Civil, donde Vaquiro prestó asesoría financiera. Fue firmado en noviembre de 2021 por 10’710.000 pesos. Allí informaron que la hoja de vida salió de un banco de currículum.
En el Icetex, que le entregó un contrato en enero de 2021 por más de 75 millones de pesos, la versión oficial es que llegaron a la hoja de vida de Vaquiro revisando las del Sigep que cumplían con el perfil buscado y tras conocer su desempeño en la Agencia de Desarrollo Rural. Pero dicen que tampoco sabían el nexo con Mayorquín.
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Las versiones sobre el aterrizaje de Vaquiro en la Alcaldía de Bogotá y en la Gobernación de Cundinamarca son distintas. En la Secretaría Jurídica Distrital firmó dos contratos: por 56 millones de pesos y por 25 millones.
William Mendieta, secretario jurídico de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Archivo particular
William Mendieta, secretario jurídico de la administración de Claudia López, le dijo a EL TIEMPO que conoció a Vaquiro en 2019, cuando él trabajó en Planeación Nacional y asistía al Congreso por el tema del Plan de Desarrollo.
Y que cuando necesitó a alguien con ese perfil, la buscó: “Hice un estudio de mercado y era la opción que más se ajustaba. Luego, en Casa de Nariño, Mayorquín me abordó un día y me dijo que era su esposa”.
En la Gobernación de Cundinamarca, donde Vaquiro obtuvo un contrato por 47’000.000 de pesos, pasó algo similar.
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Según informaron, el gobernador Nicolás García también la conoció en el Congreso, cuando se empezó a discutir el tema de Región Metropolitana.
Y ella comenzó a enviarle información de la agenda legislativa en tiempo real. Por eso, luego fue contratada. Además, dijeron que sumaba la experiencia para ganar esa suma y había ejecutado contratos similares.
Wilson Ruiz, ministro de Justicia, en el Congreso tras radicar la iniciativa legislativa.
Twitter: @WilsonRuizO
En el Ministerio de Justicia explicaron que no es cierto que la hoja de vida de Vaquiro hubiera llegado a través de Wilson Ruiz, quien dijo que los habían asaltado en su buena fe.
Sin embargo, estaban estableciendo cuál fue la vía por la que la esposa del exasesor terminó con un contrato por $ 95’000.000.
Las otras entidades que ya fueron requeridas para que expliquen los contratos con Vaquiro son: la Agencia de Desarrollo Rural, el Archivo General, la Registraduría, la Agencia Nacional de Tierras y la Presidencia del Senado.
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