Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los otrora poderosos jefes del cartel de Cali, solo pusieron una condición para empezar a contar su verdad sobre los nexos del narcotráfico con personajes de la vida política, social y criminal del país, muchos de los cuales han pasado invictos ante la justicia.
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Tal como EL TIEMPO lo anticipó, ambos accedieron a hablar ante la Comisión de la Verdad, siempre y cuando el padre Francisco de Roux (su cabeza) viaje a la cárcel de Carolina del Norte (donde está Gilberto) y a la de Pensilvania (donde está Miguel) a tomar sus testimonios y que no sea virtualmente.
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Gilberto Rodríguez, de 82 años, cumple una condena de 30 años en una cárcel de Carolina del Norte.
Luis Acosta. AFP - Archivo EL TIEMPO
El padre Francisco de Roux, cabeza de la Comisión de la Verdad.
Foto: Carlos ortega. Archivo EL TIEMPO.
Así se lo confirmaron a este diario los dos excapos, quienes accedieron a anticipar parte de la agenda que ventilarán en ese escenario, que avanza en el esclarecimiento de patrones y causas del conflicto armado y de la violencia en Colombia.
Tras advertir que no hay un temario preestablecido, tanto Gilberto (hoy con 82 años) como Miguel (de 78, cumplidos) le revelaron a EL TIEMPO que uno de los puntos a tocar será el de las guerrillas, incluido el M-19, la desmovilizada organización al margen de la ley cuyos miembros saltaron de la clandestinidad a la política tras un acuerdo de paz en los 90.
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“Vamos a hablar de lo que sepamos de las Farc, M-19, el Eln, paramilitares y demás grupos”, le dijeron a este diario cuando se les preguntó por la agenda específica que abordarán ante la Comisión de la Verdad.
Alejandro Pallomari, el contador de confianza de los Rodríguez, que se convirtió en informante estrella de la DEA para desarticularlos, alcanzó a dar algunas puntadas sobre los nexos del cartel de Cali con el M-19.
Guillermo Pallomari, contador del cartel de Cali.
Archivo Particular
En una declaración divulgada en 1995, aseguró que “dos exintegrantes del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) eran beneficiarios de los dineros de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela”.
De hecho, Pallomari le dijo a la Fiscalía que ambos ex guerrilleros recibieron dinero de los capos como un aporte del cartel de Cali a sus campañas políticas y a sus actividades públicas.
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Ahora, los exmafiosos –que purgan condenas de 30 años en Estados Unidos– están dispuestos a entregar detalles de ese tema. Y se da por descontado que se les preguntará sobre la toma del Palacio de Justicia (1985) por parte del M-19.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado ha salido a negar tajantemente la versión dada por los líderes de las ex-Farc sobre la autoría del magnicidio.
Archivo EL TIEMPO
En el capítulo de las ex-Farc, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado (1995), que ahora se está cobrando esa organización, es un tema obligado, al igual que el de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989).
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“Aunque no tuvimos nada que ver con ninguno de los dos magnicidios, si nos preguntan, claro que vamos a contar todo lo que nos hayan contado o lo que nosotros sepamos al respecto”, le dijeron los dos excapos a este diario.
El Eln, con cabecillas narcotraficantes (como las ex-Farc), también saldrá al ruedo en las conversaciones con el padre De Roux.
En un país donde la impunidad es de más del 85 % siempre habrá políticos, burócratas, burgueses, generales, ministros, expresidentes y hombres con prestigio social que no han sido judicializados".
Cuando se les preguntó si van a hablar de políticos con los que su cartel tuvo nexos, esta fue la respuesta: “Cuando uno acepta, ante un tribunal tan serio como la Comisión de la Verdad, a contestar sus preguntas voluntariamente y sin implicaciones penales para las partes, pues de lo que se trata es decir la verdad y nada más que la verdad. Lo demás sería un ejercicio inútil y cínico”.
Y aunque admitieron que –después de más de 30 años, algunos de ellos huyendo y 26 tras las rejas– no tienen a la mano documento que respalden el tema, agregaron que no ven que eso tenga importancia frente a “un aporte sincero de la verdad”.
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Lo que sí especificaron es que hay políticos que nunca fueron judicializados.
“En un país donde la impunidad es de más del 85 por ciento siempre habrá políticos, burócratas, burgueses, generales, ministros, expresidentes y hombres con mucho prestigio social que nunca han sido judicializados”, le señalaron a EL TIEMPO.
Andrés Pastrana y Ernesto Samper ya estuvieron en la Comisión de la Verdad.
El Tiempo
Los acercamientos con la Comisión de la Verdad los precipitó una carta que los Rodríguez Orejuela le enviaron –en septiembre pasado– al expresidente Andrés Pastrana en la que aseguraban que también habían hecho aportes a sus campañas.
“(...) ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a liberales como a conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava, hijo. La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas como en el caso hipotético del doctor Ernesto Samper”, señalaron.
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Tanto Pava como Pastrana rechazaron enfáticamente los señalamientos. Y este último recalcó que lo que quedaba claro del rifirrafe es que sí habían ingresado dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper Pizano.
Finalmente, cuando este diario les preguntó a los Rodríguez si entregarán nuevos nombres, señalaron: “De eso se trata esta confesión ante la Comisión de la Verdad, de tocar sin contemplación y sin responsabilidad penal a nosotros los malos y a ustedes los ‘buenos’ para que Colombia siga funcionando sin tanto personaje de doble moral con ínfulas de hombres ‘puros’ ”.
Tal como ha ocurrido con otras declaraciones ante la Comisión de la Verdad (como las de Álvaro Uribe, Ernesto Samper y Pastrana), las de los exjefes del cartel de Cali también se harán públicas. Y serán tenidas en cuenta en el ensamble del informe final que prepara ese órgano, emanado de los acuerdos de paz entre la administración Santos y las ahora ex-Farc.
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De manera paralela y sin que el tema tenga relación, la Corte Constitucional seleccionó una tutela (fallada en contra) en la que herederos de los Rodríguez buscan la revisión de una sentencia impuesta contra algunos de ellos por lavado (ver recuadro).
La Corte Constitucional acaba de seleccionar una tutela en la que se pide la revisión de una condena por lavado, dictada en contra de herederos de los Rodríguez.
La acción se interpuso, en 2020, contra la Sala Civil de la Corte Suprema por errores de fondo.
Esa sala la concedió y le ordenó a la Sala Penal que permitiera la revisión del fallo (en casación).
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de ELTIEMPO)
Pero la Sala Penal impugnó la decisión ante la Sala Laboral y, en una especie de galimatías jurídico, se revocó el fallo y se dejó a los procesados sin posibilidad de revisión. Ahora, bajo la “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y asunto novedoso”, la Corte revisará la tutela.