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Unidad Investigativa

El ‘lobby’ detrás de millonario negocio con firmas digitales de los colombianos

Registraduría Nacional

Registraduría Nacional

Foto:Abel Cárdenas. El Tiempo

Poderoso clan, cercano al Pacto Histórico, busca que se ajuste polémico artículo de Código Electoral

Por los pasillos del Edificio Murillo Toro de Bogotá, sede del Ministerio de las TIC, andan circulando un par de borradores de una norma en la que están en juego multimillonarios contratos para la modernización de la identificación digital de los colombianos.
Se trata del artículo 134 de la reforma al Código Electoral, una iniciativa que ha estado rodeada de denuncias sobre la supuesta repartija de puestos en la Registraduría a cambio de su aprobación y hasta de intereses opacos de grupos empresariales para quedarse con jugosos contratos que entrarían en escena.
Gobierno y Registraduría radicaron la reforma al Código Electoral, este lunes.

Gobierno y Registraduría radicaron la reforma al Código Electoral, este lunes.

Foto:Prensa Ministerio del Interior

Ahí hay gente detrás de muchos negocios. No conozco al grupo de empresarios, pero sí sé que hay intereses nefastos en un montón de contratos y cosas que están sucediendo muy nocivas”, le dijo a EL TIEMPO la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Incluso, el tema desencadenó esta semana una rebelión de un puñado de senadores que se niegan a asistir a la Comisión Primera mientras aparezca encabezando el orden del día la discusión y aprobación de la reforma al Código Electoral. Una de ellas es Paloma Valencia y su copartidaria María Fernanda Cabal, quienes están en la oposición.
Pero lo que llama la atención es que también están en ese grupo Humberto de La Calle Lombana (exregistrador Nacional), del partido Verde Oxígeno; junto con Ariel Ávila y Jonathan Pulido, de la Alianza Verde, lo que deja entrever que el tema tiene fracturada a la coalición de Gobierno, al menos en el Senado.
Esa turbulencia política ya llevó al ministro del Interior, Alfonso Prada, a retirar el mensaje de urgencia que le tenía al proyecto, radicado por su cartera y por la propia Registraduría.
Ariel Ávila, Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle y Paloma Valencia el miércoles.

Ariel Ávila, Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle y Paloma Valencia el miércoles.

Foto:@ArielAnaliza

La carta desde Palacio

Esta es la carta de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital.

Esta es la carta de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital.

Foto:EL TIEMPO

Sin embargo, EL TIEMPO investigó y estableció, con fuentes en el Senado y en el Ministerio de las TIC, que continúa un fuerte lobby para que el proyecto de ley estatutaria siga su curso y para que se le hagan algunos ajustes al artículo 134.
En este, se le otorga a la Registraduría la exclusividad para realizar “la identificación digital y autenticación de todos los colombianos por los diferentes medios tecnológicos de firma digital, a través de la cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad digital y por todo tipo de biometría o sistemas de autenticación, y se regirá por la regulación y disposiciones que para tal efecto expida la entidad”.
EL TIEMPO estableció que dicha norma, que abre las puertas a la firma de multimillonarios contratos con privados, generó incluso una carta de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital.
Esta es la carta de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital.

Esta es la carta de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital.

Foto:EL TIEMPO

En esta se advierte que allí se le están atribuyendo a la Registraduría funciones de autenticación que no le corresponden. Además, que se estarían desconociendo otros mecanismos existentes para ese fin.
De hecho, en el documento se recuerda que, según la Constitución, la Registraduría tiene funciones de identificación y no de autenticación.
“Se observa que en diferentes partes del mencionado texto se trata de equiparar la identificación con la autenticación”, dice la carta. Por eso, se recomendó hacerle ajustes al 134.
El 60 % de las entidades financieras ya usan la autenticación biométrica.

El 60 % de las entidades financieras ya usan la autenticación biométrica.

Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Torres y el yerno

Euclides Torres, empresario barranquillero, durante la posesión de Gustavo Petro.

Euclides Torres, empresario barranquillero, durante la posesión de Gustavo Petro.

Foto:Archivo particular

Hoy, la firma digital de autenticación, que es un estándar de seguridad, la vienen manejando desde cámaras de comercio, hasta la Dian.
“Después de esa advertencia que llegó desde Casa de Nariño, fechada el pasado 18 de octubre, el empresario barranquillero Euclides Torres Romero, en compañía del español Álvaro de Borja Carreras Amoros, empezaron a tocar puertas en el alto gobierno, para sugerir ajustes al artículo 134”, le aseguraron a este diario altas fuentes de la cartera de las TIC y en el Senado.
Euclides Torres es la cabeza de un poderoso clan de empresarios y políticos de la costa Atlántica que terminó apoyando la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia e incluso asistiendo a su posesión.
Su hijo es el exrepresentante a la Cámara Efraín Torres Monsalvo, quien llegó al Congreso, en 2014, como fórmula del entonces senador Armando Benedetti, hoy embajador de Colombia en Venezuela.
Y el empresario español Carreras Amoros, al que se refieren, es yerno de Euclides Torres. Además, es el gerente general de la empresa Gestión de Seguridad Electrónica S.A. (G.S.E.).
Esa compañía se dedica a la certificación digital, al desarrollo de firmas electrónicas con validez jurídica y a actividades de tecnologías de información.
En G.S.E. también tienen intereses los Torres quienes, además, manejan concesiones de alumbrado público en varios municipios y, además, centros de reconocimiento para conductores, en todo el país.

‘No es un lobby’

Álvaro de Borja Carreras Amoros, yerno de Euclides Torres.

Álvaro de Borja Carreras Amoros, yerno de Euclides Torres.

Foto:Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con Carreras Amoros, quien empezó por advertir que la reunión con funcionarios del alto gobierno que “orquestó” con Euclides Torres, no es un lobby sino una participación como actores del mercado.
“Somos una entidad experta en certificación digital. Y no estamos de acuerdo con la redacción del artículo 134. No es clara, es confusa. Lo que le hemos comunicado al Ministerio (de las TIC) es que hagan una redacción donde el Ministerio tenga participación sobre la reglamentación de los servicios ciudadanos digitales, porque ellos son la entidad que gestionan los servicios de autenticación”, explicó Carreras Amoros.
Y tras advertir que no están de acuerdo con la exclusividad de ningún actor del mercado, admitió que hicieron una recomendación de la redacción del artículo 134 y que aún no han recibido respuesta del Ministerio.

El empresario español Carreras Amoros, es yerno de Euclides Torres. Además, es el gerente general de la empresa Gestión de Seguridad Electrónica S.A.

“Eso no se puede considerar lobby. Lo estamos haciendo como cualquier empresa, como lo hace Certicámara, que están haciendo gestión a través de la Cámara de Comercio de Bogotá o Colombia Fintech”, señaló el empresario.
Pero se negó a revelar con quiénes se reunió en el Gobierno, por tratarse, según él, de “un tema confidencial”. Finalmente, admitió que como cualquier actor del mercado digital tienen interés en participar en posibles licitaciones con la Registraduría en la materia en la que son expertos.

‘En audiencia pública’

David Luna, senador de la República

David Luna, senador de la República

Foto:Equipo de prensa David Luna

Para miembros del Senado, sin embargo, la intervención del clan Torres en este caso es la evidencia de los jugosos negocios que se cocinan detrás de la reforma al Código Electoral.
Al respecto, el senador David Luna ha venido advirtiendo desde 2020 (cuando se presentó la primera reforma) los riesgos de entregarle a la Registraduría el control total de los datos de los ciudadanos con la biometría y la autenticación.
Y la senadora Cabal ha recogido advertencias de expertos sobre la falta de claridad sobre las tecnologías que la Registraduría planea implementar, sin control institucional.
María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático.

María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático.

Foto:Prensa Centro Democrático

Certicámara (que asocia a cámaras de comercio en la certificación digital) y Colombia Fintech (que agremia a empresas que prestan servicios financieros digitales) admiten que han expresado su punto de vista sobre el polémico artículo 134, pero de cara al país y en escenarios habilitados para ello.
Por ahora, el senador Fabio Amín, presidente de la Comisión Primera, invitó sus miembros a que vayan el próximo miércoles, hagan quórum y luego pidan modificar el orden del día.

¿Qué dicen Certicámara y Colombia Fintech?

Gabriel Santos

Gabriel Santos

Foto:Archivo EL TIEMPO

Gabriel Santos, cabeza de Colombia Fintech, dijo que, en efecto, ha pedido la eliminación del artículo 134, pero en reuniones abiertas: “La Registraduría, no tiene facultad constitucional para autenticación. Nos reunimos con el registrador, Alexander Vega, en la Secretaría de Presidencia del Senado, para manifestarle que esa norma no tiene razón de ser. En el peor de los casos, si se llegara a aprobar, lo máximo que aceptaríamos como gremio, son las observaciones hechas por la Consejería para la Transformación Digital”.
Y Certicámara hizo saber que, “en audiencia pública” se puso de presente esa misma observación: “Asumir la autenticación dejaría de lado la labor que ejercen las entidades de certificación digital, afectando derechos a la libertad de empresa y de libre competencia”.
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