Había sangre por todos lados. Un video muestra cómo los cuerpos de guerrilleros de las disidencias de las Farc, muertos en combate, se mezclaban con los de militares heridos, dispersos en el piso de un helicóptero Black Hawk del Ejército, que llegó el fin de semana desde el corregimiento de El Plateado (Cauca).
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También quedó grabado el ataque con explosivos que, 24 horas atrás, mató a un suboficial e hirió a siete soldados; así como los instantes posteriores al crimen de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocué que, a mitad de semana, obligó a que el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos; el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar aterrizaran en Argelia, otro de los municipios del Cauca que hoy están bajo el fuego.
La guerra por el control de las 20.000 hectáreas de coca, por el dominio de las narcorrutas y por la propiedad de la tierra aparecen en todos los diagnósticos sobre la violencia descarnada que sacude la región.
Y voces como la del consejero mayor Ferley Quintero, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), le suman a la lista la falta de implementación del proceso de paz con las Farc.
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Según estadísticas de la Policía, este año van 204 muertos.
Santiago Saldarriaga- EL TIEMPO
Sin embargo, el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, rebate esa afirmación recordando que el ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’, el Eln y ‘los Puntilleros’, entre otras bandas, están allí desde mucho antes de la firma de la paz. Y nadie niega que los narcocultivos se dispararon, en buena parte, debido a los incentivos económicos previstos en el acuerdo de paz para la sustitución.
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En medio de ese cruce de declaraciones, las balas, los carros bomba y minas tienen en alza los homicidios, incluidos los de líderes sociales. En 2016, cuando se firmó la paz con las Farc, fueron 451; al año siguiente, 488, y en 2018, llegaron a 610. En 2019, los muertos sumaron 703 y, en 2020, en pandemia, 710. Significa que el promedio de muertos en el Cauca es de 2 cada 24 horas.
Según estadísticas de la Policía, este año van 204 muertos. La intensidad del conflicto es tal que mafiosos del cartel de Sinaloa, que van a negociar coca, se refieren a ese pedazo de Colombia como ‘Caucakistán’.
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La guerra por el control de las 20.000 hectáreas de coca y por el dominio de las narcorrutas, aparecen en todos los diagnósticos sobre la violencia descarnada que sacude la región.
Santiago Saldarriaga- EL TIEMPO
¿Por qué no se ha podido salir de la espiral de violencia que golpea a comunidades indígenas y afros, que desplaza campesinos y genera atentados y reclutamiento de jóvenes?
Líderes de la región dicen que hay una historia no contada que podría explicarlo. En El Plateado, el mismo corregimiento en el que se enfrentaron militares y guerrilleros, hay un par de cuadras en las que se levantan lujosas propiedades ligadas al narcotráfico.
Aunque autoridades locales rechazan ser estigmatizados por esas construcciones, pobladores le dijeron a EL TIEMPO que en su cementerio también hay tumbas “engalladas” con mármol y cristal de cabecillas de bandas asesinados.
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Las casas valen millones (...) En solo Argelia, el Gobierno ha autorizado 21 bombas de gasolina, unos 300.000 galones, para una población de 20.000 personas, la mayoría sin carro.
“Las casas valen millones. Y en otras regiones funcionan almacenes que usted ve en Bogotá, en donde se abastecen legales e ilegales. En solo Argelia, el Gobierno ha autorizado 21 bombas de gasolina, unos 300.000 galones, para una población de 20.000 personas, la mayoría sin carro. Hay mafias dedicadas a desviar el combustible a los narcocultivos”, dicen los líderes.
Quintero, del Cric, aclara que “las mansiones han aparecido en sitios donde hay gran presencia de los cultivos. Esas y las camionetas de alta gama no son de comuneros ni campesinos, sino de gente de fuera que es la que saca el mayor resultado a la coca y la marihuana”.
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“Las mansiones están en sitios donde hay grandes cultivos. Esas y las camionetas de alta gama no son de comuneros ni de campesinos. Son de gente de fuera" CRIC.
Pero el punto es que la economía legal y la ilegal se mezclaron (como los cuerpos en el Black Hawk), haciendo más difícil golpear a los ilegales.
Camilo González, cabeza de Indepaz, señala que la expectativa es que se neutralicen mafias que tienen “pequeños poderes y dictaduras, que llegaron más rápido que el Estado, con plata, armas y presión”.
En eso coincide con Néstor Rosanía, del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, quien asegura que lo que hay en el Cauca es una máquina de hacer plata, difícil de frenar, de la que muchos viven: “Están tapados de coca. La mafia tiene en una misma zona geográfica cultivos, laboratorios y puerto para sacarla. Eso es muy rentable”.
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El asesinato de la gobernadora indígena dell Cauca, Sandra Liliana Peña Chocué, conmocionó al país.
Santiago Saldarriaga- EL TIEMPO
La DEA calcula que por allí sale el 70 por ciento de toda la droga que produce Colombia y Rosanía agrega que mientras en Santander de Quilichao un kilo de coca se negocia entre 4 y 7 millones de pesos (dependiendo de si hay o no cosecha), este se vende en 35.000 dólares en Estados Unidos: “Con esa ganancia, el poder corruptor es grande y las disidencias y otros grupos reciben millones”.
Además, existe la mafia del cemento, de los precursores químicos, del trago fino, de las prostitutas, de las armas...
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Los dividendos del negocio explican por qué ‘Gentil Duarte’ envió a la zona de El Naya a alias Jonnier a unir todas las estructuras acéfalas de las disidencias de las Farc y a disputar la zona con el Eln, 5 bandas que traquetean en el área y con el ‘clan del Golfo’ y otros ‘paras’.
“El frente Carlos Patiño ya tiene el control de El Naya y del cañón de Micay, por donde sacan la coca. Y la disidencia Dagoberto Ramos se apoderó del norte y ha integrado al negocio a lugareños y a familiares de guerrilleros para blindarse”, dice una fuente de inteligencia.
Y agrega que si bien se creó una Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), para estabilizar la región, no están preparados para enfrentar a civiles que hacen asonadas, impiden el ingreso de tropa e incluso secuestran militares y evitan capturas de guerrilleros y narcos.
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Alias Mayimbú, el indígena nasa, líder de la violenta disidencia Dagoberto Ramos, recibe 1.500 millones de pesos por cada tonelada de cocaína que sale por la zona bajo su control.
Santiago Saldarriaga- EL TIEMPO
“Para lograr la consolidación de la zona, 6.000 militares son poco. Se requieren unos 20.000 y acompañamientos de políticas públicas sociales, del ICBF, de otras entidades”, señala un funcionario local. Y González, de Indepaz, añade que las cifras oficiales del Plan Social para el Cauca son en el papel.
“Hay una diferencia entre el anuncio y aprobación de recursos, con la realización de obras. En el terreno la ejecución es mínima. Esos recursos son fundamentalmente destinados a vías terciarias y microproyectos, pero no en lo fundamental: sustitución de cultivos y planes de desarrollo territorial”, explica.
Y Quintero, del Cric, advierte que el problema no son los cultivadores de coca: “Son humildes campesinos que por la falta de implementación de políticas económicas no tienen garantías para comercializar productos legales”. Y dice que estos se quedan con un mínimo de ganancias porque el grueso va para traficantes y procesadores de cocaína y marihuana.
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Hay una diferencia entre el anuncio y aprobación de recursos, con la realización de obras. En el terreno la ejecución es mínima: Indepaz
Sin embargo, el Gobierno asegura que ha destinado un presupuesto millonario para el Cauca, que este año asciende a 1,9 billones de pesos y que sí está enfrentando una problemática histórica.
Pero solo alias Mayimbú, el indígena nasa, líder de la violenta disidencia Dagoberto Ramos, recibe 1.500 millones de pesos por cada tonelada de coca que sale por la zona bajo su control. Y el Cauca se despachan por semisumergibles y barcos cientos de toneladas al año. Y el conflicto sigue.
Aunque para algunas orillas, como la de Indepaz, el Gobierno solo ha respondido a la crisis del Cauca aumentando el pie de fuerza, la oficina de Miguel Ceballos, alto Comisionado de Paz, entrega otro balance que incluye una importante inyección de recursos en lo social, direccionados tras diálogos y mesas de trabajo con campesinos y comunidades indígenas y afros.
Vías, fortalecimiento institucional, alumbrado público, proyectos productivos, equipos biomédicos, estructuras hospitalarias y presencia estatal son las principales apuestas del gobierno de Iván Duque en el departamento para una problemática que han tenido que enfrentar varios de sus antecesores.
Según Ceballos, a través del Plan Social para el Cauca (que busca paz, la convivencia y la legalidad), en 2019 se reportó una inversión de presupuesto nacional de 950.000 millones de pesos.
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El comisionado de Paz, Miguel Ceballos.
Oficina alto comisionado para la Paz
Este monto aumentó un 40 por ciento para 2020, llegando a 1,2 billones de pesos. Y este año, a pesar de la crisis económica generada por la pandemia, se alcanzaron los 1,9 billones de pesos de inversión: un 95 por ciento de aumento en dos años.
El Gobierno asegura que si bien hay una presencia constante de la Policía, el Ejército y la Armada, también están atendiendo necesidades insatisfechas históricamente, como la educación.
Según cifras oficiales, se han ha invertido 10.000 millones de pesos para matrículas de estudiantes universitarios, alcanzando un total de 170.000 millones en solo ese rubro.
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Se trabaja con el Gobierno a pesar de que algunos pobladores han interpuesto tutelas para mover estaciones de policía: líder local.
Y el Invías invirtió 1,4 billones de pesos para las redes nacionales y las vías rurales y fluviales del Cauca.
“Hemos tenido presencia permanente en toda la región: Argelia, El Plateado, Corinto, Caloto, Toribío, así como en el Pacífico caucano: Guapi, Timbiquí y López de Micay”, señaló Ceballos.
Según su bitácora, se han hecho más de 70 visitas a los 42 municipios del Cauca, para sostener reuniones con comunidades indígenas, campesinas, afro, jóvenes y empresarios, para definir prioridades.
El presidente Iván Duque en Corinto, Cauca,
Alcaldía de Corinto
Solo este año ha invertido más de 170.000 millones de pesos en proyectos, identificados con comunidades indígenas, afro y campesinas.
“Se trabaja con el Gobierno a pesar de que algunos pobladores han interpuesto tutelas para mover estaciones de policía. Y los cocaleros se están organizando en asociaciones para buscar que no sean judicializados por la venta de hoja de coca que les hacen a las mafias”, señala un líder local.
Y agrega que algunas de esas asociaciones pavimentan vías para reclamar trabajo social: “Pero por ahí sale la cocaína”.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).
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