Desde hace 72 horas, Jorge Molina, una de las piezas del escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), ingresó al programa de protección de testigos de la Fiscalía.
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Tal como lo anticipó EL TIEMPO, Molina viene colaborando con información clave que sirvió para que se ordenaran, el pasado lunes, las tres primeras capturas dentro del escándalo: la del reincidente empresario Emilio Tapia; la del representante de la UT, Luis Fernando Duque, y la de Juan José Laverde, vinculado a Rave Agencia de Seguros.
Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, durante la audiencia de imputación de cargos.
El Tiempo
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Tapia, el mismo condenado por el saqueo a las arcas de Bogotá, a través del ‘carrusel’ de la contratación, es de nuevo figura estelar de este reciente capítulo de corrupción pública, por estar vinculado a la falsificación de las garantías del contrato, al igual que Duque y Laverde. Y aunque el exconvicto pidió ser enviado a su palacete en Barranquilla, le están tramitando una celda en La Modelo.
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Pero aún falta por capturar a Jorge Enrique López Benavides, cuya identidad reveló este diario y a quien vieron por última vez cerca de una hilera de casas de invasión, próximas a Chapinero Alto, en Bogotá.
Él, coinciden varios implicados, fue el que falsificó las garantías falaces que aparecieron respaldando el contrato, por 1,07 billones de pesos. Y también es el responsable de que Molina esté bajo protección.
Juan José Laverde, se retiró de Rave Agencia de Seguros después de que estalló el escándalo.
El Tiempo
Este último aseguró que, en plena audiencia de legalización de capturas, imputación y medida de aseguramiento, lo llamó a amenazarlo de muerte: “Dijo que en Cali tenía gente que se iba a encargar de callarlo”.
Y agregó que López ya había mandado llamar a Duque y le había enviado mensajes a Tapia, exigiendo que le pagaran los 2.800 millones de pesos de las garantías que confeccionó.
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Además de proteger al testigo Molina, la Fiscalía analiza la información que está dando Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, el testigo número dos.
Se trata del socio fundador de Novotic, una de las firmas que conforman Centros Poblados, y dueño de Nuovo Security, compañía en Delaware que recibió 58.000 millones de pesos del anticipo por 70.000 millones del contrato.
De ahí, aseguran varios implicados, salió dinero para gastos personales, camionetas de alta gama, lujosos predios y hasta pago de honorarios de abogados.
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Julián Quintana, apoderado de Luis Fernando Duque.
EL TIEMPO
La Fiscalía depura la información y se alista para imputarles a Tapia y a otros nuevos personajes de la trama enriquecimiento ilícito y hasta lavado, por haber usado ese dinero para temas diferentes al del contrato de conectividad en colegios de veredas y corregimientos, que hoy siguen aislados por cuenta de la corrupción.
Aunque el penalista Julián Quintana, apoderado de Duque, aseguró que Cáceres está acomodando la información para obtener beneficios, el testigo ha dado datos de movimiento de los dineros del anticipo, generando un doble efecto.
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El primero, probar que se usó ilegalmente parte de este y, segundo, que hay más gente involucrada en la trama, incluidos políticos.
Cáceres, que admitió en su interrogatorio que decidió hablar luego de que este diario reveló que él había usado 1,3 millones de dólares para separar un lujoso apartamento en Brickell, Florida, también dijo que su mujer alquiló camionetas de alta gama con el dinero que llegó desde la fiducia.
Y falta el tema de un yate.
Tras revelar que el también condenado por el ‘carrusel’ Inocencio Meléndez fue quien le presentó a Tapia, en una reunión en Sincelejo, Sucre, quien empezó a entregar consignaciones.
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La primera, por 120.000 dólares fue para Safe Cargo Internacional. Uno de sus dueños le dijo a EL TIEMPO que el dinero se destinó a nacionalizar equipos del contrato: “Ya entregamos toda la documentación”.
Pero se verifica por qué fueron elegidos por Tapia para eso, cuánto costó el trámite aduanero y si un Mustang deportivo, importado en 2018, quedó en manos de los dueños de Safe.
Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC.
Archivo Particular
Sin embargo, el máximo interés está en Cimexp FZ-LLC, afincada en Dubái. Cáceres asegura que Tapia ordenó que le giraran a esa firma 73.000 dólares.
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“Él me recalcó varias veces que no había llegado a su destino, que era Dubái. Yo tenía que ir al banco a revisar esa transferencia. Eso me lo dijo hace poco, yo no alcancé a ir al banco a verificar eso”, dijo Cáceres.
Los investigadores no descartan que se trate de una cuenta oculta de Tapia, en donde incluso pueda haber rezagos de la plata del robo a Bogotá. Y un informante asegura que conduciría a un político de la Costa, involucrado en el caso.
Héctor Olimpo, Gobernador Sucre
Gobernación Sucre
EL TIEMPO estableció que, anticipándosele a Tapia, uno de los involucrados ya está listo para hablar de la supuesta presencia del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, en la oficina de Tapia.
“Emilio estaba molesto porque una licitación de una vía se le había entregado a otro”, señaló.
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También se menciona la llamada de un congresista al Mintic para abogar porque el contrato no fuera caducado y para evitar que las socias de la UT fueran embargadas. Y quieren contar quiénes ayudaron a Tapia y a Molina a obtener contratos en Emcali, Antioquia, Putumayo y Bolívar.
Ya hay un entramado societario con gente que ha permanecido bajo la sombra, pero que el propio Tapia estaría dispuesto a señalarla para reducir su segunda temporada en prisión.
El gobernador de Sucre no respondió los mensajes y llamadas que EL TIEMPO le dejó en su celular para conocer su versión sobre la supuesta visita a la oficina de Tapia.
Y un congresista mencionado en la trama respondió: “No conozco a ese señor Tapia. Nunca lo he visto en mi vida”.
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En efecto, tras el escándalo, varios políticos de la Costa han salido a desmarcarse el escándalo, asegurando que no tienen ni nexo con Tapia ni parentesco con ‘Alfredito’ Amín Yaber, involucrado en el caso. Este último, a quien consideran uno de los hombres de confianza de Tapia, aparece suscribiendo varios contratos en departamentos de la Costa.
Uno de ellos, por más de 7.000 millones de pesos, se suscribió en Atlántico, en 2019, para obras de infraestructura en la sede de la Fiscalía de Soledad. Amín figura como representante del Consorcio Fiscalía Soledad con su empresa Turpial Ingeniería S. A. S., y Obras de Ingeniería Guadalupe S. A. S. Con Turpial, también figura con contratos con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe).
Abogado Jorge Pino de la Unión Temporal Centros Poblados.
Mauricio Moreno
También se rastrea otro giro, con plata del anticipo, ordenado por Tapia, para el pago de las garantías calificadas de falsas. Fueron 100 millones de pesos a la cuenta de Jhon González Moreno.
Y uno de los testigos asegura que también se les giró plata a abogados. Uno de ellos fue identificado como Marcel Felipe Attomeys, a quien el FBI va a contactar.
Sobre el tema, Jorge Pino Ricci, abogado de Centros Poblados, le dijo a EL TIEMPO que sus honorarios los pagó la Unión Temporal y que a él no lo contrató Tapia sino Luis Fernando Duque.
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Y sobre su presencia y la de su hija Mónica en la supuesta celebración con whisky, el día que les adjudicaron el contrato, dijo que Tapia no estuvo y explicó que su hija hace parte de los abogados de su oficina y con ella asesoró a la UT para la audiencia de adjudicación.
Además, dijo que –en su criterio– lo relevante es “si la garantías son falsas y quién las expidió. Así mismo, “si intervinieron en el engaño empleados del Banco Itaú y si la plata del anticipo está o no reflejada en equipos”.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
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