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Frenan preacuerdo con el ‘ventilador’ del caso Mintic
Centros Poblados

Luis Fernando Duque, Emilio Tapia Y Juan José Laverde, presos por caso Centros Poblados.

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EL TIEMPO

Frenan preacuerdo con el ‘ventilador’ del caso Mintic

Luis Fernando Duque, Emilio Tapia Y Juan José Laverde, presos por caso Centros Poblados.

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EL TIEMPO

Fiscalía indaga si Jorge Molina mintió u ocultó datos sobre contratos, incluido uno con el Sena.

Hasta hace algunas semanas, Jorge Molina García-Mayorga se había convertido en un informante clave dentro del escándalo por el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

(Le invitamos a leer: Las cuentas bancarias que le rastrean a Emilio Tapia)

Aunque el empresario bogotano, de 55 años, fue piedra angular de la consecución de las garantías falsas, que respaldaron el contrato por 1,07 billones de pesos, logró que no le expidieran orden de captura.

La razón: la información que suministró fue fundamental para que hoy estén tras las rejas Emilio Tapia, el cerebro del oscuro contrato; Luis Fernando Duque, cabeza de la UT; y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.

Pero las cosas pueden cambiar en los próximos días para Molina.

(Le puede interesar: Atención: declaran de Impacto Nacional escándalo de Centros Poblados)

EL TIEMPO estableció que los investigadores del caso han pedido que se frene el principio de oportunidad que se estaba perfeccionado, para darles beneficios, hasta que se verifique si ha omitido información relevante e, incluso, si le ha mentido a la Fiscalía.

Plata, cárcel y familia

En efecto, los investigadores establecieron que Molina habría recibido dinero del anticipo, como parte de pago de las garantías falsas.

Aunque la UT no alcanzó a desembolsar los 2.800 millones de pesos que costaban los documentos, se habría alcanzado a pagar cerca de un 60 por ciento.

(Además: La historia del avión de Emilio Tapia y los nexos con Juegos Nacionales)

Recuperar los 70.000 millones de pesos del anticipo son la prioridad del ente acusador, que se apresta a imputarles a varios de los implicados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y peculado.

De hecho, no se descarta que la Fiscalía tome medidas en torno a Molina.

El contrato para intervenir un pabellón de la cárcel Bellavista,  de Medellín, supera los 17.000 millones de pesos. 

Foto:

Archivo/EL TIEMPO

También se está determinando si servidores públicos y aforados están involucrados en el escándalo del Mintic. Además, si hay ramificaciones de irregularidades en otros contratos.

En ese último aparte, Molina parece haber omitido datos sobre su conducta y la de uno de sus allegados.

(También: Se enreda suerte de Emilio Tapia y de otros 3 implicados en el ‘carrusel’)

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) ya le pidió a la Fiscalía investigar una falsedad en la certificación del cupo de crédito que presentó el Consorcio Bellavista 2021 para ganarse el contrato por cerca de 17.000 millones de pesos, para construir un pabellón de la cárcel de Medellín. En el consorcio aparece la firma Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S., ligada a Molina y a su grupo familiar.

Este es el consorcio que se ganó los contratos en el Sena, por más de 12.000 millones de pesos.

Foto:

EL TIEMPO

Sena y correos

Según cláusulas, el Consorcio Constructor Alfa- no podía ceder los contratos del Sena (por $12.000 millones) ni entrar a subcontratar”.
Asegura EL SENA

Sergio Molina Saavedra, hijo de Molina, aparece en varios documentos que chequea la Fiscalía y en correos a través de los cuales se movió documentación para esa y otras licitaciones.

También se indagan un par de recientes contratos con el Sena, por 12.000 millones de pesos, con el Consorcio Constructor Alfa, en el que aparece la misma empresa de los Molina.

(En contexto: La evidencia que hunde a Emilio Tapia y a tres más por el caso Mintic)

EL TIEMPO estableció que se subcontrató a un tercero para ejecutar algunas obras en sedes de la entidad, a pesar de que una cláusula lo prohibía. Y ahora se le va a pedir a la Fiscalía que verifique los documentos usados para hacerse con ese jugoso contrato.

La firma subcontratada, T&H S. A.S., dice que no le han pagado lo pactado. Y la Fiscalía indaga otros contratos en Risaralda y en Cali, en donde se habría usado el mismo modus operandi.

¿Y Tapia?

Llegada de Emilio Tapia al búnker de la Fiscalía en Bogotá.

Foto:

Fiscalía General de la Nación.

(También: Las visitas a Emilio Tapia del italiano que negocia el Deportivo Pereira)

Volviendo al caso Mintic, los investigadores están a la espera de la información que Emilio Tapia supuestamente va a entregar. Inicialmente se habló de políticos de tres departamentos (Córdoba, Santander y Sucre) y de un grupo de aforados.

Pero no se descarta que llegue a un preacuerdo y, simplemente, acepte un par de cargos sin tener que delatar a otros implicados en el escándalo.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

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u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET

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