Las próximas dos semanas van a ser cruciales dentro del escándalo de corrupción que desató el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).
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Al menos dos de los capturados –incluido el empresario de Sahagún Emilio Tapia– y los implicados que ya vienen colaborando con las autoridades intentarán sellar acuerdos de colaboración, en busca de condenas más benévolas.
Este diario confirmó que al menos un senador llamó al Mintic a abogar para que el contrato con Centros Poblados no fuera caducado, sino cedido.
Y si, tal como lo anticipó EL TIEMPO, se abre el capítulo de políticos involucrados, incluidos congresistas, la Corte Suprema entrará a intervenir.
Ya hay una primera ventana para que el alto tribunal se active.
Este diario confirmó que al menos un senador llamó al Mintic a abogar para que el contrato con Centros Poblados no fuera caducado, sino cedido.
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Si eso hubiera pasado, además de beneficiar a un tercero, las empresas vinculadas a la UT no habrían sido embargadas ni vetadas para contratar con el Estado, como ocurrió.
Al respecto, el senador Armando Benedetti salió a advertir que jamás se ha reunido con Emilio Tapia.
“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas”, dijo la exministra, en su cuenta de Twitter.
La propia exministra le confirmó a EL TIEMPO en la mañana de este lunes que la llamada de parte de Benedetti sí se produjo.
Pero todo indica que los nombres de otros implicados abrirían la puerta para que la Corte actúe; y la ruta de los 70.000 millones de pesos del anticipo permitiría llegar a varios nombres.
Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una CocaCola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del "rufián", quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay.
— Armando Benedetti (@AABenedetti) September 26, 2021
Karen Abudinen, exministra TIC y Armando Benedetti, senador de la República.
César Melgarejo - Mauricio Moreno EL TIEMPO
Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS.
— Karen Abudinen (@karenabudi) September 27, 2021
Gobernador Sucre
Gobernación Sucre
La preocupación en el Congreso es tal que algunos legisladores han empezado a desmarcarse del escándalo.
EL TIEMPO reveló este fin de semana que uno de los nombres que ya mencionaron dos de los involucrados es el de Héctor Olimpo Espinosa, actual gobernado de Sucre.
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“Emilio estaba molesto porque una licitación de una vía se le había entregado a otro”, señaló uno de los involucrados.
Y EL TIEMPO estableció que el contrato del que habla fue por 17.000 millones de pesos.
Andrés Garzón, apoderado del gobernador de Sucre.
Archivo Particular
El penalista Andrés Garzón, apoderado del gobernador Espinosa, le aseguró a este diario que, en efecto, su cliente conoce a Tapia, porque este último es de la región y tienen varios amigos y conocidos en común.
De hecho, Espinosa le admitió que han coincidido en reuniones de orden social con Tapia, ya condenado por el ‘carrusel’ de la contratación.
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Pero Garzón fue enfático en que no hay nexo contractual entre la administración departamental y Tapia. Además, que denunciarán a quien así lo señale.
No obstante, admitió que, a manera de rumor, personas venían señalando que Tapia supuestamente ofrecía contratos a nombre de la gobernación.
Lo que la Fiscalía busca establecer es si Tapia hizo contratos a través de interpuestas personas, como sucedió en el caso de Centros Poblados.
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Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC.
Archivo Particular
Desde el miércoles pasado, en plena audiencia de medida de aseguramiento –transmitida por EL TIEMPO–, la fiscal del caso reveló que Tapia manejaba tres de las firmas socias de la UT: ICM Ingenieros S. A. S., que aparece con un 35 por ciento de la UT; Intec de la Costa S. A. S., con un 15 por ciento, y Omega Buildings Constructora S. A. S., con otro 15 por ciento.
Pero, realmente, Tapia era dueño del 50 por ciento del jugoso negocio. El otro 50 por ciento estaba en manos de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, socio fundador de Novotic y de Nuovo Security LLC. Esta última es la compañía afincada en Delaware, Florida, que recibió la mayor parte del anticipo.
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Cáceres, como lo reveló EL TIEMPO, es uno de los involucrados que vienen colaborando.
Ya ha entregado consignaciones que prueban la utilización indebida de parte del dinero del anticipo. Además del giro a Dubái, que le ordenó hacer Tapia y a varias personas naturales, aparece un desembolso por 300.000 dólares a OLT Logistic.
Se indaga si es la misma firma de Sincelejo denunciada por presentar inconsistencias en documentos para quedarse en un contrato en Antioquia.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Ese departamento es otra de las pistas del escándalo.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET
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