Red también exportó la carne de burro que llegó a los niños del PAE

“La carne era babosa, muy roja e, inclusive, de mal olor. Creíamos que era de vacas viejas, porque la metíamos a la olla de presión y no se ablandaba como la de res. Algunos niños la dejaban en el plato. Nunca se nos pasó por la mente que les fueran a hacer esto”.

Quien habla es María del Rosario Viviescas, rectora de la Institución Educativa Cirales, de Carmen de Chucurí (Santander), en donde, en promedio, 240 alumnos, desde preescolar hasta grado once recibieron porciones del carne del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2019 de la gobernación de ese departamento, que hoy están bajo una investigación que tiene escandalizado al país y promete crecer en los próximos días.

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Lo que se pretende probar ante la justicia es que burros y caballos (algunos enfermos) eran llevados desde Sucre y Córdoba hasta Santander (unas 15 horas por carretera) para ser sacrificados en mataderos clandestinos y empacados con etiquetas adulteradas de distribuidores de la zona.

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EL TIEMPO estableció que una de las pistas de la investigación es un matadero que queda en la vía que conduce de Bucaramanga a la Mesa de los Santos. Además, se busca establecer quién expedía las guías de movilización falsas que permitían mover a caballos y burros por al menos tres departamentos.

Hasta ahora, la Fiscalía –que lleva la investigación con la policía judicial y de investigación de la Dirección de Protección y Servicios Especiales–, solo ha señalado a Fernando Trujillo Gómez, alias el Padrino.

Pero hay otros involucrados. De hecho, este diario estableció que ya hay evidencia de que esa misma carne alcanzó a ser exportada a al menos un país al que ya se le pidió información sanitaria.

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Trujillo, nacido en Bucaramanga, fue capturado la semana pasada en zona rural de Floridablanca, donde era muy conocido por ser proveedor de salsamentarías, plazas de mercado y hasta charcuterías.El negocio era tan próspero que el hombre abrió su empresa, F.T.G., en agosto de 2017. Incluso, tramitó permisos para comercializar carne de aves, pescados y productos de mar.

Trujillo –que no aceptó cargos– fue grabado dando instrucciones sobre la reetiquetada de la carne y la forma como les restaba importancia a las quejas por su aspecto y sabor: “Ahijado, venga le hago una pregunta, el man que le hace la vuelta de los tiques de ganado, ¿cómo es esa joda? ¿Cómo sale? ¿A nombre de quién o qué?”.

“Eso sale a nombre del man (...), yo le doy la fecha y sale toda la información, sino que la dirección el man la modifica, pero sale original”, contesta un sujeto.
Y en otra conversación hablan de las quejas que estaban empezando a surgir: “Las viejas de la cocina casi me dan garrote porque está muy dura, no va en bloque y sale como caucho”.

Pero nadie decía ni denunciaba nada.

“La carne llegaba bien empacadita, al vacío, con buena presentación. Uno no puede decir si era de esto o qué. Uno veía cuando la preparaban que era diferente y los chicos que la consumían decían que tenía diferente sabor. Pero ya se la comieron, ya qué”, agregó Stella Martínez, del colegio La Salina de Carmen de Chucurí.

La espuma que le salía a la carne –dice uno de los investigadores– se debe al bisulfito sódico, citrosan sanitizante y a los colorantes que le echaban para que aparentara ser de res y para intentar ablandarla.

Por eso, los niños preferían marcharse a casa con hambre antes que ingerirla.
“Era como blanca, y cuando se ponía asar o a sudar salía espuma. Yo tenía que probar el alimento que les dan a los niños. A mí se me hacía extraño el sabor”, le narró a EL TIEMPO Virginia Mendoza, supervisora del contrato de 2019 en Cimitarra.

Según dice, dos manipuladoras de los alimentos le comentaron que la carne era extraña, pero ningún rector se quejó oficialmente, dice.

“Le alcancé a decir a una ingeniera, y me dijo que ellos tenían interventoría y sabían con quiénes trabajaban. Los interventores que venían de Bucaramanga nunca dijeron nada”, agrega la supervisora Mendoza.

Y José Agustín González, rector del colegio San José de Cimitarra, admite que muchos niños preferían no comer nada. “Los jóvenes sí decían: ‘Profe, esa carne sabe feo’. Uno les decía: ‘Muchachos, no se regodeen, mire que el Estado les está regalando una alimentación’. Ahora nos damos cuenta de que tenían toda la razón. La bolsas de carne que están mostrando eran las que nos llegaban”. 

Reporteros de EL TIEMPO establecieron que investigadores ya empezaron a visitar a algunos operadores del PAE, y al menos uno admitió conocer a la firma F.T.G. De hecho, se quiere establecer o descartar si F.T.G. surtió un contrato con una secretaría local encargada de entrega suministros a una cárcel, y a un par de entidades públicas más.

Las pesquisas que más han avanzado se concentran en la zona de Cimitarra, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Landázuri y otros 5 municipios en donde hay 419 sedes educativas que conformaron la llamada zona 3 del contrato del PAE de Santander, en 2019.

Si bien Trujillo Gómez no aparece como contratista, la Fiscalía y la Policía verifican información según la cual le habría podido suministrar carne a algún proveedor de la Unión Temporal Nutrimos Santander, que se ganó el contrato 395 de 2019, por 6.237 millones de pesos, para suministrar 8.985 raciones tipo almuerzo, 8.085 raciones complementarias y 15.377 raciones tipo industrializadas.

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La unión temporal la conforman Nutrialianza S. A. S. y la Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales, que comparten dirección, teléfono y representante legal. EL TIEMPO la ubicó y aseguró que tuvo tres proveedores y que todos cumplían requisitos sanitarios.

“Estamos prestos a ofrecerles toda la colaboración a las autoridades para que la verdad salga a la luz. Cumplimos con todos los requisitos legales”, explicó, tras advertir que ni siquiera conoce a Trujillo.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo cambiazos?

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Por ahora, Trujillo fue enviado a la cárcel por los delitos de corrupción de alimentos, fraude procesal y falsedad en documento privado. Y ahora se buscan a otros eslabones de la venta de la carne espumosa.

“No conozco en persona ni de vista a Fernando Trujillo, ni la UT Nutrimos jamás tuvo vínculos comerciales con el señor en mención, sindicado y señalado por la Fiscalía de suministrar carnes no debidas al PAE”.

Así respondió la vocera de una de las uniones temporales que repartían raciones escolares en las zonas bajo investigación. De hecho, admitió que un investigador ya los visitó en marzo y preguntó por varias personas, incluida una mujer que sí identificó.

Además, señaló que si bien recibió quejas de que la carne era dura, cambió el proveedor. Y aclaró que aunque la Gobernación de Santander sancionó con 497 millones de pesos a una UT de la que hacía parte una de sus firmas -por líos con la carne y otros alimentos-, las anomalías no tuvieron nada que ver con el sector que ellos atendían, en 2014. “Estamos listos a colaborar con las autoridades para que la verdad salga a la luz”, puntualizó.

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