Los reconocidos empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla tienen dos frentes abiertos con la justicia que se van a mover en las próximas semanas, impactando los intereses de la empresa TransMilenio.
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Los dos inversionistas paisas, con compañías en varios países, están citados mañana a audiencia de imputación de cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
El caso está relacionado con la concesión que se le adjudicó a la firma Recaudo Bogotá, en 2011, para la recolección de pasajes y control de la flota de buses de TransMilenio y del SITP.
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TransMilenio pidió que se investigara si los dos hermanos ocultaron ser los controlantes de esa firma y, así, le hicieron el quite a la inhabilidad que se configuraría por ser tíos del entonces concejal de Bogotá Felipe Ríos Londoño (Cambio Radical).
Fiscal delegada Angélica María Monsalve.
Cortesía: Noticias Caracol
Este último ha señalado que actuó apegado a la ley y se sustenta en documentos en los que advirtió a entidades y autoridades sobre sus nexos familiares con los Ríos Velilla, quienes por esos lazos no podían contratar con el Distrito.
De hecho, en las últimas horas, la defensa del exconcejal recusó a la fiscal del caso, Angélica Monsalve, lo que podría frenar la diligencia de imputación (ver nota anexa).
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En todo caso, el expediente sobre los Ríos Velilla no es nuevo e incluye a otros protagonistas. EL TIEMPO reveló, desde 2019, que en la Superintendencia de Sociedades había aparecido evidencia que indicaría que Carlos y Javier eran los controlantes de Recaudo Bogotá cuando se firmó el contrato con TransMilenio.
Y se advirtió que de probarse ese nexo deberían entrar a responder solidariamente por un hueco financiero de más de 310.000 millones de pesos, que tiene hoy a Recaudo Bogotá en proceso de reorganización.
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El otro efecto de ese supuesto vínculo, que los Ríos Velilla niegan tajantemente, sería la terminación anticipada del contrato entre Recaudo Bogotá y TransMilenio (faltan 4 años), con las repercusiones que conlleva.
Y aunque el caso se desmoronó en la Supersociedades, los documentos mencionados por EL TIEMPO y otros más que hoy revela este diario, hacen parte ahora del proceso penal.
La Superintendencia de Sociedades fue demandada por la empresa Angelcom.
EL TIEMPO / Cortesía
Resolución de archivo de la investigación que adelantaba la Supersociedades en contra de los hermanos Ríos Velilla.
EL TIEMPO
EL TIEMPO indagó y estableció que aunque la Supersociedades alcanzó a abrirles indagación a los Ríos Velilla –como se reveló en su momento–, el año pasado se expidieron dos resoluciones cerrando el caso.
El 17 de agosto de 2021 se notificó una, en donde se concluyó que, para ese momento, eran otros los controlantes de Recaudo Bogotá.
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Dos meses después, la decisión se confirmó, a pesar de que la empresa Angelcom presentó un recurso e insistió en que había evidencia de los nexos de los Ríos Velilla, a través de Citymovil Chile S.A. (Chile), Asesorías e Inversiones Alaska Ltda. (Chile), Jodama Holding Inc. (Panamá) y Bandoroux International Corp. (Panamá).
Angelcom es la compañía que obtuvo, en 2000, el primer contrato de recaudo con TransMilenio que, en 2011, ganó Recaudo Bogotá. Bajo ese argumento y con la investigación penal caminando –también por denuncia de Angelcom–, esa firma instauró una demanda ante el Consejo de Estado (el 18 de febrero), que busca tumbar las resoluciones.
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“El proceso penal se originó en el de la Súper. Lo que se está pidiendo es que se establezca si funcionarios de esa entidad fueron inducidos a error o si no se analizaron documentos clave. Le corresponde a la Fiscalía tipificar esas conductas”, aseguró el penalista Said Idrobo.
Este, junto a la exfiscal Ángela María Buitrago son parte de los abogados de Angelcom.
El empresario Javier Ríos Velilla.
Archivo particular
En la demanda, Angelcom habla de una supuesta ‘prueba reina’, que también es mencionada en la denuncia que interpuso TransMilenio a través de su apoderado, el penalista Camilo Sepúlveda.
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“TransMilenio S.A. es víctima reconocida dentro del proceso. Además de ser el denunciante, es quien, según la tesis de la Fiscalía, no habría sido informada en el proceso licitatorio que los Ríos Velilla fueran los controlantes de Recaudo Bogotá, considerando que se ocultó así el presunto conflicto de intereses con el entonces concejal”, dijo un vocero de TransMilenio.
La supuesta ‘prueba reina’ de esos nexos es un contrato de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial para financiar proyectos privados. Fue firmado entre IFC y Recaudo Bogotá, en febrero de 2013, cuando ya estaba vigente la concesión con TransMilenio.
Los Ríos Velilla argumentaron que, como avanzaba un proceso penal en su contra por el mismo tema, “se acogían a la protección constitucional de no autoincriminarse”.
En el documento consta que la IFC, junto con los bancos Kexim (banco de comercio exterior de Corea), HSBC, Shihnan Bank y Woori Global Markets Asia Limited, financiaron proyectos a Recaudo Bogotá por 150 millones de dólares.
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En el contrato aparecen Carlos y Javier Ríos como “obligados a la retención de acciones”, una especie de fiadores. Y como patrocinadores: Edtm (ligada a Javier Ríos), LG, Land Deloveper y Citymóvil Colombia.
En la demanda se asegura que la Supersociedades citó a los hermanos para que explicaran el documento de la IFC, pero no se presentaron. Argumentaron que, como avanzaba un proceso penal en su contra por el mismo tema, “se acogían a la protección constitucional de no autoincriminarse”.
Demanda de Angelcom ante el Consejo de Estado en contra de las resoluciones que archivaron la investigación en la Supersociedades.
EL TIEMPO
La Supersociedades optó entonces por citar al director de Infraestructura Global de la IFC, Vincent Gouarne, para conocer su versión sobre el rol de los Ríos.
Pero la entidad recordó que es parte del Banco Mundial y goza de inmunidad diplomática, por lo que no declaró.
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Y aunque Recaudo Bogotá también envió ese documento a la Supersociedades –en su proceso de reestructuración–, los Ríos Velilla insistieron en que ese préstamo hace parte de otros acuerdos financieros que no evidencian posición dominante sobre Recaudo Bogotá.
Según ellos, tuvo “como fundamento la relación comercial y negocial con los empresarios chilenos Fernando del Sol Guzmán y Juan Antonio Guzmán Molinari, quienes manifestaron ante la Superintendencia ser los socios mayoritarios de la firma chilena Citymóvil S.A.”, los verdaderos controlantes de Recaudo Bogotá, según dicen.
"(...) lo que, por su parte, descartaría un presunto control en cabeza de los Ríos Velilla, por lo menos desde esa fecha".
“Sin duda alguna, las pruebas analizadas acreditan que el señor Juan Antonio Guzmán Molinari es, desde el 2 de enero de 2016 hasta hoy día, el controlante de las sociedades colombianas Recaudo Bogotá S.A.S. y Citymóvil Colombia S.A.S., dado que es el accionista mayoritario de la sociedad chilena Citymóvil S.A.; lo que, por su parte, descartaría un presunto control en cabeza de los Ríos Velilla, por lo menos desde esa fecha”, se lee en la resolución de archivo.
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Pero, para Angelcom, es claro que cuando se firmó la concesión con TransMilenio, los Ríos Velilla sí eran los controlantes. Y TransMilenio quiere que se aclare ese punto.
EL TIEMPO buscó a los hermanos Ríos Velilla, a sus abogados y al representante de Recaudo Bogotá, pero se abstuvieron de hablar. Sin embargo, en 2019, cuando este diario reveló el caso, Javier Ríos aseguró que iban a demostrar que no han violado la ley.
Al cierre de esta edición tampoco se había obtenido respuesta de la Supersociedades.
Rodrigo Noguera, rector de la universidad Sergio Arboleda.
Néstor Gómez / EL TIEMPO
Aunque todo está programado para que mañana un juez avale o no la imputación de cargos a los hermanos Carlos y Javier Ríos Velilla y a su sobrino Felipe Ríos Londoño, la realización de la diligencia es incierta.
La razón, EL TIEMPO conoció que el penalista Jaime Lombana, abogado de Felipe Ríos Londoño, presentó una recusación contra la fiscal del caso, Angélica Monsalve, el pasado 22 de abril.
Lombana allegó, además, unos documentos en los que, dice, consta que Ríos Londoño ha documentado ampliamente dentro del proceso penal que actuó con transparencia y lealtad, advirtiendo a las autoridades, cuando fue concejal, su parentesco con los Ríos Velilla.
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En el dosier hay cartas, fechadas desde 2007, en donde pone de presente ese nexo a autoridades capitalinas como la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá.
Y en otras, solicitó a entidades del Distrito, entre ellas TransMilenio, le certificaran si había algún vínculo contractual con 45 de sus familiares y 5 empresas ligadas a ellos, que le generaran algún tipo de inhabilidad.
En todos los casos la respuesta fue negativa. En ese listado de familiares aparecen Carlos y Javier Ríos Velilla.
Felipe Ríos, exconcejal de Bogotá.
Archivo particular
Además, se anexa una decisión de la Procuraduría, del 21 de enero de 2010, que archivó un proceso contra Felipe Ríos, en su condición de concejal, por sus nexos con Javier Ríos Velilla y su posible impedimento o inhabilidad.
Y en la recusación, Lombana señala que la fiscal se debe declarar impedida en ese caso por haberse referido a su cliente en declaraciones recientes a la prensa.
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La fiscal aseguró que había sido trasladada a Putumayo por haber anunciado las imputaciones. Previo a ello, dijo, fue citada por Rodrigo Noguera, rector de la universidad Sergio Arboleda, quien le entregó un papel en donde Alberto Ríos, padre del exconcejal, señalaba razones por las que, según él, no era procedente la imputación a su hijo.
La fiscal ha denunciado un presunto tráfico de influencias y obstrucción a la justicia por la reunión a la que fue citada y ese papel.
“Resulta evidente que usted debe retirarse del conocimiento del proceso, pues funcionalmente mi representado no encuentra una contraparte natural del proceso penal sino a un enemigo”: Lombana.
Pero, según Lombana, la fiscal hizo afirmaciones falsas contra su cliente “que prueban su sesgo, desconociendo la presunción de inocencia y presentando a los indiciados como los responsables, lo que hace que asistan a un proceso penal sin garantías”.
Además, dice, anticipó la imputación en medios, incluido al Reporte Coronell en la W Radio.
“Resulta evidente que usted debe retirarse del conocimiento del proceso, pues funcionalmente mi representado no encuentra una contraparte natural del proceso penal sino a un enemigo, a una funcionaria llena de prejuicios y malquerencias en nuestra contra”, señala.
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Y agrega que la funcionaria oculta información relevante sobre Rodrigo Noguera, al parecer, por su situación de salud. La fiscal deberá decidir si acepta la recusación o sigue adelante.
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