La compra de una camioneta Toyota Fortuner gris de 224 millones de pesos, a finales de 2022, es uno de los datos que apresuraron la salida, en diciembre pasado, de la exgobernadora de Córdoba Martha Sáenz Correa de su cargo como directora de la Caja de Compensación Familiar de ese departamento: Comfacor.
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A pesar de que Sáenz pedía 700 millones de pesos como indemnización por su despido, lo único que recibió fue la mención de su nombre en denuncias presentadas ante la Fiscalía y la Procuraduría por presuntas irregularidades en el manejo de millonarios fondos de esa caja de compensación.
EL TIEMPO investigó y estableció que, además de la Toyota, aparecen pagos por casi 11.000 millones de pesos en administración de remanentes y asesorías. Y 12.000 millones de pesos más en la ampliación de un parque cuyos avances de obra son bajos.
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Pero esta no es la única caja cuyos gastos están bajo la lupa. En las próximas semanas, la Superintendencia de Subsidio Familiar, en cabeza de Luis Guillermo Pérez, pedirá que se investiguen las cuentas de otras tres, ubicadas en Barrancabermeja, La Guajira y Huila, todas con medidas de intervención. De paso, Pérez señaló que estas entidades no son de los grupos políticos.
Además, la mayoría de los fondos auditados salen del aporte del 4 por ciento que hacen mensualmente los colombianos. Se calcula que por esa vía, 43 cajas de compensación reciben anualmente más de 10 billones de pesos.
Edificio donde está la sede de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
‘Hubo presión política’
Documento donde la exdirectora de Comfacor, Martha Sáenz pedía una indemnizacion por su salida.
Archivo particular
Sáenz, ligada al partido Liberal, inició su gestión en 2021. Ese año la caja de compensación se declaró en un desequilibrio financiero y registró pasivos por 350.000 millones de pesos.
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A pesar de la situación financiera, la caja celebró un contrato por 10.033 millones de pesos para la administración de esos remanentes, como producto de la liquidación del programa de salud.
El contrato se celebró el 6 de agosto de 2021, con la firma Question Resolution Solution Consultants & Legal SAS, representada por Juan Gabriel Espitia Medina.
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El objeto del contrato es realizar, por un término de tres años, la gestión administrativa, defensa judicial y gestión de cartera de la entidad.
Martha Sáenz Correa, exdirectora de Comfacor, Córdoba.
Tomada de Facebook
Casi de inmediato, la firma subcontrató a dos empresas para ejecutar gran parte del contrato: Documenta, Logística-Documental S.A.S. (por 2.682 millones de pesos) y De la Espriella Lawyers Entreprise S.A. (por 3.725 millones de pesos).
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Lo que llama la atención es que el contrato con Question Resolution Solution Consultants & Legal SAS representa casi tres veces el costo de la liquidación total del programa de salud de esa caja de compensación, que tuvo un valor de 3.084 millones de pesos.
Comfacor justifica la necesidad de los servicios contratados alegando que las actividades remanentes derivadas de la liquidación de la EPS de la entidad debieron ser asumidas por la caja de compensación.
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Y Sáenz le dijo a EL TIEMPO que su salida se debió a presiones políticas y que se defenderá ante los organismos de control. Además, que no ha sido notificada de ninguna investigación.
Sin embargo, la denuncia penal y la disciplinaria fueron instauradas por la Supersubsidio desde finales de 2022 y, en los próximos días, vienen las de las otras cajas bajo la lupa.
El parque y los CDT
JennyJudith Moreno Tellez, exdirectora de la caja Cafaba, de Barrancabermeja.
Tomada de Facebook
En el caso de Córdoba también se auditan los 5.026 millones de pesos que se entregaron como anticipo de un contrato de 12.565 millones de pesos para la remodelación y ampliación del parque de la caja: Tucasán, en Montería. Este contrato se le adjudicó, en octubre de 2022, al consorcio Construparque Tacasán.
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Cuando un equipo de la Supersubsidio visitó las obras en terreno, en diciembre pasado, solo llevaban un 1 por ciento del avance de la obra.
EL TIEMPO supo que, este jueves, la Fiscalía estuvo en las oficinas de Comfacor revisando documentos.
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Y en los próximos días investigadores saltarán a Barrancabermeja a revisar los gastos de la caja de compensación Cafaba.
Allí, una auditoría dejó constancia de que 480 millones de pesos, de los cerca de 1.000 millones de pesos que se invirtieron en CDT, no aparecen.
EL TIEMPO buscó a Jenny Judith Moreno Téllez, la saliente directora de Cafaba, parea preguntar por el dinero, pero cuando se le empezó a indagar por el tema se colgó abruptamente la llamada y se bloqueó el teléfono.
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Este diario también contactó a su colega de La Guajira, Luis Eduardo Medina Romero, para preguntarle sobre las presuntas irregularidades durante su gestión en Comfaguajira.
Luis Eduardo Medina Romero, exdirector de la administrativa de la caja de compensación familiar Comfaguajira,
Tomada de Facebook
En una diligencia se detectó que la situación financiera del programa de salud de la caja registraba activos por 30.020 millones hasta agosto 2022, y pasivos por 56.067 millones de pesos. En esa caja se verifica el aparente uso irregular de una tarjeta de crédito corporativa cuyos movimientos no han sido justificados.
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Medina Romero señaló que los movimientos de esa tarjeta se dieron dentro de los giros normales de las cajas y que su gestión fue transparente: “Nunca se autorizó tarjeta a servicios para gastos personales. Es claro que la subdirección de servicios sociales manejaba una tarjeta de crédito para tramitar bienes y servicios para la operación de los centros que dan servicio a los afiliados y clientes de manera oportuna”.
Y aseguró que ya “se entregó soporte de cada compra realizada con dicha tarjeta y una auditoría interna comprobó que todas las compras fueron hechas para los servicios propios de la caja”. Según él, el tema fue aclarado y documentado a la nueva administración por parte de la subdirección de servicios sociales de la caja.
La otra Toyota
Luis Miguel Losada Polanco, saliente director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Huila.
Tomada de Facebook
En Comfahuila –otra de las cajas intervenidas, en crisis–, se indaga cómo llegó a un nivel de endeudamiento casi inmanejable: pasó del 87 por ciento en marzo de 2021, a 96 por ciento a marzo de 2022.
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No obstante, hay gastos como la compra de una camioneta Toyota Prado, plata metálico, modelo 2021, que fue adquirida por 250 millones de pesos.
EL TIEMPO contactó a Luis Miguel Losada Polanco, exdirector de Comfamiliar Huila, quien ha ocupado varios cargos, incluido el de alcalde encargado de Neiva. Este manifestó de entrada que no estuvo de acuerdo con su salida de la caja de compensación, en julio pasado, que interrumpió la labor que adelantaba desde 2016 para sanaerla.
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En cuanto a la compra del vehículo, explicó se dio para cambiar la Prado blanca blindada, modelo 2015, que presentaba problemas.
En Comfamiliar Huila la Supersubsidio halló la inadecuada custodia documental y de archivos de la corporación.
Archivo particular
"Esa camioneta se vendió por encima de su valor comercial. Tenía blindaje tipo 4 y su mantenimiento era cada vez más costoso. Se tomó la decisión de comprar un modelo más reciente y sin blindaje. Pero este cambio no se dio por razones de lujos o comodidad”, dijo Losada.
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Por ahora, las denuncias interpuestas por la Supersubsidio contra Comfacor avanzan en los organismos de control. Y en los próximos días se interpondrán las denuncias contra las otras tres cajas.
'Cajas no son de partidos políticos’
Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio, dijo que las cajas no son de los políticos.
Archivo particular
EL TIEMPO estableció que, el pasado 30 de diciembre y el 2 de enero, la Supersubsidio envió solicitudes de investigación a la Procuraduría y la Fiscalía, respectivamente, para que se indaguen posibles irregularidades en la Caja de Compensación de Córdoba. Y en los próximos días, hará lo mismo con otras cajas.
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Este diario contactó a Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar, quien empezó por advertir que esas entidades no pertenecen a los directores ni a ningún partido o cacique político, sino a los trabajadores y sus familias.
“Las cajas que han sido intervenidas han tenido serios problemas en la dirección. Por eso, a mi llegada cambié algunos directores. Se ha decidido desde la Superintendencia que todas las cajas deberían regirse bajo el principio de austeridad, de ética”, dijo Pérez.
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Y, respecto a Comfacor, indicó que se encontró con una directora (Marta Sáenz) que había sido nombrada por el anterior superintendente, la cual le manifestó su compromiso de austeridad.
En el caso de Córdoba también se auditan los 5.026 millones de pesos que se entregaron para la remodelación y ampliación del parque de la caja: Tucasán, en Montería.
Suministrada
“Luego nos encontramos con unos contratos muy onerosos para la caja, que muestran que la austeridad de la que hablaba no correspondía con los hechos”, explicó Pérez, quien estuvo en Córdoba.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Precisó, además, que la Supersubsidio está enfocada en fortalecer las cajas para aportar al crecimiento de la economía regional de los departamentos en donde están ubicadas.
“Buscamos resolver lo más pronto posible que las cajas sean devueltas a sus departamentos, eso implica desarrollar un proceso participativo de recuperación, por eso estoy hablando con empresarios, sindicalistas y trabajadores de las cajas”, dijo.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET
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