Cuando el teléfono del empresario Miguel Barranco sonó y al otro lado de la línea le habló un alto funcionario de la alcaldía de Enrique Peñalosa, creyó que iba a concretar uno de los negocios inmobiliarios más prometedores de la ciudad.
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Le dijeron que el Distrito estaba interesado en adquirir 87.901 metros cuadrados de su lote Piedra Herrada, localizado a unos metros de la vía al Llano, muy cerca del primer túnel de la carretera a Villavicencio.
El empresario Miguel Barranco interpuso una denuncia en la Fiscalía en contra de funcionarios del Distrito y una demanda en lo contencioso.
Unidad Investigativa
Según le notificaron, TransMilenio requería ese y otros predios para la construcción de un estratégico patio-portal para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que conectaría a Usme con el resto de la ciudad.
Esa fue una de las últimas decisiones del entonces alcalde Peñalosa, quien emitió un decreto, el 26 de julio de 2019, en el que declaró “la existencia de condiciones de urgencia, por motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición del polígono Piedra Herrada”.
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Pero, a la vuelta de tres años, el prometedor negocio se convirtió en un millonario pleito judicial y administrativo después de que la supuesta enajenación voluntaria del predio terminó en una expropiación.
Los correos y las ofertas
Propuesta de compra de predio hecha al dueño del lote.
Archivo particular.
El empresario Barranco, cabeza de la firma Inversión y Desarrollo Barranco S. A., asegura que tiene correos electrónicos y hasta certificaciones en las que TransMilenio le manifestó que su predio se encuentra en un punto importante para unir los futuros proyectos del sistema de transporte masivo con municipios aledaños.
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Además, que la propuesta que le estaban haciendo era de compra.
Pero el 4 de febrero de 2020, ya con Claudia López como alcaldesa mayor, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) emitió una resolución que cambió los términos del negocio.
“Ordenar la expropiación por vía administrativa a favor del IDU (…) el valor del precio indemnizatorio del inmueble objeto de expropiación es la suma de 3.955 millones 548 mil 150 pesos”, dice el documento, firmado por María del Pilar Grajales, directora técnica de predios de esa entidad.
La zona es estratégica porque permitiría conectar el transporte público de Bogotá con municipios aledaños.
Mauricio Moreno. EL TIEMPO
“El negocio se vino al piso. Tuve que vender propiedades y despedir empleados. Además, después de 18 años de tener calificación triple A en bancos, pasamos a default. Sin contar el desgaste de mi salud”, le dijo Barranco a EL TIEMPO.
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Por eso, su apoderado, Jaime Granados, decidió denunciar penalmente al puñado de funcionarios del Distrito que intervinieron en todo el proceso –expropiación y avalúo– por los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica y hasta abuso de función pública.
De manera paralela, se inició una acción en la jurisdicción de lo contencioso administrativo para intentar echar abajo las decisiones del Distrito.
Los tres avalúos
Avalúos privados contratados por el propietario del predio y ordenados por la Fiscalía, muestran que el precio de la propiedad es mayor al pagado por el Distrito.
Archivo particular
Según el expediente de la Fiscalía, el precio de la expropiación fue determinado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital que estableció ciertas condiciones para determinar que el metro cuadrado se debía pagar a 45.000 pesos.
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Sin embargo, Barranco anexó dos avalúos de expertos privados en los que señalaban que el precio es mucho mayor. Y, además, que el Distrito había expropiado inmuebles cercanos a la Piedra Herrada a 500.000 pesos el metro cuadrado.
Para zanjar la diferencia, la fiscalía 377 Seccional de Bogotá ordenó que un perito oficial revisara el avalúo del Catastro distrital.
EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo al dictamen, fechado el 28 de julio de 2021, en el que la perito Eliana Cardona concluyó: “El valor del metro cuadrado de la zona donde se ubica el predio es mucho mayor al establecido por el funcionario del Catastro”.
Y agregó que se debía hacer un estudio de mercado en la zona y el avalúo comercial correspondiente para confirmar estos valores.
El nuevo valor
Mapa de la fracción del predio 'Piedra Herrada' que fue adquirido por expropiación por parte del Distrito.
Archivo particular
En efecto, el 18 de abril pasado, la fiscal del caso ordenó efectuar un nuevo avalúo comercial. EL TIEMPO estableció que el 19 de mayo se hizo la visita en terreno de la perito Cardona con el asistente de la fiscal, Carlos Espinosa Pulido; y, dos meses después, se entregó el resultado al despacho judicial. Este diario estableció que la nueva valoración habla de un monto de 30.857 millones de pesos.
Sin embargo, el empresario Barranco asegura que el proceso penal ha avanzado de manera lenta y tan solo han sido llamados a declarar dos funcionarios de bajo rango del Distrito.
De hecho, el pasado 26 de mayo, la Personería de Bogotá radicó ante la Fiscalía 377 una solicitud de impulso procesal: “De manera atenta me permito solicitar a usted se impartan las órdenes y actuaciones a que haya lugar dentro del presente asunto en aras de dar impulso procesal a la presente investigación”.
“Se han cometido varias irregularidades. Con decirle que las fotos con las que respaldan el avalúo usado para la expropiación son de otro predio".
Y para Barranco es claro que funcionarios del Distrito no actuaron apegados a la ley: “Se han cometido varias irregularidades. Con decirle que las fotos con las que respaldan el avalúo usado para la expropiación son de otro predio vecino porque al de nosotros nunca fueron”.
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Y su abogado, el penalista Jaime Granados va aún más allá: “En este trámite expropiatorio se evidenciaron múltiples actos de corrupción por parte de funcionarios públicos del Distrito, especialmente el dictamen pericial ideológicamente falso que llevó al establecimiento definitivo de una suma indemnizatoria absolutamente irrisoria”, dice el abogado en la denuncia ante la Fiscalía.
La defensa del Distrito
Jaime Granados, apoderado del empresario Barramco.
EL TIEMPO consultó al IDU en donde voceros autorizados señalaron que desconocen el proceso que avanza en la Fiscalía.
Además, que su apoderado está ejerciendo la defensa de la entidad ante su juez natural: la jurisdicción contenciosa administrativa.
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De hecho, aseguran que el único avalúo técnica y jurídicamente válido es el que hizo el Catastro. Y agregan que se trata de una expropiación culminada legalmente y debidamente tramitada (ver recuadro).
Aunque lento, el caso avanza en la jurisdicción contenciosa, y en la penal. En esta última, la Fiscalía ya ordenó nuevas pruebas y testimonios para establecer si el Distrito pagó un menor valor por un estratégico predio o si el dueño tiene que acatar la decisión de expropiación.
La respuesta del IDU sobre la denuncia
Oficinas del IDU en el centro de Bogotá.
IDU
El IDU, que ordenó la expropiación de Piedra Herrada, explicó que para adquirir ese, y otros lotes necesarios para el patio- portal de TransMilenio, pagaron 4.263 millones de pesos. Además, que la actuación administrativa se surtió “al amparo del marco normativo que rige los procesos de adquisición predial”.
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Según el IDU, no tienen información de la denuncia en la Fiscalía y tampoco del avalúo del perito. De lo que sí están al tanto es de una actuación en la jurisdicción de lo contenciosa que interpuso el propietario del lote. Al respecto, dicen que este contó con todas las garantías, que fueron resueltas sus peticiones y que el avalúo (base para la oferta de compra) no es de su competencia.
“El único avalúo válido jurídica y técnicamente que puede ser objeto de oposición en sede administrativa y judicial es el dictamen que elaboró Catastro”. Y añadieron que al no estar enterados del proceso penal, “eventualmente devendría como violación al debido proceso dado que se estaría marginando a la administración de los derechos de audiencia, y defensa y contradicción”.
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