No se trata de hechos aislados. La Registraduría tiene evidencia de que un puñado de sus funcionarios está involucrado en una red de venta de documentos de ciudadanía colombianas a batallones de extranjeros bajo sospecha y a delincuentes locales vinculados a bandas y guerrilla.
Entre la clientela también hay decenas de venezolanos que incluso podrían votar en las próximas elecciones y varios extranjeros, entre ellos potenciales terroristas, que tienen en alerta al Gobierno de Estados Unidos.
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El caso de El Emir Moulay Younes es uno de los que está bajo investigación penal.
En el municipio de Santa Rosalía, Vichada, con apenas 3.250 habitantes, dieron fe de que Moulay nació en un corregimiento cercano. Pero ya se comprobó que alguien en la Registraduría local alteró sus documentos.
Agentes federales también dieron aviso de que Hamei Atat Haisam, andaba con una cédula expedida en Galapa, Atlántico. Y la Registraduría descubrió que el supuesto testigo de su nacimiento en ese pueblo fue Samit Atat Martínez, alguien que ni siquiera existe.
Y en Roldanillo, Valle, convirtieron en colombianos al ciudadano español Inocencio Ortega y al italiano Giovanni Baldonio, cuyos antecedentes se verifican con la Interpol.
Una investigación de EL TIEMPO también encontró que miembros del ‘clan del Golfo’ y cabecillas del Eln y de las disidencias de las Farc han acudido a este red para obtener otra identidad.
Hace una semana fueron capturadas 20 personas, entre ellas varios registradores locales, por venta de cédulas originales a migrantes.
Cortesía Policía
Jairo Arrigui Guenis, alias Antonio, señalado de asesinar a tres alcaldes, ya admitió que pagó por convertirse en Nelson Ramírez Castellanos.
De hecho, tuvo la desfachatez de pedir que le anularan su entidad falsa para poder ser uno de los potenciales negociadores del Eln con el Gobierno.
Para agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y para Migración Colombia es claro que una organización criminal trasnacional, con brazos en al menos 12 departamentos, está vendiendo paquetes completos de documentos colombianos –registro civil, cédula y pasaporte– por tarifas que alcanzan 20 millones de pesos por cabeza.
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La plata, que se mueve por bancos europeos y de Miami, garantiza la entrega de la nueva identidad en cualquier país, incluidos Venezuela, Turquía, Irak, Libia, Siria y Palestina.
Sabemos que han enviado cédulas y pasaportes ocultos en postas de carne de exportación, con la complicidad de ganaderías locales y de empresas de textiles que abren en Colombia
“Sabemos que han enviado cédulas y pasaportes ocultos en postas de carne de exportación, con la complicidad de ganaderías locales y de empresas de textiles que abren en Colombia. Se estima que hay más de 60.000 registros civiles que se han expedido irregularmente para sacar cédulas y pasaportes y volver colombianos a extranjeros”, aseguró un oficial de inteligencia.
Y agregó que si todos se convirtieron en cédulas como se cree, podrían incluso elegir de manera holgada a un senador.
EL TIEMPO rastrea a un frigorífico y a una conocida cadena de almacenes de ropa y textiles que está detrás de esta red. La preocupación de Estados Unidos es que varios de esos falsos colombianos se han atrevido incluso a pedir visa para ingresar a ese país.
El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, le confirmó a EL TIEMPO la cifra de registros bajo sospecha. Pero también advirtió que, desde 2016, cuando recibió las primeras alertas, ordenó auditorías en varias de las 1.190 registradurías locales, con resultados concretos.
“A la fecha, hemos destituido a 10 funcionarios, suspendido a 28 y denunciado a 36. Las investigaciones internas han estado acompañadas de dos denuncias ante la Fiscalía por delitos que van desde tráfico de migrantes hasta falsedad en documento privado y prevaricato”, explicó.
Los casos que ya están documentados y que la Fiscalía verifica, sorprenden.
En Caucasia, Antioquia, le dieron cédula y nueva identidad al dominicano Quialin Durán Ramírez, quien decía ser paisa y llamarse Brayant Arley Martínez.
Y el equipo de Galindo halló el mismo patrón en Tumaco, Nariño, con decenas de ciudadanos de otras nacionalidades cuyos registros ya fueron anulados.
Y tras visitar la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, la Registraduría descubrió que el cabecilla ‘eleno’ alias Antonio no era el único que andaba con identidad falsa expedida en la registraduría de Cubará, Boyacá.
En esa oficina se identificaron 797 registros sospechosos expedidos a jefes guerrilleros –incluido el sanguinario alias Pablito, del Eln– y a decenas de ciudadanos venezolanos.
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Además de presuntas firmas falsas, la Fiscalía verifica por qué un solo ciudadano, José Bauro Tegria, aparece como testigo de nacimiento de 786 personas. Luis Gerardo Rinconada aparece en 111 casos y Luis Eduardo Caballero Villegas, en al menos 30.
“Si no son ni parteros ni médicos, o terceros de buena fe, deberán explicar por qué sus nombres están en esos registros”, explicó un investigador.
Y confirmó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y Migración Colombia tienen evidencia de que en La Guajira graduaron de colombianos a los sirios Alí Hamie, Maxin Abbud, Elías Kallas, Azam Alrifai, Hausam Hamie y Lama Hamie, entre otros.
“Al menos dos de esas personas estarían vinculadas a grupos terroristas islámicos. El caso es de nuestro interés por existir indagaciones de la presencia de células de Hezbolá en Venezuela”, señaló un agente federal.
Migración Colombia también tiene documentados decenas de casos de ciudadanos chinos que adquieren la ciudadanía colombiana echando mano de la red y de testigos falsos.
“No hay nada más peligroso para un país que no saber qué extranjeros tiene en su territorio. La falsedad documental no solo es un delito, sino que atenta contra la seguridad nacional. A la fecha hemos capturado a más de 40 personas implicadas en estas redes”, dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.
Sin embargo, el registrador Galindo asegura que, después de que se iniciaron las auditorías y judicializaciones, estos casos han empezado a ceder.
Pero admite la gravedad del fenómeno.
De hecho, hace 9 días la Dijín, la Interpol y el ICE capturaron a 20 personas vinculadas a la red y uno de ellos ya duerme en la cárcel La Modelo.
Y en junio, el caso de alias Antonio le costó el puesto al registrador de Cubará, Miguel Ángel Pinto, quien ahora tendrá que explicarle a la Fiscalía si tuvo o no algo que ver con ese turbio trámite.
No hay nada más peligroso para un país que no saber qué extranjeros tiene en su territorio. Es claro que la falsedad documental atenta contra la seguridad nacional
Juan Carlos Galindo, registrador nacional.
Claudia Rubio / EL TIEMPO
Juan Carlos Galindo, registrador nacional
¿Qué está haciendo la Registraduría para frenar la expedición de registros civiles manipulados, con los que luego se expiden cédulas y pasaportes?
No se ha ahorrado ningún esfuerzo para perseguir estas prácticas indebidas. Desde 2016, con Migración Colombia y con la Fiscalía, organizamos un trabajo coordinado para develar estas situaciones y conducir las investigaciones penales.
En los últimos tres años hemos realizado 86 auditorías internas en registradurías locales, que han permitido anular 1.791 registros civiles irregulares, adelantar 1.105 procesos administrativos de anulación de cédulas de ciudadanía y cancelar definitivamente 250 cédulas expedidas fraudulentamente.
Además, adelantar procesos disciplinarios, con suspensión de 28 funcionarios y 10 destituciones. Nuestra acción ha trascendido al ámbito penal. A partir de nuestras denuncias por corrupción hay en estos momentos 36 servidores de la entidad vinculados formalmente a investigaciones.
¿Cuántos casos hay judicializados?
Van 36 funcionarios denunciados penalmente por la propia entidad. Además, tenemos suspendidos a 28, mientras se adelantan las investigaciones. Y 10 fueron destituidos. Las oficinas afectadas son, entre otras, las de Barranquilla, Magangué, Ciénaga, Soledad, Santo Tomás, Ponedera, San Juan Nepomucen, Pivijay y San Juan del Cesar en la costa. Pero también Puerto Rondón, Puerto Berrío, Cubará, Dagua, Pradera y una auxiliar de Cali.
¿Hay riesgo de que algunos de esos falsos colombianos interfieran en las elecciones votando?
Hay unos casos en que se han cancelado cédulas, y desde luego, no podrán votar. En los casos en que los procesos administrativos de cancelación de cédulas no han concluido, no se pueden excluir del censo electoral, porque podría considerarse una violación del debido proceso y del derecho a la defensa.
¿Por qué no se prohíbe la expedición de registros de con tan solo dos testigos?
Ese mecanismo está previsto en la ley y no se puede prohibir. Pero impartí la instrucción de que cuando llegue alguien con dos testigos para sacar el registro civil, deben informar de manera inmediata a la división de Registro e Identificación. Allí se adelanta una investigación para establecer si se les da o no trámite.
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