Secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero

Pasadas las 10:30 de la noche del jueves 29 de agosto, dos aviones Súper Tucano salieron de la base de Apiay, en el Meta, rumbo a la vereda Candilejas, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Los pilotos de la Fuerza Aérea fueron informados de que los protocolos de bombardeo (operación tipo beta) estaban autorizados por el alto gobierno y que el objetivo quedaba cerca a la latitud 1.51813, longitud -74.1505.

Interceptaciones de comunicaciones y fuentes humanas daban cuenta de que en el lugar había un campamento móvil de la disidencia del frente séptimo de las Farc, liderado por Rogelio Bolívar Córdoba, alias Gildardo Cucho.

Pero 48 días después del bombardeo, ejecutado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y calificado como una “operación impecable” por el presidente Iván Duque, el país se enteró de que allí murieron 8 menores.

La desconcertante noticia se conoció el martes, en medio del debate de moción de censura al que el Senado sometió al ministro de Defensa, Guillermo Botero.

“Usted nunca le contó eso a Colombia (la presencia de menores). Un ministro que miente hace que se pierda la confianza en nuestras Fuerzas Militares”, dijo el senador citante Roy Barreras.

Con su tono enérgico, el ministro defendió el operativo, aduciendo que cumplió todos los protocolos, incluido el blindaje jurídico que exige un bombardeo.

“Contó con todos los parámetros que rigen la doctrina militar colombiana”, aseguró, mientras que senadores de varias orillas le exigían su renuncia.

Pero, a la par, se empezaron a conocer imágenes del sitio del operativo, bautizado ‘Atair’, en las que habían quedado dispersos restos humanos y fusiles, huecos dejados por las bombas y hasta un supuesto artefacto que no explotó.

En la tierra arrasada había dorsos, extremidades, armas, jirones de uniformes y hasta ollas esparcidos.

“Mire, una bota nuevecita (...). Y está el pie todo adentro (...). Hay hasta cabello de persona, con los que podrían hacer pruebas de ADN”, se escucha en otro video difundido por el medio local Red Digital Noticias.

Devastados, los padres de Diana Medina –una de las niñas muertas, de 16 años– también salieron a advertir que ella no era guerrillera y que había sido sacada a la fuerza, a finales de junio, de la vereda Pringamoso.

El ministro dimitió 24 horas después, tras permanecer 14 meses en el cargo y sortear tres escándalos de orden internacional, que venían golpeando la buena labor de las Fuerzas Militares en otros frentes.

Primero fue la revelación de las directrices operacionales, que supuestamente revivirían los ‘falsos positivos’; luego, las falsas fotos de campamentos del Eln en Venezuela que Duque exhibió en Naciones Unidas, y remató con las omisiones y datos erróneos sobre el asesinato a sangre fría del ex Farc Dímar Torres.

Pero esta vez la información era demoledora.

A las 11 en punto de la noche de ese jueves de agosto, los dos bombarderos soltaron su carga sobre el campamento, dejando un cráter de 15 metros de profundidad, por 20 de ancho.

Medicina Legal recibió 16 bolsas selladas que contenían “cadáveres y segmentos corporales de 18 individuos”, transportados en uno de los helicópteros Black Hawk, del Batallón Lancheros, cuyos hombres llegaron a asegurar la zona.

La Dijín recogió el material probatorio en el sitio. Sin embargo, 8 días después, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que se recuperaron nuevos segmentos corporales asociados al bombardeo.

Expertos forenses emitieron un primer informe, el 19 de septiembre. Ese día, en un documento de cuatro páginas, se conoció oficialmente el dato que hoy tiene a diferentes fuerzas políticas exigiéndole al Gobierno un timonazo en el manejo de la seguridad nacional.

“De los 12 cadáveres identificados, siete corresponden con (sic) individuos menores de 18 años y 4 se encuentran aún pendientes por entregar”, señaló el director de la regional oriente de Medicina Legal. Los menores fueron identificados como Abimiller Morales, 17 años; Wílmer Alfredo Castro, 17 años; Diana Medina Garzón, 16 años; José Rojas Andrade, 15 años; Jhon Édison Pinzón Saldaña, 17 años; Ángela Gaitán Pérez, 12 años, y Sandra Patricia Vargas Cuéllas, 16 años.

Herner Carreño, personero de Puerto Rico, Caquetá, aseguró que la Fuerza Pública sabía desde mayo que esa disidencia venía reclutando menores en la zona. Es más, tres días antes del bombardeó, envió una alerta.

“La personería municipal ha recibido información de parte de la comunidad sobre la presencia permanente de grupos armados organizados residuales y/o grupos delincuenciales organizados que se encuentran ejerciendo actividades de extorsión a los comerciantes y ganaderos de la región, como también utilizando, usando y reclutando ilícitamente a nuestros niños, niñas y adolescentes en este municipio”, le escribió al mayor Ricardo Fierro Barón, comandante (e) del Batallón Especial Energético y Vial de Caquetá.

“De escucharme, claro que me escucharon. El problema es que nunca reaccionaron”, le dijo el viernes Carreño a EL TIEMPO.

Y agregó que dos de los tres casos que documentó sobre reclutamiento de niños en la zona coinciden con los muertos en el campamento.

Después de hablar con la prensa, el personero recibió amenazas. Este diario estableció que ya tiene un esquema de protección estatal y que tuvo que salir de la zona. Incluso se evalúa si se debe mover a su familia.

“(Es) un hombre valiente y defensor de los derechos humanos, quien públicamente se atrevió a denunciar el reclutamiento forzado de niños y niñas, y a cuestionar el bombardeo de un presunto campamento de hombres armados en Aguas Claras, Caquetá”, aseguró Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con la renuncia de Botero aún fresca, la Fiscalía reveló que ya adelantaba una investigación sobre los hechos y que aún faltaba por identificar un octavo niño, muerto en el operativo.

Según el ente acusador, hasta ahora se les han entregado 10 cadáveres a las familias, dentro de una investigación bajo total reserva.

“Se violó el Estatuto de Roma. Allí se establece la responsabilidad de mando, y el jefe supremo de las Fuerzas Militares es el Presidente”, dijo el senador del Polo Alexánder López, quien ya anunció una demanda contra Duque ante la Corte Penal Internacional.

Algunos creen que el bombardeo habría sido una respuesta apresurada al video en el que los fugitivos alias Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron el nacimiento de una nueva guerrilla.

La diferencia entre uno y otro evento fue de apenas 19 horas y el propio presidente Duque asoció el operativo con la banda de ‘Márquez’.

“Anoche autoricé al CCOES a adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas, que son residuales de lo que se conocía como las Farc y que hacen parte de las estructuras criminales que ahora pretenden desafiar a Colombia (…). Gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable y con todo el rigor cayó ‘Gildardo Cucho’ (…). Este pretendía ser parte de esa estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla”, dijo en un evento público el viernes 30 de agosto.

Pero fuentes de inteligencia militar le dijeron a EL TIEMPO que la operación se venía planeando desde hacía al menos dos semanas.

Además, que se sabía que alias Gildardo había bajado desde Puerto Ayacucho, Venezuela, y que sus planes eran rearmar los frentes 7, 40 y 62, para ponerlos a disposición de la banda de ‘Iván Márquez’.

Otro dato clave era que ‘Gildardo’ –el segundo de la disidencia de alias Gentil Duarte–, andaba con un cinturón de seguridad de al menos 20 hombres armados. Por eso se descartó usar francotiradores para eliminarlo.

Y tanto el Gobierno como el Ejército insisten en que no tuvieron acceso a la información de Medicina Legal, sobre presencia de niños, por hacer parte de una investigación reservada.

“Siempre hacemos la protección a las personas que lo requieren. La decisión hubiera sido otra”, dijo el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, cuando EL TIEMPO lo interrogó sobre la presencia de menores en el campamento.

Pero parece que, al menos en el Congreso, no todos les creen. Si bien, la operación militar como tal no está siendo cuestionada, sí se reprocha el hecho de que se hubiera guardado silencio sobre los menores.

Algunos le atribuyen ese supuesto silencio al hecho de que la institución ya no aguantaba un nuevo escándalo. Las fotos falsas en la ONU le costaron el cargo al general Oswaldo Peña, director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares; y por el crimen de Dímar Torres ya hay militares procesados.

“Más allá del debate sobre el Derecho Internacional Humanitario, el tema es por qué se calló ese dato”, señala Jean Carlo Mejía, experto en derecho internacional.
Según explicó Mejía, la presencia de menores en un objetivo militar lícito –como lo calificó Botero– no significa que no se pueda atacar. Pero sí obliga a saber cómo se debe proceder.

En ese mismo contexto, ha tomado relevancia la directriz de febrero de 2019, en la que el Ejército bajó los niveles de exactitud de las operaciones de inteligencia: “No exigir la perfección para realizar operaciones. Hay que lanzar operaciones con un 60 por ciento-70 por ciento de credibilidad y exactitud”.

Fuentes militares dicen que parte de la verdad que reclama el país está en un acta de inteligencia, bajo reserva.

Por ahora, el caso está en manos de la Fiscalía y puede crecer si se confirma que entre los muertos que faltan por identificar hay más menores.

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