Una semana después de que estalló el escándalo por los contratos que obtuvo Karen Vaquiro, esposa del entonces asesor presidencial, Andrés Mayorquín, ambos dieron su versión de lo que para algunos podría ser un tráfico de influencias.
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Tras pedirle perdón a María Paula Correa, la jefa de gabinete del Presidente Iván Duque, para quien trabajaba, Mayorquín aseguró que era una joven pareja trabajadora hecha a pulso en la carrera pública.
Visiblemente nervioso y mientras se tomaba la cabeza, admitió que tal como lo reveló EL TIEMPO, intercambiaba con su esposa información que llegaba a la Casa de Nariño: “era principalmente programación del Congreso y votaciones. Eso es información pública”.
Y con esa misma justificación, explicó por qué compartía en un chat con congresistas esa misma información con logos de su empresa y la su esposa –Link Consultores S. A. S.–, a pesar de ser funcionario público.
Karen Vaquiro y su esposo Andrés Mayorquín, exasesor presidencial.
Archivo particular
Aunque Mayorquín es abogado de profesión, se abstuvo de calificar si su conducta y la de su esposa violaron alguna norma de tipo penal o disciplinario, incluido un posible tráfico de influencias como el que se indaga según señaló Víctor Muñoz, jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Y aunque agregó que la hoja de vida de su esposa es brillante, y que ella no necesitaba de él para salir adelante profesionalmente, admitió que le pasó a algunos altos funcionarios la hoja de vida de Vaquiro.
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“Hay que ver el contexto en el que les hablé de mi esposa (...) dejemos que esa parte de legalidad la asuman las autoridades que tienen que asumirlo”.
“Estoy muy arrepentido, pensando mucho este comportamiento de alguna manera revisar la parte ética".
Una investigación de EL TIEMPO dejó en evidencia que Mayorquín le pidió a Susana Correa, actual cabeza del Departamento para la Prosperidad Social; el entonces ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y al en ese momento supernotariado, Rubén Silva, que contratara a su esposa como enlace de esas entidades con el Congreso.
Esos tres contratos hacen parte de los 24 que Vaquiro ha suscrito desde el 2019, por más de 1.200 millones de pesos. Silva le dijo a este diario que en múltiples ocasiones, Mayorquín le solicitó un contrato para su pareja sin mencionarle el vínculo conyugal que tienen desde hace 10 años y el que según María Paula Correa ella no conocía.
“Estoy muy arrepentido, pensando mucho este comportamiento, de alguna manera revisar la parte ética. Yo debo replantear muchas cosas en mi vida, pero eso no tiene que ser ilegal”, insistió Mayorquín.
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Lista de contratos de Karen Vaquiro.
EL TIEMPO
Por su parte, Karen Vaquiro, economista de 28 años –y mucho más serena que su marido–, terminó admitiendo que había omitido en algún documento el vínculo con Mayorquín.
Sin embargo, después dijo que ese era un tema del que no iba a hablar porque le corresponde establecerlo a las autoridades.
En lo que sí fue enfática es en que no es la megacontratista del Estado ni una corrupta. Además de que el dato de los 1.200 millones de pesos de ingresos no solo los pone en peligro, sino que, además, no se ajusta a lo que le quedó.
“Con ese nivel de ingresos se asumen unas cargas tributarias que se devuelven a la sociedad en programas sociales. Está el impuesto del IVA, 19 por ciento; declaración de renta, 36 por ciento (...); para simplificar el ejercicio, me quedarían 578 millones (...), además, cuando hay emprendimientos que necesitan capital se presentan pérdidas, quedaron unos 268 millones, en tres años, en promedio son 8 o 9 millones de pesos mensuales”, explicó.
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Agregó que su currículum llegó a varias entidades a través de bancos de hojas de vida y porque estaba en el Sigep. No obstante, EL TIEMPO reveló que en esa base de datos no estaba la totalidad de los contratos. Ella lo justificó diciendo que era tanto el trabajo que tenía que no le alcanzaba el tiempo para incluir todos los contratos y que además no era obligatorio.
Al final de la entrevista con EL TIEMPO ambos aseguraron que no eran unos delincuentes y que querían una segunda oportunidad para limpiar sus nombres y devolverle al país lo que les ha dado.
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