En un hecho atípico, dos de los más influyentes funcionarios de la Presidencia de la República arrancaron el año dando explicaciones sobre la contratación y conducta de un (hasta hace 72 horas) asesor presidencial grado 14: el abogado Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra.
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En rueda de prensa conjunta, María Paula Correa, jefa del gabinete del presidente Iván Duque, y Víctor Muñoz, cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), salieron a responder cuestionamientos ligados a la concentración inusual y jugosa de contratos de la pareja de Mayorquín con entidades del Estado.
María Paula Correa, jefe de gabinete de la Presidencia de la República.
Presidencia
De entrada, Correa aseguró que se sentía asaltada en su buena fe y que desconocía tanto el nexo personal de su asesor con Karen Liseth Vaquiro Cuéllar como los contratos que esta había conseguido entre 2019 y 2021, el mismo lapso en el que su marido permaneció al servicio de la Presidencia.
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Muñoz, por su parte, reiteró que, desde noviembre de 2021, la oficina de control interno del Dapre venía indagando el caso y explicó por qué Mayorquín renunció apenas el 11 de enero, cuando la existencia y los detalles de la indagación fueron publicados por Blu Radio.
La información de Karen Liseth Vaquiro que ya no aparece.
EL TIEMPO
Según Muñoz, se debía respetar el debido proceso. Pero, agregó, el martes pasado se citó a Mayorquín y se le dijo que “era insostenible su presencia en Casa de Nariño”, por lo cual él renunció.
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Muñoz también se refirió a información según la cual se habría omitido el nexo entre Mayorquín y Vaquiro: “No es una omisión menor”.
Aunque no entró en detalles, EL TIEMPO estableció que Vaquiro entregó una hoja de vida –diligenciada en formato de la Función Pública– en donde aseguró que no tenía cónyuge ni compañero permanente.
Esta es la declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses, en donde Vaquiro aseguró que no tenía cónyuge ni compañero permanente.
EL TIEMPO
Y si bien se pudo tratar de un lapsus, en un segundo documento entregó la misma información.
EL TIEMPO accedió a la llamada Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses que Vaquiro diligenció para ganarse un contrato con el Icetex (en 2020) y allí reitera el dato.
De hecho, dejó vacía la casilla en donde se le preguntaba si “los intereses personales de su cónyuge son susceptibles de generarle un conflicto de intereses”.
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Y en la casilla de experiencia no registró ninguno de los contratos que tenía con entidades oficiales. Tampoco los incluyó en los registros de la plataforma oficial del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).
“De 24 contratos con el Estado, que suman 1.245 millones de pesos, solo aparecen dos; y allí debían estar al menos actualizados los de 2019 y 2020”, aseguró un investigador.
Víctor Muñoz, director del Dapre
Presidencia
EL TIEMPO estableció que entidades que la contrataron y entes de control buscaron los registros en el Sigep y ya no aparecen.
Muñoz dijo a ese respecto: “No se borraron; es un tema de procedimiento. A corte de 31 de diciembre de 2021, la mayoría de esas hojas se descargan (...). La señora en la actualidad no es contratista”.
Y el Sigep dijo que si bien la información fue dada de baja, está disponible para las autoridades.
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Ahora se indaga cómo la esposa del exasesor fue seleccionada en varias entidades para ejecutar contratos en donde incluso la sobrecalificaron a pesar de que solo ponía como experiencia el paso por Link Consultores S. A. S.
Se trata de la empresa que fundó con Mayorquín, en 2019.
También se indaga cómo nadie notó el nexo de la contratista con el asesor a pesar de que empleadas de Presidencia estuvieron en su casa cuando nació una de las hijas de la pareja.
En esta acta figuran Karen Vaquiro y Andrés Mayorquín como accionistas de la empresa Link Consultores S.A.S., creada por la pareja en 2019.
EL TIEMPO
“Ningún funcionario puede hacer gestión para que se contrate a alguien. Si eso se prueba, es un delito y tendrá que responder ante las autoridades”, explicó Muñoz en la rueda de prensa.
Por ahora, el Dapre le envió el expediente del caso Mayorquín a la Procuraduría. Se buscará establecer o descartar si hubo algún tráfico de influencias para acceder a esos contratos y si los supervisores de las diferentes entidades verificaron la información de Vaquiro.
“Ningún funcionario puede hacer gestión para que se contrate a alguien. Si eso se prueba, es un delito y tendrá que responder ante las autoridades”, explicó Muñoz en la rueda de prensa.
Y aseguró que están indagando con la Función Pública y con Colombia Compra Eficiente si se puede implementar alguna alerta para que se sepa cuándo una persona concentra varios contratos con diferentes entidades.
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En el caso de la esposa del ahora exasesor presidencial, tenía contratos con el Departamento de Prosperidad Social, la Agencia de Desarrollo Rural, la Aeronáutica Civil, el Icetex, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Departamento de la Prosperidad Social, entre otras entidades.
EL TIEMPO ha intentado, sin suerte, conocer la versión del abogado Mayorquín sobre el caso. Pero no ha respondido mensajes.
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