En la iglesia cristiana Misión Carismática, algunos pastores y feligreses están desconcertados por los señalamientos que se le están haciendo a uno de sus más destacados militantes.
(Lo invitamos a leer: El papel que enreda a la esposa del exasesor de María Paula Correa).
En menos de una semana, el abogado Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra pasó de ser uno de los asesores de confianza de María Paula Correa –la influyente jefa de gabinete del presidente Iván Duque– a convertirse en cabeza de indagaciones disciplinarias, penales y fiscales.
Su ascendente carrera quedó frenada el martes, luego de que Blu Radio publicara una investigación que venía adelantando desde hacía dos meses el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
(Le puede interesar: Contraloría indagará a entidades que contrataron a esposa de Mayorquín).
Las denuncias, que llegaron a la entidad en un anónimo, son demoledoras. Funcionarios de la propia Presidencia le aseguraron a EL TIEMPO que se indaga si Mayorquín habría usado, para provecho de su esposa, Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, información y documentos de la oficina de María Paula Correa.

Lista de contratos de Karen Vaquiro.
EL TIEMPO

Estos son los documentos, con el logo de la empresa de los Mayorquín, que el asesor enviaba a senadores en un grupo de WharApp.
EL TIEMPO
“Allí llegaba en tiempo real información sobre proyectos de ley clave, mociones de censura y posibles votaciones. Y la misma información se consignaba en documentos con logos de Presidencia y con el de la empresa de Mayorquín y su esposa: Link Consultores S. A. S.”, le dijo a este diario un funcionario del staff de la oficina de Correa.
(Además: Por qué la esposa del despedido asesor de Presidencia no registró contratos).
EL TIEMPO estableció que, incluso, había un grupo en WhatsApp de senadores, a través del cual Mayorquín enviaba esa misma información. Así lo admitió la senadora Paola Holguín (Centro Democrático), quien, el 21 de marzo de 2020, reenvió algunos de esos datos y estos llevan el logo de la empresa de Mayorquín, a pesar de ser funcionario público.

Andrés Mayorquín fue llevado al Congreso por el entonces senador Orlando Castañeda (Centro Democrático). De la UTL de Jhon Milton Rodríguez pasó a Casa de Nariño.
Archivo Particular

La senadora Paola Holguín posteó la información que Mayorquín enviaba con el logo de su empresa.
Twitter: @PaolaHolguin
Esa información (que está siendo verificada) y el hecho de que Karen Vaquiro acumuló cerca de 25 contratos en 12 entidades públicas, por más de 1.270 millones de pesos, llevaron al retiro fulminante del asesor presidencial.
Víctor Muñoz, cabeza del Dapre, aseguró que si bien se le está respetando el debido proceso, su situación era insostenible y por eso le pidieron la renuncia a principios de semana.
EL TIEMPO investigó el caso y estableció que el pastor y exsenador cristiano Orlando Castañeda (Centro Democrático), del grupo de Emma Claudia Castellanos, fue quien llevó al abogado Mayorquín al Congreso.
(Sobre el caso: Alcalde Dau acusa a exasesor presidencial de pedirle contrato para esposa).
Los tres son de la misma iglesia y después de que Castellanos saltó a Cambio Radical y el pastor se alejó de la política, Mayorquín pasó a trabajar a la oficina de otro senador cristiano y ahora precandidato a la Presidencia: el pastor John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), ligado a la iglesia Misión Paz.

Jhon Milton Rodríguez, senador de Colombia Justa Libres
Jhon Milton Rodríguez, senador de Colombia Justa Libres
El “discípulo” del senador Rodríguez (como llamó a Mayorquín en un sermón, grabado en video antes de que estallara el escándalo) terminó de manera anticipada esa asesoría y, en octubre de 2019, ya tenía oficina en la Casa de Nariño.
“A Andrés todos le corrían por ser asesor de María Paula. Hacía reuniones con funcionarios enlace de entidades públicas con el Congreso y tenía acceso a teléfonos de gobernadores, ministros, alcaldes y demás funcionarios del alto gobierno”, le dijo a EL TIEMPO un asesor ministerial.
(Además: Así es el terror que se vive hace 270 días en el Portal Américas de Bogotá).
Tanto el senador Rodríguez, en diálogo con EL TIEMPO, como la jefa de gabinete, María Paula Correa, destacan la brillante hoja de vida del joven abogado, que ahora está siendo verificada por organismos de control.

María Paula Correa, jefa de gabinete.
Presidencia
"Era conocido por varios funcionarios del Gobierno, incluso por el presidente Iván Duque en su trabajo cuando fue senador. Tiene estudios en Administración de Empresas, Derecho y Especialización en Derecho Constitucional, entre otros”, dijo el miércoles María Paula Correa, quien se declaró asaltada en su buena fe por la información que ha llegado del exasesor.
Lo que hasta ahora se sabe es que la esposa y socia de Mayorquín empezó a conseguir contratos en entidades del Estado con las que su esposo tenía contacto en Presidencia. Además, que el trabajo para el que la contrataban coincide con el que ejecutaban asesores de la jefa de gabinete, incluido Mayorquín.
A eso se unen las hojas de vida que Vaquiro entregó en varias entidades, reveladas por EL TIEMPO, en las que aseguró que no tenía cónyuge ni compañero permanente.
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“No registró entorno familiar. Por eso, en una de las agencias presidenciales en las que se le contrató no se le hizo estudio de seguridad”, le dijo a EL TIEMPO un investigador.

Certificado Karen Vaquiro.
EL TIEMPO

Sobre el tema, Wilson Ruiz, ministro de Justicia, dice que fueron asaltados en su buena fe.
Twitter: @WilsonRuizO
Este diario también reveló la declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés que la mujer diligenció para ganarse un contrato con Icetex en 2020. Ahí reiteró el dato de que no tenía pareja y dejó vacía la casilla en donde preguntaban “si intereses personales de su cónyuge son susceptibles de generarle un conflicto de intereses”.
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Otro punto que ha llamado la atención de los investigadores es que Karen Vaquiro se graduó hace cuatro años como economista y profesional en marketing y negocios internacionales y la única experiencia que reportó en las hojas de vida que entregó a entidades –como el Departamento para la Prosperidad Social, la Aerocivil, el Icetex y el Ministerio de Justicia– era su paso por la firma que creó con su marido.

Esta es la declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses, en la cual Vaquiro aseguró que no tenía cónyuge ni compañero permanente.
EL TIEMPO
El domicilio de la compañía, ubicada en el barrio Madelena (sur de Bogotá), es el mismo apartamento de la pareja.
EL TIEMPO tiene en su poder una certificación laboral, de febrero de 2020, en la que consta que la firma de la que es socia (que se abrió con un capital de 10 millones de pesos, en 2019) la contrató y le pagó 78 millones de pesos por una asesoría.
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Además del monto, llama la atención que la certificación está firmada por Ana Tulia Bocanegra, directora de Desarrollo Humano de la empresa de los Mayorquín Vaquiro, y suegra de la contratista.

Susana Correa Borrero, directora del Departamento para la Prosperidad Social y Andrés Mayorquín, exasesor presidencial.
Archivo particular

Mensaje de Mayorquín a Dau
EL TIEMPO
El jueves, después de que la Contraloría General y la Fiscalía anunciaron la apertura de indagaciones para establecer si hubo o no irregularidades en la contratación de Vaquiro y hasta un posible detrimento patrimonial, apareció otra ficha en la trama.
El alcalde de Cartagena, William Dau, reveló chats en los que Mayorquín le pidió contratar a su esposa. Y aunque este no accedió, EL TIEMPO documentó tres casos que sí prosperaron.
Tras una consulta oficial de este diario, Susana Correa, directora del Departamento para la Prosperidad Social, explicó que conoció a la pareja en 2014, cuando Mayorquín trabajaba con el senador y pastor Castañeda.
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“En 2019, se presentaron ante la directora con el propósito de que la señora Karen prestara sus servicios en temas relacionados con el seguimiento legislativo en el Congreso. Se estudió la hoja de vida y esta cumplía con los requisitos de experiencia y formación. Durante el tiempo que estuvo contratada presentó informes de su trabajo a entera satisfacción”, dijeron en el Departamento para la Prosperidad.
Conocí a Mayorquín porque asistía a reuniones en Casa de Nariño; varias veces me insistió en que contratara a Karen Vaquiro, pero no me dijo que era su esposa
Y, en diálogo exclusivo con EL TIEMPO, Rubén Silva, superintendente de Notariado y Registro hasta hace unos meses, señaló que el asesor de María Paula Correa le pidió en varias oportunidades que contratara a Vaquiro como enlace con el Congreso.
“Yo lo conocí porque tenía que asistir a reuniones en Casa de Nariño y en varias oportunidades me insistió en que la contratara. Cuando la encargada del tema renunció, se le contrató porque cumplía los requisitos, pero nunca me dijo que era su esposa”, explicó Silva.
Mayorquín también le pidió en varias oportunidades al entonces ministro del Deporte, Ernesto Lucena, que contratara a Vaquiro. Pero a él sí le dijo que eran pareja.
“Lo conocí en Palacio por el tema de la ley del deporte y ahí me habló del trabajo que hacía su esposa en el Congreso. La cartera requería un enlace con Senado y Cámara y se le contrató y sé que el ministro Herrera le dio continuidad”, le dijo Lucena a EL TIEMPO.
Autoridades ya solicitaron copia de los informes que Vaquiro entregaba a esas entidades, calificados de alta calidad, para cotejarlos con los que se elaboraban en la oficina de María Paula Correa.
También quieren entender cómo si la contratista estuvo en embarazo y trabajaba en una tesis de maestría, tenía tiempo para asistir a las plenarias y comisiones y rendir informes para cobrar.

Víctor Muñoz, director del Dapre.
Presidencia
Mientras las autoridades establecen si el exasesor y su esposa incurrieron en algún delito, el Gobierno trabaja en mecanismos para cerrar las fisuras en la contratación estatal que dejó en evidencia este escándalo.
Pero, antes, María Paula Correa y Víctor Muñoz deberán asistir a un debate de control político, que citará la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien también promovió el debate por el escándalo del contrato de 1,07 billones de pesos entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).
EL TIEMPO le ha pedido a Mayorquín su versión de lo ocurrido, pero aún no ha respondido.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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