Aunque fue apelada, la libertad de Álvaro Uribe Vélez, decretada este sábado, a las 9:55 de la mañana, ha sido recibida por su defensa como un punto de honor y justicia a favor del exmandatario, que permaneció 66 días en detención domiciliaria y que ahora podrá afrontar en libertad el proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal.
Pero es claro que este es apenas un 'round' de la pelea judicial que se avecina, una vez se resuelva la apelación.
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En efecto, tanto en la extenuante audiencia de más de 12 horas en la que se debatió la solicitud de libertad como en el pronunciamiento de la juez 30, cuando la concedió, quedó planteado el nuevo escenario que enfrentará a las partes: la validez de las pruebas que recaudó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
(Podría ser de su interés: ¿Se cae la evidencia contra Álvaro Uribe?) Se trata de un robusto paquete de evidencias que incluye la indagatoria de Uribe y cientos de horas de interceptaciones y testimonios recogidos por los magistrados o por sus auxiliares.
Dentro del proceso contra Alvaro Uribe, el exfisca Eduardo Montealegre busca ser reconocido como víctima.
EL TIEMPO
La juez 30 calificó de “desatino” que el fiscal Gabriel Jaimes hubiera entrado a desvirtuar la indagatoria en la audiencia de libertad.
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De hecho, si bien ese punto desencadenó la dilación del jueves, dejó al descubierto la postura de la Fiscalía e incluso de la defensa, que intentó suscribirse solo a la solicitud de libertad.
Montealegre le dijo a EL TIEMPO que las pruebas deben pasar intactas: “De lo contrario, cualquier aforado renunciaría (como hizo Uribe) para desechar la evidencia. No puede haber tierra arrasada
Jaimes anunció que, junto con su equipo, empezó a revisar todo el acervo probatorio que la Corte trasladó.
Advirtió –y así lo comparte la defensa de Uribe– que lo que es prueba para la Corte Suprema de Justicia se convierte en elemento probatorio que la Fiscalía determinará si utiliza o no.
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En esa anticipación empezó por desvirtuar la indagatoria a Uribe. Advirtió que la forma como se produjo la vinculación del exmandatario afecta el debido proceso y se materializan algunas vulneraciones sustanciales, pero también de forma.
Gabriel Ramón Jaimes Durán, fiscal a cargo del proceso contra Uribe.
Fiscalía
Jaimes señaló que, en su criterio, no se le dejó claro ni el carácter de la imputación como determinador, ni la modalidad ni circunstancias para dictarle la medida de aseguramiento, violando el derecho a la defensa.
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Al respecto, el abogado Jesús Albeiro Yepes –vocero de Santiago Uribe en el juicio que se le sigue por presunta conformación de grupos paramilitares– advirtió que el proceso puede entrar a un cedazo procesal en el que la Fiscalía puede “tirar a la caneca” alguna evidencia de la Corte, coincidiendo en el tema del interrogatorio.
Además, advirtió que la declaración de los testigos contra Uribe solo tienen validez en el nuevo tablero judicial (ley 906) en una eventual etapa de juicio.
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Pero la defensa de Uribe irá más allá. Su abogado Jaime Granados mencionó en la audiencia de libertad que ya habrá una instancia para evaluar los elementos probatorios que dejaron de ser pruebas. Y se refirió a las interceptaciones como “presuntamente legales”.
Jesús Alberito Yepes, abogado penalista.
Archivo Particular
En la otra orilla está el senador Iván Cepeda –víctima dentro del caso– y el exfiscal Eduardo Montealegre, junto con su exvicefiscal Jorge Perdomo, que aspiran a ser reconocidos como tal.
Reinaldo Villalba, defensor de Cepeda, advirtió que lo actuado por la Corte está vigente, es válido “y no se puede borrar de la foto”.
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Montealegre le dijo a EL TIEMPO que las pruebas deben pasar intactas: “De lo contrario, cualquier aforado renunciaría (como hizo Uribe) para desechar la evidencia. No puede haber tierra arrasada”.
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Desde ya se prevé que el tema llegará a tribunales para que defina si la evidencia de la Corte sigue viva. De hecho, buena parte sirvió para imputar a Diego Cadena, apoderado de Uribe.
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