Secciones
Síguenos en:
Alerta en el uribismo por decisión de Corte en caso del expresidente
Álvaro Uribe

La ponencia señala que debe regir la ley 906 en el caso de soborno a testigos.

Foto:

Juan Diego Buitrago. Archivo EL TIEMPO

Alerta en el uribismo por decisión de Corte en caso del expresidente

Según ponencia, caso por presunta compra de testigos debe pasar a Fiscalía con formulación de cargos

Este lunes, la Sala Plena de la Corte Suprema retomará la discusión sobre el sistema penal en el que se debe llevar el proceso en contra de Álvaro Uribe –por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal–, que fue enviado a la Fiscalía luego de que el exmandatario renunció a su curul y quedó por fuera de la órbita del alto tribunal.

(Lea también: Lo que le espera al caso de Álvaro Uribe en la Corte Suprema)

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, la ponencia del magistrado Gerson Chaverra señala que debe regir la Ley 906, como lo estaba solicitando tanto la defensa del exmandatario, como la Fiscalía y la Procuraduría.

El senador Iván Cepeda, víctima dentro del caso, insistía en que debía seguir bajo la Ley 600, a través de la cual ya se le habían formulado cargos e impuesto medida de aseguramiento, con detención domiciliaria.

Rafael Nieto

Rafael Nieto Loaiza, abogado constitucionalista.

Foto:

EL TIEMPO

Sin embargo, un agregado en la ponencia de Chaverra, que aún está bajo discusión, prendió las alarmas del uribismo.

(Le puede interesar: Fiscalía llama juicio a Diego Cadena, exapoderado de Álvaro Uribe)

En efecto, miembros del alto tribunal le confirmaron a EL TIEMPO que además de dirimir el supuesto conflicto, Chaverra señala que el proceso debe pasar a la Fiscalía en la etapa procesal en la que se encontraba en la Corte.

(Lea también: Las razones por las que Uribe figura en el llamado a juicio a Cadena)

Magistrado Gerson Chaverra

Magistrado Gerson Chaverra.

Foto:

Archivo Particular

En la práctica, esto significaría que Uribe, que ya completa 60 días en domiciliaria, seguiría detenido. Y la formulación de cargos quedaría equiparada con una imputación.

El abogado constitucionalista Rafael Nieto, militante del uribismo, fue el primero en reaccionar.

Nieto empezó por advertir que no entendía por qué la juez de garantías ante quien se llevó el supuesto conflicto de competencias lo envió a la Corte si no había tal conflicto. En todo caso, para Nieto es claro que si la Corte Suprema de Justicia va más allá de establecer bajo qué sistema debe seguir el caso, estaría violando varios derechos de Álvaro Uribe y normas legales, tocando los límites del prevaricato. 

La Corte no puede decidir sobre lo que no tiene competencia y la Ley Estatutaria es clara

Prevaricato y hasta usurpación de funciones

Según Nieto, el Estatuto de Administración de Justicia, en su artículo 18, es claro en señalar que, en estos casos, la Corte solo debe manifestar qué ley rige.

(Puede ser de su interés: Por qué Petro busca reunión con defensa de señalado líder de vándalos)

"Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación", señala el Estatuto.

Por eso Nieto advierte que si la Sala Plena de la Corte va más allá estaría no solo prevaricando sino violándole a Uribe el debido proceso.

"La Corte no puede decidir sobre lo que no tiene competencia y la Ley Estatutaria o Ley 270 de 1996, es clara", le explicó Nieto a EL TIEMPO.

(En otras noticias: Caso contra ‘zares’ del fútbol pasa a justicia penal y a EE. UU.)

Según Nieto, si la Corte va más allá, dejaría ver un "ánimo de persecución política y violación de derechos fundamentales y procesales de Uribe Vélez".

Según el abogado, si esto llegase a pasar, se dejaría ver un "ánimo de persecución política y violación de derechos fundamentales y procesales".

Además, recordó que la ley  600 fue derogada y solo se aplica en casos de pesonas con fuero, procesados por la Corte, y cuando se trata de delitos imprescriptibles.

Pero Nieto no es el único que cree que la Corte entraría en una extralimitación y usurpación de funciones si llegara a ir más allá.

El abogado Marlon Díaz, coincidió en que la Corte solo debe pronunicarse sobre la competencia por vía de ley 906 y  no sobre estado del proceso.

"Se extralimitaría", señaló Díaz y en similar sentido se pronunciaron allegados al expresidente en diálogo con EL TIEMPO.

(Encuentra acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de este diario)

"Cuando fue a la inversa, que pasaron de ley 906 a 600, caso León Fredy Muñoz, Jesús Santrich, si iniciaron los procesos de cero. En preliminares.  Pero en este caso, de 600 a 906, si quieren definir qué está imputado", señalaron.

El alto tribunal retoma la discusión este lunes. 

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET

Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.