Un juez de Montería acaba de negar uno de los primeros recursos legales que el uribismo interpuso para lograr la libertad inmediata del expresidente y ahora exsenador Álvaro Uribe Vélez.
EL TIEMPO estableció en primicia que la acción fue interpuesta por el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, alegando la violación de principios fundamentales en la medida de aseguramiento que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dictó contra Uribe Vélez por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal.
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Sin embargo, el juez de conocimiento negó la acción, la cual, en todo caso, será impugnada en las próximas horas por los abogados del senador uribista.
La acción le había sido notificada al propio expresidente en su finca El Ubérrimo, en Córdoba, y solo quedará en firme luego de que se resuelva la impugnación.
De hecho, el senador Valencia emitió un comunicado anunciando la impugnación. En su documento, asegura que tiene la base jurídica para rebatir la decisión que, en primera instancia, le resultó adversa.
El senador uribista Santiago Valencia fue quien radicó el habeas corpus con el que se buscaba la libertad de Uribe.
archivo EL TIEMPO
"El juez equivocadamente cuestiona porque en mi calidad de accionante no demostré que la no suspensión del presidente Uribe generaba un entorpecimiento en la administración pública imponiéndome una carga probatoria que no aplica. Es precisamente la falta de motivación, es decir, la nula sustentación por parte de la Sala de su consideración de que la medida de aseguramiento no entorpecería la administración pública lo que se extraña en su auto y es esa la explicación que el juez debe exigir a la Sala no al accionante y al verificar su inexistencia comprobar la vía de hecho", precisó el congresista.
Y agregó: "Dentro de las garantías constitucionales y convencionales de la libertad, se encuentra sin lugar a dudas la de que esa decisión debe ceñirse estrictamente al procedimiento establecido para que la determinación de privar a un ciudadano de la libertad sea válida, respecto de Álvaro Uribe Vélez y cualquier ciudadano colombiano. No hacerlo como en este caso, es una violación más de las garantías del presidente que se suma a las ya denunciadas por él y sus defensores"
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Ahora se espera que la Sala de Instrucción responda la solicitud de la defensa de Uribe de pedir que su caso salga de la órbita de ese alto tribunal, tras la renuncia del exmandatario a su curul en el Senado.
Dentro de las garantías constitucionales y convencionales de la libertad, se encuentra sin lugar a dudas la de que esa decisión debe ceñirse estrictamente al procedimiento
Para la defensa, quedaría por fuera de la órbita de la Corte Suprema, a la luz del artículo 235 de la Constitución. Este señala en uno de sus parágrafos que así hayan cesado en el ejercicio de su cargo, mantienen su fuero aquellos cuyas conductas punibles tengan relación con las funciones desempeñadas.
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La renuncia irrevocable de Uribe fue aceptada una hora después de presentada en la plenaria de este martes, con 82 votos a favor y 12 en contra.
Durante el debate, varios legisladores recordaron que el propio Uribe, en julio de 2018, había sentado una postura sobre los alcances de una renuncia que en ese entonces presentó al Senado y que terminó revocando días después.
“Nunca he eludido a la Corte Suprema, para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basen en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, aseguró en ese entonces, cuando se le abrió el proceso.
Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 25, 2018
La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte
Sin embargo, para allegados al senador, las cosas han cambiado. Aseguran que en las 1.554 páginas de la medida de aseguramiento nunca se vincula la conducta que se investiga –determinador de los sobornos– con su función de senador, a pesar de que sí se menciona que miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe habían recibido y tramitado temas relacionados con caso en la Corte.
Además, a la cita del artículo 235 de la Constitución, la defensa del ahora exsenador Uribe también menciona el caso del exsenador Yair Acuña, investigado por soborno dentro de un proceso que no tenía que ver son su función de legislador. Por eso, la propia Corte (incluida la Sala de Instrucción) lo dejó en manos de la justicia ordinaria.
Bajo esa lógica jurídica, la defensa de Uribe —en cabeza del abogado Jaime Granados— indicó que ya le pidió al Senado la certificación de la aceptación de la renuncia. Esta se adjuntará al proceso con la argumentación de por qué, en su criterio, la Corte pierde la competencia sobre el caso.
Según Granados, se hará el mismo procedimiento con cada uno de los casos contra su cliente que están en el alto tribunal, cuyas conductas bajo la lupa no tendrían nexo con su función de senador. Entre estos están las indagaciones preliminares por presuntas interceptaciones ilegales y el de supuestos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda.
“No podría existir algo diferente a que la Corte tramite la petición y pase el proceso a la Fiscalía. Acá no se está pidiendo un trato especial para el presidente Uribe, sino que se apliquen las normas vigentes como a cualquier otro ciudadano”, indicó Granados. De hecho, no se descarta acudir a una tutela o a la Corte Constitucional para que se dirima la competencia.
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Por ahora, mientras se avanza en este frente jurídico, el senador Valencia espera que los argumentos de la impugnación sean analizados para buscar la libertad de quien es su mentor político.
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