La jueza Carmen Helena Ortiz fijará esta semana la fecha y hora en las que el fiscal Gabriel Jaimes Durán deberá sustentar ante la justicia, y de paso ante el país, su decisión de pedir la preclusión del caso contra Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

El anuncio de abstenerse de acusar al expresidente –el político más poderoso e influyente de las últimas tres décadas– se conoció este viernes. A las 7 en punto de la mañana, un comunicado de la Fiscalía soltó la noticia y desató un intercambio verbal entre apoderados de Uribe, de un lado, y el senador del Polo Iván Cepeda con el exfiscal Eduardo Montealegre, del otro.

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Jaime Granados, abogado del exmandatario, calificó la decisión como “un paso en la dirección correcta” e insistió en que en el proceso, que arrancó en la Corte Suprema, “hubo mentiras, falacias y la violación de muchas de sus garantías procesales” que quedarán a la vista en la audiencia de solicitud de preclusión.

(Le puede interesar: Álvaro Uribe habla de su hora cero en la Fiscalía) De hecho, aunque la solicitud de Jaimes debe pasar por el control de jueces de la República para quedar en firme, para la defensa de Uribe es considerada un triunfo, porque logró que, a diferencia de la Corte Suprema, la Fiscalía concluyera que el expresidente no tiene responsabilidad penal.

Pero Cepeda y Montealegre, quienes se constituyeron en víctimas dentro del caso, ya alistan una denuncia contra Jaimes por presunto prevaricato.

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Y anunciaron que apelarán la solicitud de preclusión: “Ha fungido de facto como abogado defensor de Uribe (...) es la claudicación de la investigación penal ante un poder descompuesto y sin escrúpulo”.

Pero la expectativa judicial está puesta en los argumentos que revelará el fiscal en la audiencia. Sus conclusiones se dan tras seis meses de evaluar evidencias y testimonios. Antes de que él recibiera el caso, la Sala de Instrucción de la Corte, luego de dos años de llevar el proceso, había formulado cargos y medida de aseguramiento contra Uribe. 

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El exsenador alcanzó a pasar 67 días en detención domiciliara por cuenta de magistrados que aún tienen en sus manos a un presunto coautor de los hechos: el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada.

Las primeras cartas que usará Jaimes para sustentar su decisión están en las entrelíneas del comunicado.

Allí señaló que “varias conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito”, otras sí lo son, pero no se le pueden atribuir a Uribe como autor o partícipe.

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Se espera que en la audiencia diga qué conductas son delito y quién las ejecutó.

EL TIEMPO tuvo acceso a la solicitud de audiencia de preclusión que Jaimes radicó y en esta destapó otras cartas claves.

En el formato (ver www.eltiempo.com) fijó los linderos judiciales en los que se va a mover para sustentar su postura frente al caso.

En la casilla de “causales por las cuales solicita la preclusión” escribió: “Ausencia de intervención del imputado (Uribe) en el hecho investigado”, es decir, en el soborno y fraude procesal. Y agregó otra más: “Atipicidad del hecho investigado”.

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Fuentes de la Fiscalía explicaron el punto: “Significa que la conducta que desplegó Uribe a través de terceros (como el abogado Diego Cadena) no son un delito”.

Y agregaron que Jaimes alegará una ausencia de responsabilidad de Uribe en los hechos delictivos que sí se hallaron: “Significa que el exmandatario no puede ser determinador de la compra de testigos ni del fraude, como señaló la Corte”.

Sobre ese punto, Uribe reiteró en entrevista con EL TIEMPO que, si bien no se arrepiente de haber acudido a Cadena para verificar lar versiones sobre posibles retractaciones en su caso, desconocía los pagos (“ayuda humanitaria”) que su entonces apoderado le hizo al testigo Carlos Enrique Vélez. Además, que este se lo informó meses después y que hay testigos de que le hizo un duro reproche.

Así se lo confirmó Cadena a la Fiscalía, confesión que lo tiene en audiencia preparatoria de juicio y en domiciliaria.

La tesis de Jaimes sobre Uribe pareciera encajar con una serie de conceptos de juristas internacionales que, si bien no tienen fuerza vinculante, la defensa del exsenador entregó en enero.

Uno de ellos es de Luis Greco, reconocido experto en derecho penal y criminología. Después de que le hicieron llegar varias piezas procesales a Berlín, este concluyó que Uribe no es “ni autor, ni directo, ni mediato, porque no ha llevado a cabo las conductas típicas por su propia mano, ni valiéndose de un instrumento”.

Y aunque advierte que cree que en la conducta de Cadena no hubo dolo –porque supuestamente el dinero que entregó no estaba destinado a que ningún testigo faltara a la verdad–, señala que este actuó “por iniciativa propia”.

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De hecho, recalca que le rindió cuentas de sus actos a Uribe solo posteriormente y de forma incompleta: “De modo que no hay ni determinación, ni contribución ni el concierto previo”.

Además, anota que el cliente (en este caso, Uribe) no es garante ni vigila a su abogado. Incluso se mete con la decisión de la Corte y añade que no procedía una medida de aseguramiento porque “es imposible inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga”.

El otro concepto es de Matthias Herdegen –profesor de Derecho Internacional y Constitucional–, y se refiere a las interceptaciones telefónicas entre apoderado y poderdante, a la luz de estándares internacionales.

La defensa de Uribe no solo ha insistido en la ilegalidad de un paquete de audios ordenados por la Corte, sino en el hecho de que grabaron charlas con abogados (al menos dos), aunque está claro que Cadena nunca se acreditó como tal.

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“Se trata de una injerencia agravada, pues afecta la relación de confidencialidad entre defensor y prohijado. Además, tal intrusión atenta contra los principios del debido proceso y del derecho a no autoincriminarse”, escribió Herdegen.

Y finalmente, Sergio Marchisio, experto en derecho internacional, conceptuó “que en el caso de las garantías judiciales de Uribe, hay elementos que llevan a considerar la existencia de una negación flagrante de la justicia y de normas fundamentales del debido proceso”.

EL TIEMPO estableció que Jaimes ordenó que expertos de la Fiscalía le hicieran un perfilamiento al llamado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. Esto hace suponer que le apuntará a desvirtuar su credibilidad y que incluirá en sus alegatos los resultados del informe forense al celular de Monsalve.

La defensa de Uribe cree que en el análisis de esa prueba –que la Corte decretó pero no practicó– hay conversaciones comprometedores del “dúo Cepeda-Monsalve”, que han querido ocultar y que el senador del Polo niega.

“El fiscal Jaimes puede incluir en su sustentación de preclusión elementos probatorios que consiga hasta el último minuto”, explicaron fuentes de la Fiscalía.

Monsalve no quiso declarar ante el fiscal Jaimes por lo que Miguel Ángel del Río, su abogado, llamó un claro acorralamiento judicial.

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De hecho, advirtió que no se retractará de que fue presionado para que cambiara el testimonio en el que vinculó a Uribe y a su hermano Santiago con la génesis de un bloque paramilitar en Antioquia: el Metro.

Ante este panorama, la jueza Ortiz –que ya empezó a recibir fuertes ataques en redes sociales– tendrá dos caminos jurídicos.

Uno de ellos es aceptar los argumentos de Jaimes y darle vía libre a la preclusión a favor del expresidente.

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Pero se da por descontada la apelación de Cepeda y de Montealegre, llevando el caso a otro escenario: el Tribunal Superior de Bogotá e incluso a una eventual casación en la Corte Suprema.

El otro camino que se abre es que la jueza no acepte la solicitud de preclusión e incluso que se llegue a ordenar que se acuse, como ha pasado en algunos casos, aunque sin connotación.

Esa eventualidad obligaría a Jaimes a apelar ante el Tribunal Superior para sustentar su decisión.

Ese ejercicio judicial, que será de cara al país, puede llevar meses, y trascurrirá en plena campaña electoral, lo que marcará aún más la polarización del país que se acentuó el viernes tras el anuncio de Jaimes.

Pero con la solicitud de preclusión a su favor, Uribe tendrá un mejor escenario judicial, y también político, de cara al 2022.

En la misma decisión que la Corte tomó en su momento contra Álvaro Uribe señaló que en algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el congresista Álvaro Hernán Prada, a quien por ello le imputó el delito de soborno en calidad de cómplice. Sin embargo, dicha conducta no cumple requisitos para imponerle medida de aseguramiento.

Pero el proceso contra Prada ha seguido su curso.

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EL TIEMPO estableció que ya se profirió cierre de la investigación y que están corriendo términos para presentar alegatos por parte de su defensa, en manos del penalista José Fernando Mestre. Este tiene hasta el próximo 11 de marzo para sustentar la inocencia de Prada.

En entrevista con EL TIEMPO, Álvaro Uribe dijo que temía por la suerte de Prada, de quien dijo es ajeno a cualquier conducta ilegal dentro de este caso.
Además, aseguró que ha recibido información según la cual “el magistrado César Reyes quiere acusar a Prada”.

Una hora después de que se conoció que la Fiscalía solicitaría la audiencia para sustentar la preclusión en el caso contra Álvaro Uribe, el senador del Polo Iván Cepeda anunció su embestida judicial para insistir en que el expresidente sea llevado a juicio.

Dijo que denunciaría a Jaimes por presunto prevaricato y que apelará la solicitud de preclusión: “Exsenador Uribe, nos vemos ante un juez”.

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Y haciendo referencia a los procesos contra el congresista Álvaro Hernán Prada y el abogado Diego Cadena, aseguró: “Mientras estos presuntos cómplices de quien figura como el presunto determinador de graves delitos están siendo llamados a responder ante la justicia, al autor principal se le busca premiar con un intento de preclusión”. Para el senador es claro que, tal como lo dijo la Corte, sus comportamientos buscaban favorecer a Uribe.

Entre tanto, el exfiscal Eduardo Montealegre, víctima dentro del proceso, acusó al fiscal Jaimes de desconocer 30 pruebas contundentes recaudadas por la Corte dentro del proceso: “El modus operandi, como lo constató la Corte, consiste en traer testigos falsos o que no tienen confiabilidad, incurrir en fraudes procesales, intimidación y amenazas a testigos”.

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Según Cepeda, el uso sistemático de falsos testigos hace parte de lo que la Corte definió como 13 patrones usados por Uribe y sus cómplices para la presunta comisión de un soborno sistemático y lograr el fraude procesal.

El penalista Jaime Granados, abogado principal del expresidente Álvaro Uribe, aseguró que, teniendo en cuenta el conocimiento que hay sobre el material probatorio, pedir la preclusión era la única conclusión jurídicamente posible.

Además, le dijo a EL TIEMPO que Uribe ha sido un perseguido por lo que representa para el país.

Ya en el terreno legal, Granados explicó que la investigación que hizo la Corte Suprema no fue ni completa, ni objetiva ni imparcial, como lo han querido hacer ver.

“Durante 5 meses estuvo escondido el expediente contra el expresidente y este se basa en un supuesto testigo estrella –Juan Guillermo Monsalve– que nunca nos dejaron confrontar y que en su declaración, entre risas, recibió ayuda de una magistrada auxiliar”, señaló el penalista.

También dijo que la Corte no decretó la mayor parte de las pruebas que pidió la defensa y algunas que decretó nunca las practicó, como la solicitud de revisión del celular de Monsalve, en búsqueda de sus conversaciones con Iván Cepeda.

Además, aseguró que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema trabajó sobre evidencia ilegal, como las interceptaciones a Uribe con sus abogados, que intentaron justifican como un error.

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Finalmente, Granados dijo que en estos meses la Fiscalía ha recaudado y le han llegado nuevas evidencias que califica de contundentes y que, según él, muestran la violación de garantías y un montaje.

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