A las 10:50 de la mañana del pasado martes 9 de febrero, la Fiscalía citó de urgencia a los abogados de Álvaro Uribe Vélez y al apoderado del senador Iván Cepeda.

Según les dijo, se trataba de una audiencia reservada en la que se iba a legalizar una evidencia relevante dentro de la investigación en contra del exmandatario por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

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Fuentes cercanas al caso le dijeron a EL TIEMPO que se trata de material probatorio que si bien conoció la Corte Suprema cuando tuvo el caso y dictó medida de aseguramiento contra Uribe, allá no fue legalizado, aunque la defensa del exmandatario lo solicitó.

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También se allegó al expediente, con el rótulo de ‘evidencia nueva’, un par de declaraciones, incluida la de un empresario de nombre Ricardo Williamson.

Y, por orden del fiscal Gabriel Jaimes –que en días anunciará si presenta o no escrito de acusación contra Uribe–, se adelantó una inspección al proceso que la Judicatura le abrió a Diego Cadena, exapoderado de Uribe, por presuntas malas prácticas del derecho, vinculadas a pagos a testigos para favorecer a su cliente (ver recuadro).

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EL TIEMPO investigó y estableció que el material legalizado son siete SIM cards que expertos en informática forense llevan cinco días espulgando. Se trata de las mismas que incautaron (en enero de 2020) en la celda de Luis Guillermo Monsalve, el hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, que perteneció a los Uribe.

Monsalve insiste en que recibió presiones y ofertas de ayuda judicial para testificar contra el senador Cepeda y cambiar su testimonio sobre supuestos nexos del expresidente y su hermano Santiago con el paramilitarismo. Por eso se ganó el rótulo de ‘testigo estrella’.

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Cuando se le incautaron las SIM cards, un computador, dinero en efectivo, whisky y un celular, su defensa dijo que se trataba de un acto de indisciplina carcelaria y de excesos.

Pero investigadores creen que en las SIM cards hay registros de llamadas y de posibles conversaciones con personas vinculadas al caso Uribe, que podrían ser clave para la investigación.

Por eso, dos miembros de la policía judicial del CTI se presentaron, el 20 de diciembre de 2020, a la oficina del Inpec, en Usme, en busca de las tarjetas, que luego fueron localizadas al lado de otros documentos.

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Uno de los puntos que se quiere establecer es si alguna de las minimemorias coincide con el celular de ‘Tavo Molina’.
Así se hacía llamar un hombre que habría presionado para que se negociara La Veranera, una finca que terminó en manos de la exesposa de Monsalve, cuya compra es investigada.

Monsalve dice que no tiene nada que ver con la compra, y la Fiscalía ya le tomó testimonio a Michel Montoya, el vendedor del predio, ubicado en Apía, Risaralda, avaluado en 560 millones de pesos.

Además, se quiere verificar si en esos mismos dispositivos habrían quedado o no mensajes con Carlos López, alias Caliche, otro de los que aparecieron contactando a Monsalve para que cambiara su versión.

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Y aunque la legalización se manejó con reserva, hay un dato que llamó la atención de investigadores que ahora dudan que las tarjetas puedan estar vacías.
Veinticuatro horas antes de la audiencia, Monsalve salió a advertir que temía ser víctima de un montaje de la Fiscalía relacionado con esas SIM cards.

“La cosa es que la Fiscalía le puede hacer a uno cualquier montaje, cualquier falso positivo”, le dijo a la periodista María Jimena Duzán, sin que se ahondara en el tema.

Y aunque la defensa de Uribe se ha concentrado en minar la credibilidad de Monsalve, señalando que miente y que nunca fue siquiera paramilitar, para la Corte es un testigo creíble a quien le brindó protección.

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EL TIEMPO también supo lo que dijo Ricardo Williamson, cuñado del condenado Enrique Pardo Hache.

Juró que fue él quien le dijo a Vicky Jaramillo (asesora política) que su cuñado tenía información sobre la supuesta intención de retractación de Monsalve.

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Williamson asegura que se encontró con Vicky Jaramillo, el 31 de diciembre de 2017, en una misa en el Sisga. Además, que le insistió en que enviaran a un abogado a oír a Monsalve.

“En el segundo semestre de 2017, recibí varias llamadas de Enrique Pardo, quien es mi cuñado, casado con mi querida hermana Alicia, en el sentido de que su compañero de celda Juan Guillermo Monsalve lo había ubicado en repetidas ocasiones”, dijo.

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Y agregó: “Era para manifestarle que estaba deprimido y se le presentaba llorando con el ánimo de encontrar ayuda y liberarse de las presiones a las que lo tenían sometido para que implicara a los hermanos Uribe Vélez en actos delictivos”.

Monsalve ya dijo que no encuentra garantías para seguir con sus declaraciones en la Fiscalía y que no está en sus planes suicidarse.

El mismo día y a la misma hora en los que la Fiscalía legalizó las SIM cards de Juan Guillermo Monsalve se movió el caso del abogado Diego Cadena.

Su defensa, en cabeza del penalista Iván Cancino, logró que las audiencias preparatorias de su juicio, por los mismos hechos y cargos por los que se procesa a Álvaro Uribe, se aplazaran hasta el 14 de abril.

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El argumento es que Cancino debe estudiar las 172 gigas de información del expediente. Eso le da dos meses para insistir en la revocatoria de su medida de aseguramiento –que ya fue radicada–, o para que esta se venza.

Pero también le permitirá saber qué va a pasar primero con la suerte de su excliente. En todo caso, el expresidente ya advirtió que nunca autorizó que Cadena le diera plata a uno de los testigos (Carlos Enrique Vélez), a manera de supuestos “viáticos y ayuda humanitaria”, o de soborno, en criterio del fiscal del caso, Daniel Hernández.

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