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Así contrató el gobierno Santos a firma del hoy magistrado Reyes
Magistrado César Augusto Reyes

El magistrado César Augusto Reyes se retiró de la empresa 3 días antes de posesionarse.

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archivo particular

Así contrató el gobierno Santos a firma del hoy magistrado Reyes

EL TIEMPO accedió a correos electrónicos y documentos del comisionado Sergio Jaramillo sobre el caso

Un viejo contrato, suscrito por el gobierno Santos en plena negociación de paz con las ex-Farc, está concentrando la atención del Centro Democrático, de cara a la defensa del expresidente Álvaro Uribe, dentro del proceso que la Corte le seguía por soborno y fraude procesal, ahora en la Fiscalía.

El contrato fue firmado con Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda., firma de la que era socio el magistrado César Augusto Reyes, quien estaba a cargo de la investigación de Uribe.

Para el uribismo, esto constituiría un impedimento, por ser el expresidente Santos un supuesto enemigo público de Uribe, que miembros de la oposición rechazan recordando que el hoy fiscal también tuvo contratos con el gobierno Uribe.

(Lo invitamos a leer:Uribe habla de contrato de magistrado que lo investigó)  

Sergio Jaramillo, ex comisionado de Paz

El entonces comisionado de paz articuló desde La Habana la contratación.

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Mauricio Dueñas. EFE

EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a correos electrónicos y documentos que muestran cómo llegó la firma de Reyes a ser contratada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, para realizar una investigación de campo a fin de establecer la situación jurídica y el estado de salud de las personas con medida de aseguramiento o condenadas que figuraban en los listados de presos de las Farc-EP, en el marco de conversaciones que se adelantaron en La Habana.

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Según los documentos, el articulador del proceso fue el entonces comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien envió las instrucciones desde La Habana.

Sergio Jaramillo ordenó contratar a firma de César Reyes.

Sergio Jaramillo, entonces comisionado de Paz, ordenó contratar a firma de César Reyes.

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EL TIEMPO

Según los documentos que EL TIEMPO revela, el personal de la oficina del Comisionado de Paz estaba desbordada y requería ir a las cárceles a verificar la situación de cada uno de los miembros de las Farc que iban a formar parte del proceso de paz.

La idea, según documentos que reposan en Casa de Nariño, era "verificar la voluntad de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas".

(Además: Farc no ha entregado $ 10.000 millones que ofreció para reparación

Y para ello se pidieron tres cotizaciones a tres firmas. Aunque no se explica por qué se invitaron a las seleccionadas, sí consta que, además de la de Reyes, fueron invitadas Lequity S. A. S. y Arrieta Mantilla y Asociados, firma del exprocurador Carlos Gustavo Arrieta. 

Contrato Reyes 1

Estas fueron las empresas que compitieron con la de Reyes para quedarse con el contrato.

Foto:

EL TIEMPO

¿Qué hizo la firma?
Contrato 6

Esta es la cotización que pasó la firma a la que estaba ligado el hoy magistrado Reyes.

Foto:

EL TIEMPO

Además de su experiencia en otros países, lo que pesó para contratar a la empresa de Reyes, según los documentos, fue el precio: era la más barata frente a sus competidoras.

Desde ese momento, empezó a visitar cárceles y a revisar la situación jurídica de decenas de personas, enviando planillas que EL TIEMPO mantiene bajo reserva por estar cobijados con el habeas data.

Contrato Reyes 2

Uno de los correos que se cruzaron para solicitar las cotizaciones.

Foto:

EL TIEMPO

El monto del contrato fue de 570 millones de pesos y, según documentos en poder del EL TIEMPO, Reyes cedió las cuotas que tenía en esa empresa el 5 de octubre de 2018, tres días antes de posesionarse como magistrado de la Sala de Instrucción.

Lo mismo hizo su socio, Fernando Jiménez Montes, quien ahora es magistrado auxiliar de su despacho.

"Del contrato directo del magistrado Reyes con Santos no se qué pensar, menos qué escribir!", señaló Uribe.

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EL TIEMPO también obtuvo el documento a través del cual el comisionado Jaramillo solicitó que el contrato fuera prorrogado, en tiempo, por razones de fuerza mayor.

En efecto, el 9 de noviembre de 2016, Jaramillo le envió un nuevo correo al Fondo de Programas Especiales para la Paz, en ese momento, en manos de María Inés Restrepo.

"(...) por razones de fuerza mayor, materializados e insuperables dificultades relacionadas con el proceso de obtención o recolección de la información de las fichas de caracterización de internos Farc-EP en juzgados y cárceles del país. En muchos casos, los profesionales han encontrado falencias importantes en el registro y actualización de la información propia de las actividades de investigación, juzgamiento y ejecución de las penas, sobre todo en los juzgados de penas y medidas y medidas de seguridad, situación que ha generado demoras en la ejecución y acceso a los expedientes (...)", advirtió Jaramillo.

Contrato 7 Reyes

Así justificó Sergio Jaramillo la prórroga, en tiempo, del contrato de la empresa donde figuraba Reyes.

Foto:

EL TIEMPO

EL TIEMPO tuvo acceso a las actas parciales de avance del contrato que pasó la firma, así como a las planillas de visitas a las cárceles del país, entre ellas El Pedregal (en Medellín) y las de Pasto, Jamundí, Cúcuta, Girón, Cómbita, Acacías, La Dorada, Florencia, Heliconias y las de Bogotá.

El 25 de agosto de 2017 se firmó el acta de liquidación del contrato, que el supervisor, Mauro Rodrigo Palta, suscribió tras advertir que se había cumplido con el objeto del contrato y en la que se declaraba estar mutuamente a paz y salvo con el contratista.

Reyes firmó el acta. 

(Además: Esta es la solicitud de libertad inmediata para Álvaro Uribe)

Además del contrato, miembros de la bancada uribista le enviaron un derecho de petición al magistrado Reyes formulándole 18 preguntas, que él se negó a contestar, bajo el argumento de que "los señores congresistas que formulan el derecho de petición no ostentan ninguna de las calidades exigidas por el legislador para suministrarles la reservada información que demandan (...). No son sujetos procesales ni intervinientes, ni representantes de medios, como tampoco concurre alguna de las circunstancias previstas en las disposiciones, razones por las cuales no es posible acceder a la petición incoada".

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De manera insistente le preguntan si tiene nexos con la esposa del senador Iván Cepeda, tema que el congresista del Polo ha negado de manera tajante.

También le pidieron revelar todas sus llamadas en los últimos 5 años. La misma solicitud le fue elevada a Cepeda, quien se negó a entregarlas. 

Los congresistas uribistas, encabezados por Ernesto Macías, también le pidieron el listado de todos sus clientes (cuando litigó) y revelar si miembros de su familia tienen nexos con el partido Farc o con ONG.

"Debe indicarse que lo que se advierte es la pretensión de ejercer un control disciplinario o jurisdiccional, manifiestamente improcedente y mucho más uno de índole político dentro de los procesos que bien saben se adelantan en la Sala", se añadió en la respuesta, firmada por la secretaria de la sala, Adriana Hernández Aguilar.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

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