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La tormenta que desataron las Farc por el crimen de Gómez Hurtado
Álvaro Gómez Hurtado muerte

El excandidato presidencial y exconstituyente Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995.

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Archivo EL TIEMPO

La tormenta que desataron las Farc por el crimen de Gómez Hurtado

Se esperan pruebas de autoincriminación. ¿Qué saben Piedad Córdoba, José Obdulio Gaviria y la mafia?

Expectativa. Eso era lo que había en torno a las decisiones que la Fiscalía General preparaba sobre la investigación del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ejecutado el 2 de noviembre de 1995.

Cuando Francisco Barbosa se posesionó, el propio presidente Iván Duque le pidió avanzar en el caso, y la primera decisión de fondo, en abril, fue la de trasladar el expediente a una delegada ante la Corte Suprema por la presencia de un aforado como presunto autor intelectual.

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Farc

Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Pastor Alape, integrantes partido Farc, suscribieron la carta de autoincriminación.

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AFP

De hecho, involucrados en el caso le dijeron a EL TIEMPO que estaban esperando que, para la conmemoración de los 25 años del crimen de Gómez y de su asesor, José del Cristo Huertas, se anunciaran medidas que iban a estremecer al país.

Pero quienes terminaron estremeciéndolo fueron las Farc con la carta que le enviaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se autoincriminan.

“Somos los únicos responsables de su muerte, por favor, que dejen de buscar el ahogado aguas arriba (…). El doctor Álvaro Gómez Hurtado merece descansar en paz", dijo a mitad de semana Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc..

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"Consideramos de elemental humanidad que se lo permitan, que dejen de victimizarlo una y otra vez con el fin de saciar aspiraciones”, añadió.

Álvaro Gómez y Manuel Marulanda Vélez

Álvaro Gómez y Manuel Marulanda Vélez.

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EL TIEMPO / AFP

EL TIEMPO reveló que un desmovilizado había asegurado que la orden de matar a Gómez llegó directamente del Bloque Oriental, liderado por el ‘Mono Jojoy’, y que Julián Gallo o ‘Carlos Lozada’, hoy senador por la Farc, se encargó de ejecutarla a través de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan). Además, que el hombre que jaló el gatillo está vivo.

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Horas antes de que se conociera la versión, el senador Gallo salió a admitir su participación. Y, en entrevista con El Espectador, dijo que todos los involucrados en el operativo estaban muertos. De hecho, vinculó el caso con la llamada ‘masacre de Mondoñedo’, en la que seis estudiantes, señalados de pertenecer a la Ruan, fueron asesinados por miembros de la Policía. Según Gallo, dos de ellos participaron en el crimen de Gómez.

La Ruan fue una tenebrosa célula urbana, comandada por el ahora senador, que ejecutó decenas de crímenes y atentados contra la Fuerza Pública.

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“Era la red sicarial más poderosa que operaba en Bogotá. Se le atribuían varios muertos y al menos cien de los 400 secuestrados de la época. Planearon un asalto a La Modelo para liberar a sus cabecillas”, le dijo a EL TIEMPO un oficial que los combatió.

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Y un miembro de las ex-Farc aseguró que la confesión de Gallo la precipitaron los mensajes extorsivos que las disidencias de ‘Iván Márquez’ le enviaron al ala de Rodrigo Londoño, para que se apartaran del proceso de implementación de la paz, so pena de dejar en evidencia su faceta de asesinos no confesos.

Tablero judicial

Lo concreto es que la autoincriminación puso en tela de juicio las dos principales hipótesis en torno al crimen de Gómez Hurtado que trabajaron por años administraciones de fiscales de la talla de Alfonso Gómez Méndez, Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez.

Siempre se apuntó al cartel del norte del Valle, a agentes del Estado e incluso a ‘paras’, en una amalgama en torno a un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Ernesto Samper, por el escándalo del ingreso de narcodineros a su campaña.

(Lo invitamos a leer: Fiscalía sí indagó a Farc por crimen de Álvaro Gómez

“Nunca hubo ni el más mínimo indicio de que las Farc estuvieran detrás del crimen. En esa época, el país estaba inmerso en el proceso 8.000”, le dijo a EL TIEMPO Hernán Gonzalo Jiménez, jefe del CTI de la Fiscalía en el momento del magnicidio.

Y otro agregó que en reuniones de inteligencia con el DAS y la Policía (cuyo director era el general Rosso José Serrano) no surgió la participación de las Farc en esos hechos que conmovieron y confundieron al país.

En medio del desconcierto nacional por la versión de las Farc, la primera en reaccionar fue la familia de Gómez Hurtado.

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Para Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del líder conservador, no hay duda de que las “Farc mienten” y sostiene que la JEP se va a prestar para quitarle la competencia de la investigación a la Fiscalía: “Lo que buscan es entrar en un procesito de tercera para condenar a algún falso muerto de las Farc e impedir que avance la investigación contra Ernesto Samper y Horacio Serpa. Lo habíamos advertido”. Según Gómez Martínez, la Fiscalía acumula 322 pruebas, entre testimoniales y documentales, que confirman la ocurrencia de un crimen de Estado.

Enrique Gómez Martínez

Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del líder asesinado, dicen que las Farc mienten.

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EL TIEMPO

En la investigación también han aparecido nombres como el del asesinado abogado Ignacio ‘Nacho’ Londoño; el del extraditado capo Luis Hernando Gómez, alias Rasguño; el de Carlos Castaño y el de miembros del Ejército. Uno de ellos, Ómar Berrío, suboficial de la Brigada XX, pagó 15 años de prisión y hoy reclama su inocencia.

Esos antecedentes llevaron al presidente Iván Duque a advertir que “quienes se atribuyan responsabilidades y no las prueben estarán sujetos a sanciones drásticas y proporcionales por intentar obstruir la justicia (…) quien pretenda atribuirse un crimen de lesa humanidad y si se verifica, también debería, para no revictimizar a quienes han sufrido tanto dolor, estar primero con la actitud gallarda de salir de la representación política”.

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Bajo esa misma línea, pero con nombres propios, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, pidió evaluar si Gallo podía seguir en el Senado junto con Pablo Catatumbo, otro de los legisladores de la Farc, producto del acuerdo de paz, que salieron a aceptar la responsabilidad del magnicidio.

Pero el caso se ha movido más en el tablero judicial que en el político. La JEP aclaró de entrada que, desde que se recibió la carta de las Farc, la Sala de Reconocimiento asumió su estudio, según las normas que “le dan competencia prevalente y preferente sobre los hechos acaecidos en el marco y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, ocurridos antes del 1.º de diciembre de 2016”. Es claro que se creó para eso.

De hecho, ya llamó a versión a Carlos Antonio Lozada y a Rodrigo Londoño y le pidió a la Fiscalía información sobre el asesinato de Gómez Hurtado y de los otros cinco (no menos importantes) que las Farc se acaban de atribuir: los de Jesús Bejarano, Hernando Pizarro Leongómez, José Fedor Rey, el general Fernando Landazábal Reyes y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín.

Sin embargo, la puerta está abierta para que la Fiscalía siga avanzando mientras hay un pronunciamiento de fondo en esa jurisdicción. “El modelo lo que dispone es que la Fiscalía tiene el deber de seguir con las investigaciones hasta que la JEP lo indique”, explicó Patricia Linares, cabeza de la JEP. Pero es posible que pasen varias semanas para que eso suceda, si es que la JEP le da a esta investigación el mismo tratamiento que le ha aplicado a los demás, como el 003 o de ejecuciones extrajudiciales del Ejército. Han pasado varios meses sin que se profiera la resolución de conclusiones, entendiendo que los casos de reconstrucción de la verdad no son exprés en ningún lugar del mundo.

¿Qué saben Piedad y la mafia?

El caso Gómez lleva 25 años en la justicia ordinaria sin resultados.  Entretanto, el ente acusador ordenó abrir una nueva línea de investigación y llamó a ‘Carlos Lozada’ y a Rodrigo Londoño a rendir versión el 5 de noviembre. Además, recordó que si bien la Fiscalía no puede abrirles investigación a aforados constitucionales, sí los puede llamar a declarar.

También emplazó a la exsenadora Piedad Córdoba, quien se había retirado a sus cuarteles de invierno y luego salió a decir incluso que uno de los sicarios está vivo; y al exalcalde Luis Eduardo Garzón.

De manera paralela, se siguió adelante con la solicitud de pruebas y de testimonios. Dos de los que están pendientes son los de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali.

Piedad Córdoba

La exsenadora Piedad Córdoba también fue citada por la Fiscalía. Ella dice que solo habla ante la Comisión de la Verdad, que no tiene efectos penales.

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David Fernández / Archivo EFE

EL TIEMPO estableció que desde hace tiempo al menos uno de ellos hizo saber que estaba listo a hablar del magnicidio de Álvaro Gómez. Pero nadie lo fue a oír.

Igual sucedió con Ramón Quintero Navarro, alias RQ, capo extraditado. El interés del narco por hablar se conoció a través del exministro Andrés Felipe Arias, cuando ambos compartieron cárcel en Miami. ‘RQ’ también ofreció hablar en el caso contra Santiago Uribe Vélez, a quien se le está juzgando por conformación de grupos ‘paras’ y homicidio.

En la lista de pendientes también figura Guillermo Pallomari, contador del cartel de Cali, testigo protegido de Estados Unidos.

El expresidente Ernesto Samper se declaró una víctima del caso, pero dijo que mientras que las Farc prueban que fueron responsables del magnicidio, insistirá en “respetar” todas las hipótesis dentro del caso.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que Ángela María Buitrago –apoderada de Samper y de Serpa– envió un memorial a la fiscal delegada Elba Beatriz Silva, en el que advierte que “la JEP tiene competencia prevalente y exclusiva sobre los hechos del conflicto armado ocurridos antes del primero de diciembre de 2016, o estrechamente derivados del proceso de dejación de armas”.

Además, señala que, “para evitar nulidades futuras”, se le advierta a ‘Carlos Lozada’ si desea renunciar a la certificación jurada y declarar para ejercer el derecho de defensa y contradicción.

José Obdulio Gaviria

El senador José Ibdulio Gaviria, del Centro Democrático, ya declaro ante la Fiscalía.

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Archivo EL TIEMPO

Al respecto, fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que la citación a declarar está enmarcada en el principio de cooperación armónica entre JEP y Fiscalía, que cobija incluso inspecciones a documentos. Y recordó que en caso de que haya terceros vinculados en el caso, son resorte de la Fiscalía.

Otro de los efectos de la versión de las Farc sobre el caso Gómez Hurtado es el análisis del supuesto libro con las cartas de ‘Manuel Marulanda Vélez’, el desaparecido jefe de las Farc. En varios apartes se hablaría claramente del tema.

La mafia y el libro

“Sobre el ajusticiamiento de Gómez Hurtado, podemos hacer un intercambio de opiniones en el secretariado, para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en que momento oportuno podemos decirlo”, dice una de las cartas.

Y en esa misma se anota: “Lo de la muerte del señor de las ‘Repúblicas independientes’, creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber. Por ahora que hagan inteligencia a ver si descubren quién fue”.

(Puede leer: Revelaciones que trae el libro de 'tirofijo' en el que confesó asesinato de Gómez)

Declaración de Jodé Obdulio Gaviria

Declaración de José Obdulio Gaviria sobre el supuestolibro con las cartas de Iván Marulanda.

Foto:

EL TIEMPO

EL TIEMPO reveló que, en 2012, la Fiscalía le solicitó a la Policía hacer un cotejo entre las supuestas cartas de ‘Marulanda’ con los computadores y USB recuperadas tras el bombardeo al campamento del ‘Mono Jojoy’, quien supuestamente ordenó matar a Gómez Hurtado.

Pero el cotejo no arrojó resultados. Y cuando el fiscal del caso, Pablo Murcia, iba a revisar los computadores de ‘Alfonso Cano’ y de ‘Raúl Reyes’, tuvo un tema médico y luego salió del caso.

Pero alcanzó a escuchar en declaración a José Obdulio Gaviria, quien había hecho la primera referencia a ese libro en sus columnas en EL TIEMPO, el 17 de julio de 2012. Gaviria le dijo a la Fiscalía que el documento circuló en 1999 en la llamada zona de despeje del Caguán, pero nadie dijo nada.

“La circulación fue interna de las Farc. Ese fue el documento que me entregó en fotocopias el desmovilizado de las Farc. Son 1.103 páginas. Aparentemente es auténtico por el contenido y por la forma y se refiere a actividades criminales y a contactos políticos de las Farc de 1993 a 1998”, explicó.

En el libro se habla de nexos entre las Farc y la mafia de Cali. De hecho, aparece una supuesta carta de ‘Manuel Marulanda’, tres días después del crimen de Gómez, donde señala que ‘los caleños’ y su solicitud de que saque una declaración contra la extradición.

Para algunos, ahí confluiría la hipótesis de la mafia y la de las Farc, que habría sido la ejecutora del crimen.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

Por ahora, la JEP, la Fiscalía y el país esperan que el senador Gallo entregue evidencia de su autoincriminación y pruebas de que no está tratando de encubrir a alguien más, aprovechando los privilegios legales que le otorgó el proceso de paz.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA
u.investigativa@eltiempo.com
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