La poderosa portuguesa que dejó botadas obras por $900 mil millones

La poderosa portuguesa que dejó botadas obras por $900 mil millones

Los incumplimientos afectan a 100 mil niños. Mota Engil, salpicada por Odebrecht, se defiende.

Caso Mota Engil

Así están las obras de la sede C del colegio Fray Julio Tobón en Carmen de Viboral (Antioquia).

Foto:

Archivo Particular

Por: Unidad Investigativa
19 de septiembre 2019 , 08:42 p.m.

Los más 2.000 niños del colegio Fray Julio Tobón Betancur, en el Carmen de Viboral (Antioquia) –esa misma región en la que guerrilla y paramilitares dejaron una imborrable estela de sangre–, se quedarán esperando la ampliación de sus aulas.

Y a 230 kilómetros de allí, en Bahía Solano (Chocó) –donde la guerra es actual y el confinamiento por los combates golpea al menos a 300 personas–, la situación para los estudiantes del Luis López de Mesa es la misma: no verán el mejoramiento de sus salones.El hilo conductor en ambos casos, que tiene al Estado al borde de un pleito judicial, es la portuguesa Mota Engil.

Esta poderosa multinacional -mencionadas en las indagaciones del escándalo Odebrecht en Perú- acaba de notificarle al Ministerio de Educación que no seguirá adelante con esas y otras 246 megaobras de infraestructura educativa que se le adjudicaron desde 2016.

Según dice, no ha recibido los fondos que iban a irrigar las obras y que quedaron establecidos en tres contratos marco. Además, asegura que han actuado en todo momento apegados a la ley y que fue el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) -vinculado al Ministerio de Educación- el que dio por terminadas de manera anticipada las obras. 

De hecho, este jueves sus voceros citaron a una rueda de prensa en la que explicarán el caso, que ya fue ventilado en el Congreso y llevado a la Fiscalía.

De los 248 proyectos que se comprometió a entregar –avaluados en casi 900.000 millones de pesos (de los que ha cobrado unos 150.000)–, solo terminó 17.

El rastro del incumplimiento también está por el Eje Cafetero y la costa Caribe, e impacta sobre más de 100.000 niños en todo el país.

Pero todo no para ahí. EL TIEMPO tiene en su poder documentos confidenciales del Ministerio de Educación y de la Contraloría que evidencian un panorama de crisis mucho mayor y que ya prendió todas las alarmas hasta a la Casa de Nariño.

En el dossier –que está siendo verificado por la Fiscalía– se establece que de 30.680 aulas que se tenían para intervenir entre 2016 y 2018, se priorizaron 12.582. Pero solo se terminaron 2.193, lo que equivale al 7 por ciento.

Concentración de contratos

Y de todo ese global que está en veremos, el 46 por ciento lo tenía Mota Engil. Otro tanto, el 3 por ciento, le quedó a Germán Mora Insuasti; y un 13 por ciento adicional le fue adjudicado a Unión Temporal MEN. Todos tienen retrasos.

“Como se observa, una de las causas que afectó la normal ejecución de los proyectos de infraestructura educativa fue la concentración de los acuerdos de obra en tres firmas contratistas, que infortunadamente empezaron a replicar los incumplimientos en prácticamente la totalidad de los acuerdos asignados”, dice el Ministerio de Educación en uno de los documentos.

Obras Colegio

Ministerio de Educación evalúa llevar el caso a tribunales por el supuesto abandono de las obras.

Foto:

Archivo Particular

Aunque Mora Insuasti cedió las obras a su cargo, y con la Unión Temporal MEN se está en ese proceso –aceptando parte de la responsabilidad–, para la portuguesa Mota Engil la culpa es del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).

“Debido a los incumplimientos que se han venido presentado por parte del (FFIE) con respecto de las obligaciones establecidas en los tres contratos marco de obra que Mota Engil tenía suscritos para la construcción de colegios en el país, la compañía no podrá continuar con su ejecución”, notificó en una carta del pasado 10 de septiembre.

El Gobierno de Iván Duque afirma que de los 3,1 billones destinados para todo el proyecto –diseñado durante el paso de Gina Parody por el Ministerio para ampliar la jornada escolar–, se desembolsaron 998.000 millones, por lo que hay en una fiducia 2,2 billones. La razón es que solo se paga por obra terminada.

Sin embargo, agrega que se está diseñando una contingencia jurídica para comenzar a recuperar lo que se pagó por las obras abandonadas o inconclusas, y que su reasignación tendrá que ser calculada con precios del 2020. Esto se traduce en un sobrecosto adicional, según el propio Gobierno, de al menos 100.000 millones de pesos.

Es por todo esto que el presidente Duque advirtió esta semana en una emisora regional que “personalmente creo que ahí hay irregularidades, hay cosas que son inadmisibles y por eso se han pedido las investigaciones del caso, y las exigencias para que se terminen las obras (…). Nuestra meta es que si estas empresas no van a cumplir, se buscarán nuevos ejecutores”.

De hecho, en esta misma vía camina la Contraloría. Su titular, Felipe Córdoba, instruyó a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción a que indague el tema, que es calificado como “de impacto nacional”.

Como Mora Insuasti y Unión Temporal MEN ya están en proceso de cesión, lo que no los exígeme de las responsabilidades a que haya lugar, todas las alarmas caen sobre Mota Engil.

De hecho, el senador Jorge Enrique Robledo ha dicho que, en 2015, Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, estuvo en el Ministerio de Educación.

Asegura que fue seis meses antes de la adjudicación de las obras de infraestructura educativa y que, por lo tanto, su objetivo pudo haber sido hacer lobby en favor de los portugueses, sus antiguos conocidos. Pero esto lo negó la firma en su momento.

El ‘puente’ con Odebrecht

¿Quiénes son sus cabezas?, ¿cuáles son sus antecedentes?, ¿por qué acumularon tanto poder contractual?, ¿qué evidencia hay en su contra?, ¿cuál es su nexo con el escándalo de Odebrecht?

EL TIEMPO investigó y estableció que la firma portuguesa hace presencia en 7 países latinoamericanos, al igual que en Europa y África. A Colombia arribó en el 2011 y para el 2019 –según documentos oficiales– reportó un activo total de 210.558 millones de pesos.

Sus representantes legales son los portugueses Pedro Jorge da Costa Ferreira Teixeira y Paulo Miguel de Castro Ferreira Medeiros, dos personajes que se mueven muy bien en altos círculos sociales y que ya tienen expedientes abiertos.

En efecto, desde 2018 la Fiscalía ha recibido denuncias de contratistas que los señalan con nombre propio, como cabeza de Mota Engil, por incumplimientos en el pago de anticipos de obra que derivaron en pérdidas. Construcciones DUD, uno de ellos, los responsabilizó en junio de ese año de un descalabro de 4.000 millones de pesos por con un contrato con Ecopetrol.

Este caso hace referencia a obras sobre la vía Yuma, para conectar a Barrancabermeja con la Ruta del Sol, que se tuvo que suspender por el incumplimiento de Mota Engil.

Y cinco meses después de que la Fiscalía recibiera esa denuncia, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le adjudicó al Consorcio EE Canoas, conformado por Mota Engil y Constructora Brasil S.A, las obras de la estación Elevadora Canoas que tienen como fin el saneamiento de las aguas del río Bogotá. La obra cuesta 352.000 millones.

En paralelo, en Perú, la filial en ese país de Mota Engil comenzó a figurar en los expedientes por Odebrecht. Y hace solo un par de meses la justicia de ese país ya confirmó que está vinculada con el llamado Club de la Construcción, un grupo de 31 empresas que se aliaron para apoderarse –a través de sobornos y acuerdos ocultos– de la contratación vial.

“Son empresarios que habían participado en actos de concertación con las autoridades del sector de transportes”, le dijo a EL TIEMPO el fiscal jefe de las investigaciones de Odebrecht en Perú, José Domingo Pérez, sobre el expediente que enreda a Mota Engil.

Además, también en Perú, perdió en un tribunal arbitral un proceso por el que pedía 2 millones de dólares por supuestos perjuicios tras la suspensión de una obra vial en los alrededores de Lima. Y en Paraguay tiene otro expediente por el abandono del proyecto metrobús de Asunción.

Por todo este expediente es que Julián Peinado, representante del Partido Liberal, citó a un debate de control político al Gobierno Duque y a su ministra de Educación, María Victoria Angulo, durante el cual les exigió que se declare la emergencia social y económica en materia educativa. Dice que así se evitaría en Colombia “un estrago económico mayor al que ya se evidencia y que Mota Engil ha causado en otros países como Perú y Paraguay”.

EL TIEMPO estableció que en pocos días los organismos de control se pronunciarán de fondo sobre este tema, que ya varios sectores no dudan en calificar como ‘el Odebrecht de la educación’.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com@Uinvestigativa

Descarga la app El Tiempo

Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias.

Conócela acá
Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.